La herencia del PSOE de la 'pequeña Malaya' frena la construcción de 6.500 viviendas en Estepona

El caso Astapa fue una trama de corrupción urbanística que estalló en Estepona durante el año 2008 y que, tras casi dos décadas en los juzgados, se resolvió con 31 absueltos, condenas mínimas y sin un solo día de cárcel para los responsables. Sin embargo, más allá del desenlace judicial, sus efectos todavía condicionan el desarrollo de la ciudad malagueña.

El Ayuntamiento de Estepona ha puesto sobre la mesa unas cifras que reflejan el alcance de la herencia urbanística del PSOE de la 'pequeña Malaya', como también se conoció el escándalo de Astapa por su cercanía en el tiempo con la famosa trama en Marbella. Resulta que 5.089 viviendas privadas y 1.527 de protección oficial siguen bloqueadas por decisiones de aquellos años de corruptelas socialistas.

El actual equipo de gobierno (PP) ha identificado hasta 13 planes parciales aprobados entre los años 2005 y 2007, bajo mandato del PSOE, que esquivaron la obligación legal de reservar suelo para VPO. Durante el pleno municipal celebrado este jueves, la teniente de alcalde de Fomento, Infraestructuras y Turismo, Ana Velasco, denunció que los responsables socialistas aprobaron «en un tiempo récord» esos planes parciales para favorecer a promotores privados.

Esa celeridad permitió aprovechar una disposición transitoria de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que en la práctica libraba a los constructores de reservar el 30 % de edificabilidad para VPO. Aun así, pese a la irregularidad política del procedimiento, la ley obliga a continuar con la tramitación de esos expedientes urbanísticos. «Es otro problema más que heredamos de la época socialista», señaló Velasco.

La ausencia de esas reservas de suelo supone un losa para la planificación urbana en un momento en que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos de los municipios de la Costa del Sol. La demanda de vivienda asequible crece, pero la ciudad arrastra todavía los efectos de lo que Velasco calificó como «otro lastre urbanístico» derivado de las decisiones socialistas.

El actual Gobierno municipal, liderado por el alcalde José María García Urbano, ha marcado distancias con esta política urbanística. La responsable de Fomento recordó que no han aprobado ningún plan parcial en suelo residencial desde su llegada, aunque se comprometen a aplicar el 30 % de reserva de VPO en todas las promociones futuras.

Además, el Ayuntamiento ha impulsado proyectos propios en suelo municipal para cubrir parte de la necesidad de vivienda. En este sentido, Velasco puso como ejemplo la promoción de 110 VPO en el sector de Juan Benítez, ya en marcha, y otra en desarrollo en el Camino de Cortes.

El Gobierno local también ha puesto en marcha medidas para lanzar nuevas promociones de VPO, entre ellas la posibilidad de destinar parcelas de equipamiento público a este fin. La iniciativa busca ampliar la oferta de alquiler asequible y se apoya en el reciente decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda de la Junta de Andalucía, que autoriza a levantar viviendas públicas en suelos de equipamientos siempre que no estén reservados para uso sanitario o educativo.

Para el equipo de gobierno, esta herramienta abre una vía para compensar, al menos en parte, el vacío de VPO que dejaron los planes socialistas entre 2005 y 2007. Un déficit que se traduce en más de 1.500 viviendas de protección oficial que nunca se levantaron y en la frustrada reserva legal dentro de los desarrollos residenciales.