La cumbre de la ONU desata el malestar policial contra Marlaska: «Se nos trata como un cuerpo de segunda»

Jucil, la asociación mayoritaria en la Guardia Civil, y el sindicato policial Jupol han reunido este lunes a más de un centenar de agentes procedentes de distintos puntos de España a las puertas del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes), donde tiene lugar la cumbre de la ONU, como protesta contra «las desigualdades que sufren las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente a otros cuerpos policiales locales y autonómicos».

La cumbre de la ONU ha provocado un despliegue policial sin precedentes en Sevilla, con más de 7.200 agentes. Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil, ha señalado que este despliegue «es el claro exponente de nuestro problema, con unas desigualdades abismales», ya que «los guardias civiles cuentan con unas dietas que no se han modificado desde hace 23 años, y que ascienden a 28 euros diarios para manutención, mientras que a los policías locales les retribuirá diariamente con entre 600 y 720 euros».

Vilariño ha criticado además que «no todas las cajas pagadoras de las comandancias han podido adelantar el dinero para esto y el alojamiento», lo que ha agravado aún más la situación de los agentes desplazados para este operativo de seguridad.

Por su parte, Laura García, portavoz nacional de Jupol, ha denunciado que «se conoce desde hace meses la fecha de la Cumbre y la improvisación sistemática del Ministerio del Interior hace que haya compañeros que estén alojados a una hora y media, por lo que sus servicios se alargan hasta tres horas más».

Vilariño ha calificado de «despreciable» el trato que se da a los agentes y ha denunciado «la grave situación de abandono que sufrimos». También ha lamentado que «a pesar de las subidas salariales efectuadas hace cinco años, las diferencias retributivas con respecto a otras policías siguen aumentando, lo que demuestra que la equiparación sigue estancada y lejos de solucionarse».

Desde Jucil han resaltado que «la situación actual no se corresponde con el nivel de exigencia que se nos impone. Se nos requiere ser la policía mejor preparada, pero se nos trata como un cuerpo de segunda. Esto es una desmantelación encubierta».

La organización también ha reprochado que «las promesas del Gobierno han quedado en papel mojado». Además, han criticado que «el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no se ha sentado en ningún momento con representantes de la Guardia Civil ni de la Policía Nacional para negociar una solución real y definitiva».

Según Jucil, «la ausencia de diálogo y de voluntad política pone en evidencia el abandono institucional hacia quienes garantizan la seguridad en todo el territorio nacional». La situación, aseguran, se agrava por la falta de soluciones a problemas estructurales que afectan al colectivo.

Más allá de la brecha salarial, Jucil ha alertado de «una creciente desprotección jurídica» para los agentes en el ejercicio de sus funciones. También han denunciado «la falta de respaldo institucional» ante agresiones, amenazas y campañas de desprestigio que sufren los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La organización ha añadido que existe un «déficit de personal, agravado por una oferta de empleo público que apenas cubre la mitad de las necesidades de reposición». Esta carencia de efectivos pone en riesgo, según Jucil, el correcto funcionamiento de los servicios policiales.

Finalmente, han señalado «la obsolescencia de infraestructuras y la falta de medios materiales», lo que, según advierten, «dificulta gravemente el cumplimiento del servicio en condiciones adecuadas». También han considerado una «negligencia» la congelación del presupuesto destinado a la Guardia Civil.

Esa congelación presupuestaria, según ha apuntado Jucil, ha provocado «una nefasta gestión de la caja que ha impedido el pago adelantado de dietas a los agentes comisionados». Una situación que consideran inaceptable y que ha sido uno de los detonantes principales de la protesta celebrada en Sevilla.