Las pruebas de que el suegro de Sánchez utilizó irregularmente una licencia de peluquería para dar cabida a la prostitución masculina

No era una sauna ni un salón de belleza ni una peluquería. Pero actuó ocho años ilegalmente bajo un intento de lograr esa licencia, que encima fue denegada: en realidad era uno de los prostíbulos del suegro de Pedro Sánchez, quizá el más polémico porque se instaló en un inmueble público de Muface y se ejerció en él la explotación sexual masculina. Por primera vez un medio de comunicación demuestra todo ello con documentos oficiales.

El Ayuntamiento de Madrid ordenó la clausura de la sauna Adán, en manos de la familia política de Pedro Sánchez en, al menos, dos ocasiones a principios de los años ochenta por carecer de la licencia oportuna, ya que no consiguió la autorización de la actividad hasta 1989, por lo que estuvo ocho años en situación irregular. Comenzó su actividad como «salón de belleza, sauna y peluquería» para transformarse en un ‘gimnasio-sauna’, aunque la Policía denunció que en este local público, propiedad de Muface, se ejercía la prostitución masculina.

Así consta en la voluminosa cantidad de documentación a la que ha accedido El Debate, después de que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, presidido por el catedrático de Derecho Procesal de la UCM, Jesús María González García, haya emitido una resolución por la que ampara la investigación de este periódico y ordena al Ayuntamiento de Madrid remitir las licencias de actividad, funcionamiento, obras y así como las declaraciones responsables relativas al ático de la calle San Bernardo, 38.

Sin embargo, debido a que tanto el ático como la sauna, esta última ubicada en el sótano y plantas baja y primera, están al nombre del padre de Begoña Gómez, el Ayuntamiento solo ha remitido los expedientes del local, pese al mandato recibido. Este periódico se ha puesto en contacto con el consistorio madrileño para solicitar aclaraciones al respecto y está a la espera de que informe si existen más documentos del citado ático.

Según las fuentes jurídicas que asisten a este periódico en su labor investigadora, «de una interpretación literal se concluye que sobre el famoso ático en el que han tenido lugar diversos cambios de uso y actividades, así como incluso la aparente construcción de 3 apartamentos, actuaciones sobre las que Muface ya ha manifestado no tener conocimiento, la resolución del Ayuntamiento de Madrid implica que no obra rastro alguno en el expediente de un contrato aún en vigor y que parece arrojar importantes beneficios para el arrendatario, que no le ha comunicado los usos, actividades y obras realizadas», concluye Julio R. Naranjo, socio director general de la firma ITCD.

El dosier en poder de este periódico pone en evidencia cómo Sabiniano Gómez, que firmó el contrato de arrendamiento el 19 de junio de 1980, mantuvo abierto su negocio sin tener la documentación en regla, tal y como acredita pues una denuncia interpuesta por la Policía Municipal el 23 de enero de 1984 contra él por «ejercer sin licencia la actividad de bar-pub (instalación de barra con cámaras y una máquina de hielo) así como pantalla y uso de vídeo», en el local de la calle San Bernardo, 38.

En su lugar, el padre de Begoña Gómez había aportado una autorización provisional para «el ejercicio de la actividad salón belleza, sauna y peluquería».

Una actividad que tenía muy poco que ver con la que se allí se realizaba en realidad: la explotación sexual, sobre todo masculina, tal y como ha quedado acreditado en abundantes testimonios de «empleados» y proveedores de uno de los negocios que pudieron financiar los inicios de la carrera política en el PSOE del propio Pedro Sánchez.

Algo que el aludido no fue capaz de desmentir cuando, en la Comisión de Investigación del Caso Koldo, el senador Alejo Miranda le interrogó expresamente sobre ese punto en las Primarias socialistas de 2017 y fue incapaz de negarlo: «He sido claro en esta cuestión; que mi suegro, que en paz descanse, pudiera o no donar como particular no es algo de lo que tenga información, señoría y no puedo responderle».

Lo cierto es que en ese local llegó a registrarse hasta una muerte, tal y como desvela el periodista Alejandro Entrambasaguas en su reciente libro La sagrada familia: «En 1984, el local fue escenario de una muerte terrible. Un hombre recibió una descarga que lo mató en el acto al tocar una caja de conexiones mal cerrada. El Tribunal Supremo ratificó la responsabilidad civil subsidiaria de Sabiniano Gómez».

