La reventa «sospechosa» de un solar municipal en Sevilla salpica al delegado del Gobierno en Andalucía

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes a Rafael Pineda, ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, y a su esposa, Olga P., entre otros, en relación con una operación urbanística que se encuentra bajo investigación judicial y tiene que ver con el proceso de enajenación de una parcela propiedad de Emvisesa, la empresa pública de vivienda del Ayuntamiento de Sevilla.

El núcleo de la investigación se centra en la compraventa de esa parcela, un solar de unos 10.000 metros cuadrados en el polígono de El Higuerón, por parte de la sociedad Higuerón Real Estate, administrada por Olga P., mujer de Pineda. La empresa resultó adjudicataria del terreno en septiembre de 2024 por 1.777.796,84 euros, tras una subasta pública en la que solo ella presentó oferta y que sucedía a una primera que quedó desierta.

Se da la circunstancia de que, pocos meses después, en enero de 2025, la empresa de la esposa de Rafael Pineda vendió la parcela a Eryel Invest, integrada en el grupo Burger King Spain, por 3.956.284,97 euros. El informe remitido por la UCO a la juez instructora del llamado caso Pineda recoge que esa diferencia generó unos beneficios superiores a los dos millones de euros.

Según la documentación analizada, parte de esas ganancias se repartieron entre el matrimonio y otros participantes en la operación, incluidos antiguos socios de la sociedad adjudicataria, personas que contribuyeron a la financiación inicial y una empresa vinculada a un trabajador de Emvisesa.

De hecho, entre los movimientos señalados figura un pago de 78.650 euros a una sociedad propiedad de un funcionario municipal, jefe de la Sección de Terciarios de Emvisesa. Los investigadores señalan que se trata de una transferencia realizada desde la cuenta de Higuerón Real Estate «sin motivo aparente» y procedente de los beneficios obtenidos tras la reventa del terreno.

Todo ello ha alimentado las sospechas de los investigadores sobre una posible operación fraudulenta. La UCO señala que ese esquema podría encajar con prácticas ilegales como tráfico de influencias, corrupción en los negocios e incluso posibles tramas encabezadas por quienes tenían acceso privilegiado al procedimiento de adjudicación.

Origen de la subasta

La UCO sitúa el origen de la subasta en un acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de Emvisesa el 1 de junio de 2022, durante la etapa del socialista Antonio Muñoz como alcalde. En aquel momento, la parcela salió al mercado con un precio de salida de 1.987.363,74 euros, pero el procedimiento quedó desierto al no presentarse ofertas.

Dos años después, ya con José Luis Sanz (PP) en la Alcaldía, el solar volvió a subastarse con un precio inicial de 1.469.203,60 euros. En ese segundo intento se presentó la oferta de Higuerón Real Estate, que superó el precio de salida en apenas 40 céntimos. La adjudicación se formalizó el 4 de septiembre de 2024, con un importe total, incluido el IVA, cercano a 1,78 millones.

A partir de estos elementos, la UCO señala la existencia de «indicios sospechosos» en la actividad empresarial de la sociedad adjudicataria y desliza la hipótesis de que podrían haberse realizado gestiones ante administraciones públicas «a cambio de contraprestaciones económicas». El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal de vivienda, se personó en este caso el pasado 20 de octubre, una vez que se levantó el secreto de las actuaciones.

Las detenciones practicadas este martes se producen tras la entrega de ese informe de la UCO al Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla, que mantiene abierta la causa y se centra en reconstruir el proceso de adjudicación, financiación y posterior venta de la parcela, así como en analizar las relaciones económicas y societarias entre las personas implicadas en la operación urbanística, que también salpica a Pedro Fernández, el delegado del Gobierno de España en Andalucía.

Rafael Pineda ejerció como jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía desde junio de 2018, nada más llegar Pedro Sánchez a la Moncloa, hasta el pasado mes de septiembre. No en vano varios agentes de la UCO se personaron en noviembre en la sede de la Delegación del Gobierno, sita en la plaza de España de Sevilla, para clonar su correo oficial y así revisar toda su actividad durante los siete años que ocupó el cargo.

En la Delegación del Gobierno no se han pronunciado aún respecto a esta operación, que no es el primer caso de corrupción que salpica a Pedro Fernández, nombrado por el comisionista Víctor de Aldama en relación con el caso PSOE. Cabe recordar además que Toño Fernández, amigo íntimo y exasesor del delegado del Gobierno, se encuentra imputado por su posible implicación en adjudicaciones de obras ligadas a la trama del exministro José Luis Ábalos y compañía.

Antes de ocupar el cargo de jefe de gabinete en la Delegación del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda fue concejal del Ayuntamiento de Sevilla entre 2004 y 2007, bajo el mandato del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín. Luego dirigió Lipasam –la empresa municipal de limpieza– hasta 2011, cuando Monteseirín perdió el bastón de mando en favor de Juan Ignacio Zoido (PP).