Cádiz  El procesamiento de cinco ex altos cargos del PSOE reabre las heridas del cierre de Delphi en Puerto Real

El cierre de la fábrica de Delphi en Puerto Real no solo supuso la desaparición de uno de los principales motores industriales de la Bahía de Cádiz. Fue también el comienzo de una larga historia de compromisos políticos, planes de recolocación, subvenciones millonarias y expectativas frustradas que, casi dos décadas después, continúa teniendo consecuencias judiciales.

La salida de la multinacional estadounidense dejó a unos 1.600 trabajadores sin empleo y abrió una crisis laboral que la Junta de Andalucía trató de amortiguar con ayudas económicas y promesas de recolocación. Sin embargo, aquella respuesta institucional terminó convirtiéndose en una operación sin expedientes, autorizaciones ni fiscalización que permitió desviar 1,8 millones de euros públicos a través de la Faffe.

El llamado caso Delphi comenzó a tomar forma en 2014, cuando la juez Mercedes Alaya empezó a reclamar documentación sobre las ayudas concedidas a la empresa y a su industria auxiliar. Las pesquisas dieron lugar a distintas piezas separadas para esclarecer el destino de los fondos. Una de esas líneas de investigación es la que ahora ha desembocado en el procesamiento de cinco ex altos cargos del PSOE en la Junta.

La magistrada Pilar Ordóñez, titular de la plaza número 10 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, ha dado por concluida la investigación del caso Delphi y ha dejado a un paso del banquillo a Martín Soler Márquez, exconsejero de Innovación y expresidente de la Agencia IDEA, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En la misma situación judicial se encuentran su antiguo viceconsejero, Jesús María Rodríguez Román; el ex director general de IDEA Jacinto Cañete Rolloso; el antiguo director financiero Antonio Diz-Lois Ruiz, y Fernando Villén Rueda, ex director general de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Este último ya fue condenado a cinco años de prisión por gastar 32.556 euros públicos en prostíbulos con tarjetas de la entidad.

Pero para entender la dimensión de este escándalo hay que regresar a febrero de 2007, cuando Delphi anunció el cierre de su planta de Puerto Real. La decisión de la multinacional estadounidense supuso un golpe demoledor para una comarca que llevaba décadas vinculando buena parte de su actividad económica a la industria auxiliar del automóvil. No solo desaparecía una empresa, sino que se tambaleaba todo un entramado de proveedores, talleres y empleos indirectos que sostenía a miles de familias.

La factoría era uno de los grandes referentes industriales de la Bahía de Cádiz. Su actividad estaba especializada en la fabricación de componentes para el automóvil y su desaparición agravó una situación laboral ya complicada en una provincia castigada históricamente por el desempleo. Los trabajadores protagonizaron entonces movilizaciones y protestas para defender sus puestos de trabajo. La incertidumbre se extendía igualmente entre las empresas auxiliares y los municipios dependientes de aquella actividad industrial.

La Junta de Andalucía, presidida entonces por Manuel Chaves, intervino para contener el conflicto y firmó el 4 de julio de 2007 un protocolo con Comisiones Obreras, UGT, CGT y USO. El acuerdo contemplaba compromisos económicos, laborales y formativos para los afectados. La Administración autonómica asumía así un papel protagonista en la búsqueda de alternativas y en la promesa de que el cierre no terminaría convirtiéndose en una condena definitiva para los trabajadores.

El plan pasaba por atraer nuevas empresas a los terrenos de la antigua factoría, impulsar proyectos industriales y facilitar la formación necesaria para que los extrabajadores pudieran incorporarse a otras actividades. Se habló de recolocaciones, inversiones y de una nueva etapa productiva para Puerto Real. Durante meses, los anuncios institucionales alimentaron la esperanza de que la pérdida de Delphi sería únicamente un episodio transitorio y que la Bahía conseguiría recuperar buena parte del empleo destruido.

Expectativas frustradas

La realidad terminó discurriendo por otro camino. Los proyectos empresariales anunciados no se materializaron en la dimensión prometida; las recolocaciones quedaron muy lejos de las expectativas iniciales, y numerosos trabajadores comprobaron que los cursos de formación no garantizaban una salida laboral. La reconversión industrial anunciada nunca llegó a compensar el impacto del cierre. Para muchas familias, las ayudas y los programas públicos fueron un alivio temporal, pero no una solución al problema de fondo.

La frustración fue especialmente profunda porque el compromiso institucional había generado expectativas muy concretas. Los extrabajadores no reclamaban únicamente prestaciones económicas, sino que también esperaban recuperar una ocupación estable y un horizonte profesional después de haber perdido sus puestos en una de las principales industrias de la provincia. La promesa de una alternativa industrial para Puerto Real acabó convirtiéndose en un símbolo de las dificultades de Cádiz para sustituir el empleo industrial que desaparecía.

A aquella decepción se añadió, además, la gestión de los fondos destinados a paliar las consecuencias del cierre. La investigación judicial sostiene que 1,8 millones de euros fueron desviados a través de la Faffe. Su posterior extinción e integración en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) permitió recuperar 295.583,38 euros. No obstante, la instructora cifra aún en 1.528.028,28 euros el perjuicio actual para las arcas de la Junta de Andalucía.

Al final, Delphi terminó convirtiéndose en mucho más que una fábrica cerrada. Su desaparición en 2007 dejó una herida en la Bahía de Cádiz que las promesas políticas no consiguieron cerrar y cuya última página todavía está por escribirse en los juzgados.