Un exconcejal del PSOE se echa a llorar en un juicio de los ERE tras confesar el fraude de 34 millones

Sucedió este miércoles. José María Sayago, el empresario y exconcejal del PSOE implicado en la trama de los ERE que ha confesado el fraude en el que participó, se echó a llorar antes de que el juez diera la causa vista para sentencia. Antes de abandonar la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Sevilla, pidió la palabra para dar las gracias al tribunal, a Dios y a su abogado.

«Doy las gracias a la Sala por el trabajo realizado, a Dios por permitirme estar aquí después de tantos años, que descansen en paz los fallecidos, y gracias a mi letrado por su trabajo», afirmó ante los magistrados de la Sección Primera. Tras pronunciar estas palabras, visiblemente afectado, rompió a llorar. Además, al término de la vista, ya fuera del edificio judicial, se fundió en un abrazo con su madre y su esposa.

La sesión concluyó con el proceso visto para sentencia después de que las partes presentaran sus informes finales. En la apertura de la vista oral, el acusado había reconocido su participación en los hechos investigados y expresó sentirse «avergonzado» por haber colaborado en el fraude de hasta 34,2 millones de euros. Ese reconocimiento ha llevado a la Fiscalía, así como a las acusaciones del PP andaluz y la Junta, a rebajar la solicitud de pena.

Inicialmente se pedían seis años de cárcel por su papel como cooperador necesario en un delito de malversación, pero la petición ha quedado reducida a tres. Sayago se sentaba en el banquillo, junto con otros dos procesados, dentro de una pieza separada de la macrocausa de los ERE. Este procedimiento juzga, en concreto, las ayudas públicas concedidas presuntamente de forma indebida a empresas de la Sierra Norte sevillana.

El origen del entramado, según la investigación, se sitúa en varias sociedades constituidas por José María Sayago y el ya fallecido José Enrique Rosendo, quienes anteriormente habían sido concejales del PSOE en el Ayuntamiento de El Pedroso (Sevilla). Alrededor de una veintena de empresas asociadas al Matadero de la Sierra Morena SA recibieron subvenciones de la Junta de Andalucía por valor de 34,2 millones de euros entre 2002 y 2007.

Las pesquisas sostienen que estas ayudas se obtuvieron gracias a la relación de Rosendo con el entonces director general de Trabajo de la Consejería de Empleo, Francisco Javier Guerrero. Este dirigente, que había sido alcalde socialista de El Pedroso entre 1995 y 1999, murió en octubre de 2020 mientras aún se investigaban diversas ramificaciones del caso.

En su alegato final, el abogado defensor solicitó la anulación del delito de estafa que le atribuye el banco BBVA. La entidad financiera reclama para Sayago una condena total de 14 años de prisión: ocho por estafa y seis por malversación. Sin embargo, la defensa sostiene que esa acusación no puede prosperar porque habría prescrito al haberse iniciado el procedimiento penal fuera del plazo legal.

El letrado explicó que los hechos se remontan a abril de 2006 y que la causa por estafa no se dirigió contra su cliente hasta una década después. También aseguró que la operación bancaria bajo sospecha se realizó «sin recurso», lo que implica que la entidad aceptó voluntariamente el riesgo de la transacción. Según su versión, esa operación reportó al banco un beneficio cercano a 300.000 euros.

La estrategia jurídica también se apoya en las consecuencias personales del largo proceso. El abogado describió la situación del procesado como de «penosidad extraordinaria», marcada por 14 años de restricciones. Durante ese periodo se le retiró el pasaporte, tuvo que comparecer periódicamente ante el juzgado y sufrió el embargo total de sus bienes.

Estas medidas, añadió, le impidieron desarrollar actividad empresarial, provocando una auténtica «muerte civil económica». Además, recordó que una sociedad vinculada al grupo ya devolvió a la Junta de Andalucía 1.074.926,76 euros, entre capital e intereses. Por ello, solicita aplicar varias atenuantes y reducir la eventual condena al mínimo legal, apenas tres meses y 11 días de prisión.