El juzgado de Sevilla amplía seis meses la investigación de los pozos ilegales de la Casa de Alba en Doñana

El Juzgado de Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor ha acordado prorrogar durante seis meses la investigación judicial en torno a la finca Aljóbar, en Aznalcázar (Sevilla), propiedad de la Casa de Alba y gestionada por la sociedad Eurotécnica Agraria. La causa, centrada en la existencia de hasta nueve pozos presuntamente no autorizados, se prorroga hasta el 8 de septiembre a la espera de informes clave de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

La decisión judicial, adoptada el pasado 8 de abril y conocida esta semana, responde a una solicitud expresa de la Fiscalía, que también ha pedido que se cite como investigados a varios miembros del Consejo de Administración de Eurotécnica Agraria, entre ellos los hermanos Cayetano, Eugenia, Fernando José y Luis Martínez de Irujo. El objetivo es determinar el alcance del posible delito ambiental por la extracción de agua sin autorización.

El juzgado considera fundamental conocer con precisión los daños causados al entorno, potenciales o consumados, para poder avanzar en las diligencias. Por ello, ha solicitado un informe técnico a la CHG que detalle el posible impacto ecológico de las captaciones ilegales, incluyendo si existen o no expedientes sancionadores abiertos contra los responsables de la finca. Hasta que dicho informe sea recibido, no se autorizarán las nuevas diligencias reclamadas por el Ministerio Público.

Según el último escrito de la Fiscalía, la investigación gira en torno a una posible «extracción sistemática y de carácter industrial» de agua en una superficie muy extensa durante años, lo que habría supuesto un «grave perjuicio» para el medio ambiente, en especial para el delicado equilibrio del entorno de Doñana. Estas actividades podrían constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, según señala el auto.

Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, nieto de la Duquesa de Alba y actual representante legal de Eurotécnica Agraria, ya declaró como investigado el pasado 20 de febrero. Aseguró entonces que desconocía la ilegalidad de los pozos y que inició su regularización tras recibir una denuncia de la CHG en 2023. También indicó que heredó la finca en 2016, coincidiendo con la finalización de una gran balsa de agua, y que no está implicado directamente en su gestión agrícola.

Precinto de los pozos

En el auto inicial de la investigación, fechado el 31 de enero, el juzgado ordenó el precinto de los pozos y la retirada de las bombas utilizadas para extraer agua del acuífero del Guadalquivir. Además, advirtió de las consecuencias legales por desobedecer esta orden judicial, incluyendo la posible comisión de un delito de desobediencia a la autoridad si se reanudaran las extracciones sin autorización.

La empresa Eurotécnica Agraria, por su parte, ha negado cualquier irregularidad. En un comunicado emitido en octubre de 2023, la sociedad aseguró que la extracción de agua en la finca «nunca ha superado el volumen máximo autorizado por la CHG» y desligó a Eugenia Martínez de Irujo de cualquier implicación en la gestión. Añadieron que es Luis Martínez de Irujo quien está al frente de la administración de la explotación agrícola.

El juzgado, sin embargo, considera que los hechos investigados podrían haber causado un daño sustancial al medio ambiente, con posibles efectos sobre el Parque Nacional de Doñana. Entre los impactos señalados se encuentra la sobreexplotación del acuífero, el descenso del nivel piezométrico, la salinización de las aguas subterráneas y la compactación del suelo, factores que podrían afectar gravemente a la biodiversidad de la zona, especialmente a su avifauna.