Por todos aquellos trucos administrativos, el Ayuntamiento, dirigido entonces por Enrique Tierno Galván, solicitó a Gómez que regularizase la situación, «debiendo suspender el ejercicio de la actividad en tanto no legalice la misma», advirtiendo en otro caso de la sanción oportuna. Este requerimiento se realizó en varias ocasiones a lo largo de 1984 y 1985 hasta que por fin, en junio de 1985, el suegro de Sánchez explica que dispone de licencia desde 1983.

Sin embargo, el Ayuntamiento, tras consultar los archivos, constata que la licencia jamás fue aprobada y desestima el recurso aportado por Gómez, aunque éste, ya en febrero de 1986 y con Juan Barranco al frente del Consistorio, argumenta que jamás recibió la resolución final, procediendo a solicitar una nueva licencia en diciembre de 1985 como bar-pub, que también fue archivada, lo que derivó en la propuesta de clausura del local para el 17 de abril de 1986.

Para evitar el cierre, Sabiniano Gómez remitió un nuevo escrito al Ayuntamiento en el que insistía en que en diciembre de 1985 había iniciado los trámites pertinentes, que la «clausura de la actividad supondría un grave perjuicio para el personal» que iría al paro y que no había «obrado de mala fe y sí, en todo caso, con negligencia no dolosa», ya que no se «ha causado o lesionado ni el interés público ni el privado», pese a que la actividad se estaba desarrollando en un edificio propiedad de Muface y, por tanto, de propiedad pública. Además, añadía varios documentos técnicos como el proyecto, las obras a realizar y el presupuesto de la maquinaría que incorporaría al local.

La clausura finalmente se llevó a cabo en la fecha prevista. Tras una nueva visita de la Policía Municipal en mayo, el establecimiento seguía abierto, «no respetando la orden de clausura», por lo que el 12 de junio de 1986 se dio la orden de precinto, que se efectuaría el 3 de julio de 1986.

Para intentar detener el cierre, Sabiniano Gómez volvió a solicitar una nueva licencia, esta vez para la actividad «gimnasio-sauna con servicio de bar teniendo en cuenta que éste es para uso de los clientes de la actividad (…) y sin servicio al público», con la intención de conseguir la licencia de apertura, «ya que los anteriores presentados les surgieron problemas que aún no hemos entendido». Sin embargo, el local había estado en funcionamiento durante todo ese tiempo.

El padre de Begoña Gómez fue presentando documentos con la intención de regularizar la situación, pero en marzo de 1987 los funcionarios del Ayuntamiento volvieron a constatar irregularidades en las instalaciones, proponiendo una vez más la clausura y precinto del local por carecer de las «necesarias e inexcusables licencias municipales».

El precinto se realiza el 22 de abril, pero la Policía regresa al local dos días después y comprueba que sigue en funcionamiento, por lo que se vuelve a decretar un precinto que se hace efectivo el 13 de mayo, aunque se levanta para realizar las obras de adecuación pertinentes y manteniendo cerrado el local.

Al menos esto es así hasta julio de 1988, cuando los Gómez comunican que ya ha realizado las obras necesarias para la obtención de la licencia, aunque a principios de 1989 la Policía constata que ha reabierto el negocio, pese a no tener el visto bueno del Ayuntamiento, algo que no llegaría hasta mayo de 1989, cuando obtuvo la licencia de actividad definitiva.

El expediente al que ha accedido en exclusiva este periódico acredita el trato de favor recibido durante años por el gobierno municipal socialista de Tierno Galván y su sucesor Juan Barranco, a pesar de todas las denuncias formuladas por la Policía Municipal y de los informes técnicos desfavorables.

Sabiniano obtuvo su licencia el 27 de octubre de 1989. Sobre las actividades prostibularias en el local del suegro de Sánchez y si este financió su carrera política en parte con los réditos logrados de ellas, el líder del que llama «Gobierno feminista» no se ha querido pronunciar, ni siquiera en la Comisión de Investigación del Senado en la que tuvo que comparecer.

La Policía Municipal pidió precintar el local por ejercer la prostitución masculina «independientemente de las responsabilidades penales»

De hecho, varios años después, en 1995, la Policía Municipal dejó por escrito que allí se ejercía la prostitución masculina. Visitó de nuevo la sauna, denunció que tenían bloqueadas con rejas dos salidas de emergencia, y realizó un atestado demoledor, que el subinspector al mando resume en su remisión a las autoridades municipales de la siguiente manera: «Se ha detectado que ejerce una actividad distinta a la reflejada en la licencia y otras irregularidades».

