La ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto al el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo
Málaga
La Audiencia de Málaga saca los colores a Igualdad por pulseras antimaltrato con «errores de geolocalización»
La presidenta de la Audiencia malagueña advierte de que los errores están provocando una «tensión e intranquilidad continua» en las víctima
Los problemas técnicos del sistema de pulseras antimaltrato continúan un año después de que saltaran las primeras alarmas sobre su funcionamiento. Los errores de geolocalización y las falsas alertas siguen generando incidencias en el control de las órdenes de alejamiento, según ha advertido la Audiencia de Málaga, que reclama al Ministerio de Igualdad más medios para el servicio encargado de supervisar estos dispositivos.
En un escrito con fecha del pasado 5 de julio y remitido tanto al Ministerio Igualdad como al Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la presidenta de la Audiencia de Málaga, Lourdes García Ortiz, afirma que «siguen produciéndose errores de localización tanto de víctimas como de investigados». El documento, adelantado por ABC, describe ubicaciones incompatibles y alertas geográficas que no se corresponden con la realidad.
Las anomalías afectan al funcionamiento del Centro Cometa, encargado de monitorizar el cumplimiento de las órdenes judiciales de alejamiento mediante dispositivos telemáticos. La Audiencia de Málaga advierte de que los errores están provocando una «tensión e intranquilidad continua» y señala que, en determinados casos, ha sido necesario cambiar los dispositivos por problemas técnicos.
En el escrito se concretan algunas de las incidencias detectadas por los juzgados, tales como «errores de localización tanto de víctimas como de investigados, inclusive ubicaciones en lugares diferentes en el mismo espacio de tiempo, así como ubicaciones no exactas ni acordes a la realidad según se infiere de las pruebas que se aportan en los procedimientos judiciales».
García Ortiz reclama por ello «una ampliación urgente de la plantilla» de los técnicos encargados de instalar y controlar los dispositivos. A su juicio, los efectivos actuales resultan «insuficiente» para atender «el elevado número de medidas que se decretan a nivel provincial». El servicio, no obstante, se desarrolla en el marco de un sistema de protección utilizado en todo el territorio nacional.
La problemática ya fue abordada el pasado 23 de abril en la Comisión de Coordinación contra la Violencia de Género de la Audiencia de Málaga. En aquella reunión, representantes de la judicatura, Fiscalía, fuerzas policiales y distintas administraciones señalaron «la necesidad de solucionar los problemas de funcionamiento» de los dispositivos ante la existencia de «grandes disfuncionalidades». El órgano acordó trasladar estas preocupaciones al Ministerio de Igualdad y al CGPJ.
La reclamación de la Audiencia de Málaga se produce igualmente después de que la propia Fiscalía haya vuelto a señalar deficiencias del sistema. En su memoria correspondiente a 2025, el Ministerio Público menciona la persistencia de falsas alarmas y fallos de señal en determinadas zonas geográficas, aunque también reconoce un «avance significativo» en la resolución de incidencias.
La cuestión provocó una fuerte controversia el pasado 2025, cuando se conocieron problemas relacionados con la transición entre los proveedores encargados del servicio. Igualdad explicó entonces que durante el cambio de proveedor se produjeron fallos en el volcado de datos que afectaron al seguimiento de los dispositivos.
La Fiscalía General del Estado había advertido previamente, en su memoria de 2024, de una «potencial desprotección de las víctimas». En septiembre de 2025, hace ahora un año, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, rechazó las críticas y aseguró que los brazaletes «han funcionado en todo momento, no hay fallo», atribuyendo parte de las acusaciones a un «bulo».
La situación alcanzó un punto especialmente crítico en noviembre del año pasado, cuando un fallo dejó sin geolocalización activa durante unas 12 horas a unas 4.500 mujeres. El Ministerio activó entonces protocolos de seguridad de emergencia junto con las fuerzas policiales.
La Audiencia de Málaga reclama ahora mejorar también la comunicación entre Cometa y los juzgados. En concreto, pide recibir de forma puntual información sobre «las incidencias en los cumplimientos de las prohibiciones de aproximación y comunicación con colocación de dispositivo de control telemático» y los protocolos aplicados para «la localización tanto de la víctima como del investigado ante los posibles quebrantamientos de la orden».
