Un centro de menores atemoriza a todo un barrio de Málaga tras un motín: «No sabes lo que puede pasar»

El miedo y la indignación han vuelto a la Urbanización El Olivar en Churriana. Tras un nuevo altercado en el Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI), los vecinos claman por un «cierre cautelar» inmediato. El pasado viernes, dos internos de 16 y 18 años rompieron una reja y protagonizaron un motín, lo que terminó con su detención y ha reavivado las protestas.

«Esta es la consecuencia de lo que venimos denunciando desde hace casi un año», afirma Alejandro Vedia, presidente de la comunidad de vecinos, con evidente frustración. Relata que el conflicto empezó por la comida y escaló cuando los jóvenes, aislados en su habitación, rompieron una ventana. «El centro tiene muchas ventanas con cristales, las pueden romper y convertirlas en armas», reflexiona con incredulidad.

«No sabes lo que puede pasar»

Los vecinos no solo temen por su seguridad, sino que denuncian carencias graves en la infraestructura. Vedia señala la falta de un vallado perimetral completo y medidas contra incendios inadecuadas en un edificio de 1972. «No se sabe lo que pasa ahí dentro con las puertas cerradas», alerta. La sensación de vulnerabilidad es constante en esta zona residencial.

Rafael Olmo, otro residente, vivió una situación «muy desagradable» rodeado de coches patrulla. «Para ellos debe ser fácil escapar con solo saltar. No sabes lo que puede pasar», comenta. Los vecinos sienten que su tranquilidad se ha roto desde que el centro abrió en junio, privándoles incluso del uso normal de jardines y piscinas por la inquietud.

Lucía Ortiz recuerda el suceso «con miedo», especialmente tras ver un vídeo donde se apreciaba la facilidad para romper las rejas. También le preocupa la lentitud de la respuesta policial. Los residentes insisten en que el antiguo convento no es un lugar idóneo para este servicio y critican que se concedieran los permisos.

Vox pide su «cierre inmediato»

La posición de los vecinos ha encontrado eco en formaciones políticas. Vox ha manifestado su apoyo firme a las reclamaciones del barrio. Francisco Javier Ortega, diputado autonómico, ha cargado contra la Junta: «Es una irresponsabilidad mantener abierto un centro con tantas deficiencias, poniendo en riesgo a los vecinos y a los propios menores». Su portavoz en Málaga, María Luisa Escabias, exige «transparencia y un plan de cierre inmediato».

Desde la Junta de Andalucía, propietaria y gestora del centro, se ha rechazado hacer declaraciones sobre este último incidente o sobre la propia gestión del CIMI.

Como solución, los residentes proponen un cambio de ubicación. Sugieren instalaciones más apropiadas, como el antiguo CIMI de Torremolinos, que es más grande y tiene mejores instalaciones. «No tenemos nada contra los menores, pero podrían estar en un sitio donde estén bien», concluye Giles.