En concreto, añade que «dicho local es destinado a promover y ejercer la prostitución masculina tal y como se desprende de la minuta adjunta», instando a las autoridades a decretar el precinto, independientemente de las responsabilidades penales en las que pudieren haber incurrido los responsables, a determinar por vía judicial.

La minuta en cuestión es demoledora pues, además de señalar que pese a lo contenido en la licencia no dispone de ningún gimnasio, los policías observan que en la planta sótano hay una sala de proyecciones donde se exhibe pornografía, encuentran preservativos usados en las papeleras y señalan que «el local dispone de catorce cabinas individuales con puerta y colchones donde se realizan prácticas sexuales».

Además, añade que «el vigilante jurado que se encuentra en el portal nos manifiesta que de manera habitual y en especial los fines de semana coincidiendo con un aumento de la clientela, acuden al local jóvenes de los barrios periféricos a ejercer la prostitución en el interior del local».

Sin embargo, entre la documentación recabada por este periódico no constan más informes acerca de qué ocurrió con la denuncia formulada por la Policía Municipal, pues el siguiente documento, cronológicamente hablando, ya se remonta a octubre de 2000, cuando el Ayuntamiento requirió a Sabiniano Gómez que adecuase las condiciones del local a las nuevas ordenanzas existentes para la actividad autorizada en la licencia, gimnasio-sauna con bar.

El demoledor atestado policial describe al detalle las condiciones del negocio y destripa la trampa utilizada para intentar tapar que allí se prostituía a seres humanos

Ante esto, el suegro de Sánchez argumenta que «la actividad de gimnasio es complementaria a la anterior y está destinada exclusivamente a los clientes de la sauna que es la actividad principal, no prestando servicio directamente a la calle».

Sin embargo, pese a las denuncias existentes a lo largo de todos estos años relatadas por este periódico, la directora general de Muface, Myriam Pallarés aseguró que desde la mutualidad no se formuló requerimiento alguno al padre de Begoña Gómez y su hermano en relación a la polémica actividad prostibularia, de público y notorio conocimiento. «No existen documentos al respecto», afirmó la directora general de Muface.

Del mismo modo, admitió que los hermanos Gómez no notificaron a la mutualidad, como propietaria de la finca, las obras llevadas a cabo sobre tres inmuebles que tenían alquilados en la calle San Bernardo, pese a que, a la vista de los expedientes presentados ante el Ayuntamiento es más que evidente que se realizaron.

Por su parte, Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública y secretario general del PSOE madrileño, y en última instancia responsable de Muface, se ha negado a investigar la insólita explotación del patrimonio público para la prostitución, pese a que era una cuestión de dominio público. De hecho, en 2016, cuando Pedro Sánchez había dimitido como secretario general del PSOE, Óscar López se habría reunido con Villarejo para acceder al material relacionado con las saunas y usarlo para debilitar políticamente a Sánchez y favorecer a Patxi López en las primarias del partido.

No obstante, tal y como se puede comprobar en los documentos recabados por El Debate, los vecinos sí que mostraron sus quejas ante la mutualidad, que envió una carta al Ayuntamiento para interesarse acerca de si la familia de Begoña Gómez tenía todos los documentos en regla.

En concreto, hay que retrotraerse a finales de enero de 1989 cuando el entonces director general de Muface, José Antonio Sánchez Velayos, pidió al Consistorio que realizase una inspección a la sauna instalada en las dos primeras plantas de la finca, ya que «produce serias molestias, incomodidades y malestar al resto de los inquilinos, impidiéndoles el goce pacífico de la finca, según han manifestado repetidas veces verbalmente y últimamente por escrito a la propiedad».

Así, el Ayuntamiento, señaló que el local, pese a todos los problemas previos, poseía licencia de apertura desde mayo de 1989 «para la actividad de gimnasio-sauna con bar. Habiendo sido firmada el acta de funcionamiento previa visita de inspección de fecha 08.06.89», constatando que el local se adecuaba a la normativa vigente, por lo que Muface, según los documentos recabados, dejó de indagar.

Por tanto, a la vista de todos estos documentos, es más que evidente que todo el mundo estaba al corriente de las actividades que allí se realizaban, incluso Muface, y que se prolongaron durante décadas, pues, tal y como desveló este periódico, la extinción del contrato de la polémica sauna ‘Adán’, que había arrancado en junio de 1980, no llegó hasta el 16 de marzo de 2022, es decir, cuando Pedro Sánchez ya era presidente del Gobierno.