El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una imagen de archivo

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una imagen de archivoMaría José López | Europa Press

Sevilla

Detienen a un exasesor del delegado del Gobierno en Andalucía por una trama urbanística en Sevilla

La UCO detiene a Rafael Pineda y a su mujer por la operación urbanística de la parcela de Emvisesa en Pino Montano

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes a Rafael Pineda, ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en el marco de una investigación sobre una trama urbanística que tiene que ver con una parcela de Emvisesa –empresa de vivienda del Ayuntamiento de Sevilla– en Pino Montano, concretamente en los terrenos del Higuerón.

La parcela en cuestión fue comprada por 1,7 millones de euros por la sociedad de la mujer de Pineda y vendida apenas cinco meses después por 3,9 millones. Hay al menos cinco detenidos en relación con esta operación, entre ellos el ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía y su esposa, así como empleados de la empresa municipal de la vivienda.

En este sentido, el Ayuntamiento abría el pasado mes de noviembre una investigación interna y suspendía de empleo a un trabajador de Emvisesa, tras tener acceso a un informe de la UCO al respecto y constatar que formaba parte, presuntamente, del proceso «desierto y continuado» de la parcela, de esa venta posterior, y que, además, «recibió más de 78.000 euros en su condición de personal responsable de esta empresa municipal».

El informe en cuestión está centrado en una parcela de Pino Montano que se quedó «numerosos años desierta» durante la época del exalcalde Juan Espadas (PSOE), que empezó en el año 2017, como consecuencia de que «era un precio alto porque, desgraciadamente, había tres inquilinos en esos terrenos, y así lo reconoce la UCO», tal como señalaba entonces el delegado municipal de Urbanismo, Juan de la Rosa.

El edil recordaba que cuando vieron el «lastre» de esa parcela se hizo una tasación que «bajaba» porque había unos inquilinos en la misma «y la venta estaba sujeta a aquellos». «Nos dan una tasación de 1,8 millones y estos inquilinos que la compran, la venden cinco meses después por casi cuatro millones de euros, que es lo sospechoso», añadía el concejal de Urbanismo preguntado sobre este asunto.

El Consistorio, a través de la empresa pública de la vivienda, se personó en este caso el pasado 20 de octubre, una vez que se levantó el secreto de las actuaciones. Al hilo de esta cuestión, el alcalde, José Luis Sanz (PP), destacaba que en los ocho años en los que el PSOE gobernó Sevilla capital «solo se construyeron 83 viviendas de protección oficial». «Quizás estaban más preocupados de otros temas que de construir viviendas para los jóvenes que lo necesitaban».

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, desde el primer momento en el que trascendió este caso en los medios, mantiene que, tras revisar el expediente de la operación urbanística en Emvisesa, «este se ajusta en todo momento a la legalidad».

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