La Justicia archiva la causa de los rellenos de Gibraltar y deja su reapertura en manos del Gobierno

El juzgado de La Línea de la Concepción (Cádiz) que investiga la ocupación de aguas españolas por parte de Gibraltar ha archivado de forma provisional la denuncia por delitos ambientales en los rellenos realizados en la cara este del Peñón. El auto señala que el proceso ha llegado a un «punto muerto» porque el Gobierno colonial no permite investigar la zona marítima afectada.

El archivo no es definitivo y permite reabrir el procedimiento si se obtienen indicios suficientes o se identifica a los responsables. Por tanto, la decisión judicial desplaza ahora la responsabilidad de impulsar nuevas diligencias hacia la Fiscalía y el Gobierno de España.

La causa nació de una denuncia presentada por la Fiscalía de Algeciras en mayo de 2025, después de recibir la documentación remitida por Verdemar-Ecologistas en Acción a la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público pidió investigar si los rellenos realizados con piedras, escombros y otros materiales podían constituir delitos contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales.

La investigación afectaba a un área declarada en 2012 Zona de Especial Conservación Estrecho Oriental, considerada un lugar de importancia comunitaria e incluida dentro de la red Natura 2000 de la Unión Europea. La Fiscalía pretendía esclarecer si las obras ejecutadas para ampliar la superficie de Gibraltar habían provocado daños ambientales en este espacio marino protegido y determinar posibles responsabilidades penales.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de La Línea de la Concepción acordó inicialmente el sobreseimiento provisional el pasado enero. No obstante, el pasado 28 de julio dictó un nuevo auto para incorporar un párrafo que había quedado fuera de la resolución por un «error personal e informático» y que el juez consideraba «imprescindible añadir».

En ese auto, el magistrado concluye que «no existen indicios de que se haya cometido ningún hecho que sea constitutivo del delito denunciado» o «al menos no un delito especificado e individualizado». La resolución también se apoya en un informe de la Guardia Civil sobre la cantera La Utrera, utilizada para obtener materiales destinados a los rellenos, donde se señala que «todo es legal y regular».

El problema central de la investigación, sin embargo, no se encuentra en tierra, sino en el mar. La Guardia Civil ha comunicado al juzgado «la imposibilidad de investigar la zona marítima en las que se realizan las obras por no permitirlo las autoridades de Gibraltar», una circunstancia que, según el auto, ha impedido avanzar en la obtención de pruebas sobre los posibles efectos de los rellenos.

El juez considera que esa situación ha llevado la causa a un «punto muerto, no por motivos procesales ni judiciales, sino por motivos diplomáticos». La expresión resume el principal obstáculo del procedimiento: las autoridades españolas no han podido desarrollar las actuaciones de investigación necesarias en el área donde se ejecutan las obras, pese a que se trata de una zona cuya protección ambiental forma parte del objeto de la denuncia.

La Fiscalía había solicitado que el juzgado requiriera al Instituto Oceanográfico la elaboración de un informe y autorizara el «auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la zona de especial conservación». El magistrado responde que no es necesaria una petición del tribunal, ya que la Fiscalía «puede acordar las diligencias preprocesales necesarias» y ordenar a la Policía Judicial las actuaciones correspondientes.

Esa posibilidad es ahora la principal vía para una eventual reapertura del caso. Al tratarse de un sobreseimiento provisional y no de un archivo libre, el procedimiento puede recuperarse si aparecen nuevas pruebas o se logra concretar la existencia de un delito y la identidad de sus responsables. La Justicia da carpetazo por ahora, pero deja la siguiente iniciativa en manos de quienes pueden impulsar nuevas diligencias.

Verdemar ha reaccionado reclamando una mayor implicación de las administraciones públicas. La organización considera que «las administraciones competentes deberían asumir un papel mucho más activo en la investigación y protección» de este espacio. También insiste en que la tarea de promover una investigación judicial «no debería recaer únicamente sobre una asociación ecologista« que »trabaja fundamentalmente con voluntarios y que se sostiene con las cuotas de sus socios».

«Los rellenos de Eastside o Marina Este afectan a un espacio marino de especial protección y, para Verdemar, la imposibilidad de investigar desde España lo que está ocurriendo al otro lado de la frontera no puede convertirse en un obstáculo permanente para conocer qué está sucediendo en el medio marino», sostiene la organización en una nota difundida este lunes.

10 héctareas en 30 años

Según los datos de Verdemar, Gibraltar ha ganado alrededor de diez hectáreas al mar durante los últimos 30 años. La denuncia que dio origen a este procedimiento se produjo tras los rellenos vinculados al proyecto urbanístico Eastside, que contempla un hotel, más de 1.300 viviendas y un puerto deportivo, entre otras infraestructuras, sobre una superficie de más de 300.000 metros cuadrados ganada al mar.

El contexto resulta especialmente significativo después del acuerdo alcanzado sobre Gibraltar tras el Brexit, que permitió avanzar hacia la retirada de la frontera a finales de julio, fecha en la que también quedó firmado el auto de corrección del archivo provisional. La decisión judicial permite, por ahora, evitar un nuevo frente de confrontación.

El telón de fondo, sin embargo, apunta a que la expansión de Gibraltar sobre el mar continuará. El Gobierno colonial ya ha anunciado nuevos rellenos en la cara oeste del Peñón para construir 2.300 viviendas protegidas sobre una pastilla de 47.000 metros cuadrados ganada al mar. El proyecto se situará junto al puerto, en una zona distinta de la afectada por el desarrollo de Eastside.

El ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, ha defendido esa política de expansión con una referencia a la tradición urbanística del territorio: «Gibraltar siempre ha crecido creando la tierra que su gente necesita, y cada generación de gibraltareños que se ha beneficiado de una vivienda asequible lo ha hecho porque una generación anterior estuvo dispuesta a construir».