El alcalde de Palma critica a la cara a Óscar Puente en plena inauguración: «Había otras soluciones para la ciudad»

Palma estrenó este lunes su renovado Paseo Marítimo tras tres años de obras y un sobrecoste superior a los 12 millones de euros. El ministro de Transportes, Óscar Puente, visitó por primera vez la ciudad desde que ocupa el cargo para inaugurar oficialmente una reforma que ha transformado el frente marítimo de la capital balear con más espacio para peatones y menos asfalto.

Pero frente al entusiasmo del ministro, que defendió la intervención como «un acto de justicia» para devolver la ciudad a los ciudadanos, el alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), marcó distancias desde el primer momento.

«Fui crítico porque pensaba, y sigo pensando, que hay otras necesidades y otras soluciones para la ciudad y para el Paseo Marítimo», recordó el regidor del PP desde su tribuna, que no desaprovechó la ocasión para señalar que su gobierno no comparte el modelo ejecutado.

El alcalde de Palma aprovechó también para abrir otro debate sobre el futuro de los 200 millones de euros que el Gobierno central había reservado para el tranvía de Palma, un proyecto ahora descartado. Martínez reclamó a Puente una reunión formal para redefinir el uso de esos fondos.

En la pasada legislatura, Martínez —entonces en la oposición— había tachado la remodelación impulsada por la Autoridad Portuaria y respaldada por el Ministerio de Transportes de «lavado de cara». Su propuesta alternativa apostaba por construir aparcamientos subterráneos a lo largo del paseo, una idea que quedó fuera del proyecto final, que suprimió más de un millar de plazas y redujo la calzada en favor del tránsito peatonal.

Puente adelantó que este jueves el Congreso previsiblemente aprobará la ley de movilidad sostenible, que permitirá anticipar el 65% de las ayudas para mantener la gratuidad del transporte público en Baleares en 2025, unos 41 millones de euros. También expresó su disposición a recuperar los 230 millones del convenio de carreteras que reclama el PP balear y a impulsar la red ferroviaria insular.

El ministro aseguró que el Ejecutivo central está «absolutamente comprometido con el crecimiento de la red ferroviaria» y prometió que «Mallorca no se quedará atrás». Entre gestos de cordialidad y promesas de diálogo, persiste el bloqueo de los principales acuerdos: el nuevo convenio de carreteras sigue sin firmarse y el ferroviario continúa paralizado.

Puente reiteró que el ferrocarril es la «gran apuesta» del Gobierno por la movilidad sostenible y recordó los protocolos firmados con Tenerife y Gran Canaria, advirtiendo que «Mallorca no se puede quedar atrás». Aseguró asimismo que no existe impedimento para retomar el convenio de carreteras y se mostró abierto a ajustes relacionados con proyectos de Aena, como el parque fotovoltaico de Son Bonet.

No obstante, la aparente voluntad de acuerdo llega tras dos años de parálisis. Desde 2023, Baleares exige un nuevo convenio que financie mejoras en ferrocarriles y carreteras. Prohens aprovechó la presencia del ministro para reiterar las mismas peticiones que ya trasladó a Sánchez este verano: desbloquear el convenio ferroviario y abonar los convenios de carreteras a los Consells insulares.

Pese a las tensiones, Puente destacó que desde 2018 el Gobierno ha invertido más de 160 millones de euros en movilidad sostenible en Baleares, el doble que en etapas anteriores. Las transferencias destinadas a mejorar la conectividad insular alcanzan los 300 millones, incluyendo la gratuidad del transporte público contemplada en la nueva ley y los descuentos del 75% en vuelos para residentes, con un ahorro acumulado de 1.320 millones desde 2018.

En el transporte marítimo, las subvenciones a residentes se han triplicado desde 2018, superando los 87 millones de euros este año, mientras que la financiación del transporte de mercancías ha aumentado un 25%. Además, el Ejecutivo prepara un estudio sobre el sobrecoste del transporte marítimo para respaldar la petición de Baleares ante la Comisión Europea de quedar exenta de la regla de minimis.

En el ámbito portuario, la inversión en los puertos estatales de Baleares supera los 203 millones de euros, un 55% más que en periodos anteriores, y hasta 2029 se prevén casi 525 millones adicionales. De esa cifra, 335,5 millones se destinarán a las reformas de los cinco puertos bajo la Autoridad Portuaria, y el resto a sostenibilidad, accesos, digitalización y seguridad. En Maó, está prevista la construcción de una nueva estación marítima con un presupuesto de 21,1 millones de euros.

En la inauguración también estuvieron presentes la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y el conseller de Movilidad, José Luis Mateo. El Gobierno balear presentó al Ministerio los proyectos ferroviarios de Llucmajor y Alcúdia, pendientes aún del desarrollo técnico vinculado a la nueva ley.