Palma prohíbe nuevas licencias de alquiler turístico para «pacificar» los barrios

Palma ha activado esta semana el principio del fin del alquiler turístico. El Ayuntamiento ha dado el primer paso para cerrar definitivamente el crecimiento de esta actividad al aprobar inicialmente una modificación puntual del Plan General que prohíbe la creación de nuevas plazas de estancias turísticas en viviendas, ya sean chalets, pareados, áticos, dúplex o pisos. Sin excepciones.

Hasta el momento, el veto al alquiler vacacional sólo estaba contemplado para los pisos (edificios plurifamiliares), pero ahora, la Gerencia de Urbanismo acaba con la posibilidad de crear nuevas plazas en viviendas unifamiliares. Esto es, se eliminan las 374 plazas potenciales que aún contemplaba el planeamiento vigente.

El objetivo, cuentan a El Debate fuentes municipales, «forma parte de una estrategia superior de acceso a la vivienda para una ciudad cuyo número de residentes no deja de crecer».

Una asfixia a largo plazo

Esta modificación del Plan General no se traducirá en una prohibición total del alquiler turístico en Palma: las plazas legales existentes -4.473 actualmente- podrán seguir operando. «Esos propietarios tienen un derecho adquirido, la administración no puede arrebatárselo a las bravas o acabaríamos en los tribunales y perdiendo», explican.

Lo que sí se prevé es un decrecimiento. Lento, pero decrecimiento, ya que las plazas que se extingan no se sustituirán. ¿Y cómo se pueden extinguir? Una de dos: porque el propietario las dé de baja o porque el propietario no renueve la licencia cuando marca la norma, en este caso, recogida por el Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics (CBAT) del Consell de Mallorca. En algunos casos, cada cinco años, en otros cada seis, y en ciertas modalidades, nunca. Sólo las viviendas de este último capítulo son las que sobrevivirán seguro.

Oferta pirata

Según los datos municipales, Palma cuenta con 4.473 plazas de alquiler turístico, repartidas en 632 viviendas. Más de la mitad se ubican en la ciudad, 76 en la zona de playa (Playa de Palma) y 175 en suelo rústico.

Hasta aquí las legales. Pero ¿y las ilegales? Nadie puede contabilizarlas (por algo son ilegales y operan sin registro), si bien el alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, cifró el año pasado en 15.000 las existentes. Más tarde, tuvo que rectificar y matizar que se refería los anuncios en portales que se dedican a esta actividad.

«Lo que sí sucederá es que la ciudadanía sabrá que en Palma nadie puede alquilar una casa para hacer ‘airbnb’ y eso desmotivará a los nuevos que pretendan subirse al carro», agregan desde el ayuntamiento.

El elemento desincentivador, básicamente, se centra en las multas. El Gobierno de Marga Prohens, competente en la parte legislativa, impulsó el año pasado el conocido como ‘Decreto de contención’ que recoge, entre otras, una subida del 25 por ciento de las sanciones, llegando al medio millón en los casos más graves. «Claro que seguirá habiendo oferta ilegal, sobre todo en casas de extranjeros que se comercializan en sus países, pero si lanzamos un mensaje claro y rotundo, sin ambigüedades, los resultados se amplificarán», aseguran.

Para ello, obviamente, se necesitan inspectores. Agentes de cada Consell insular encargados de rastrear, vigilar y hacer cumplir la ley. Y ahí es cuando vienen los problemas: las competencias están transferidas a cada isla, por tanto, son estas instituciones -los consells insulares- los que deben ampliar (o no) la plantilla de inspectores.

Alquiler turístico: de sobresueldo a problema social

Para entender el alcance político de esta decisión conviene retroceder varias décadas. El alquiler de corta duración en zonas de veraneo existe en España desde hace generaciones, especialmente desde el boom turístico de los años sesenta, cuando familias alquilaban apartamentos durante el verano en destinos de costa.

Pero el fenómeno actual poco tiene que ver con aquella práctica tradicional. El salto se produce con la revolución tecnológica de finales de la década de 2000. Aunque algunas plataformas comenzaron a gestarse antes, el punto de inflexión llega entre 2008 y 2009, cuando proyectos como Airbnb, nacida como Airbed & Breakfast, empiezan a comercializar viviendas completas a gran escala.

El verdadero despegue se consolida entre 2010 y 2013, cuando el alquiler turístico se convierte en un mercado global, permanente y altamente rentable. Este crecimiento exponencial obliga a las administraciones a reaccionar, especialmente tras la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que excluye el alquiler turístico del régimen del arrendamiento de vivienda habitual y deja la regulación en manos de las comunidades autónomas.

Baleares y la «democratización» del turismo

En Baleares, la respuesta política llegó de la mano de la izquierda. Partidos como Més per Mallorca, -los ecosoberanistas de izquierdas- defendieron entonces la regularización del alquiler turístico como una forma de «democratizar el turismo»: permitir que miles de residentes participaran directamente en una riqueza que hasta entonces estaba en manos casi exclusivas de los «malvados» y «codiciosos» hoteleros.

El relato funcionó durante un tiempo. El alquiler vacacional abrió el grifo de ingresos a miles de mallorquines, ibicencos, menorquines y formenterenses, y conectó directamente a propietarios locales con turistas europeos que optaban por alojarse en viviendas, una fórmula habitual en otros países.

Pero el mismo modelo que generó ingresos empezó a tensionar el mercado inmobiliario. Como ha ocurrido en grandes ciudades de todo el mundo, una parte creciente del parque residencial salió del alquiler de larga duración para destinarse al uso turístico. El resultado fue una reducción de la oferta para residentes y un encarecimiento sostenido de los precios.

La historia que nació como un ajuste de cuentas contra los «pérfidos hoteleros» terminó volviéndose políticamente en contra de sus impulsores, y se vieron acercamientos curiosos -como poco- en portadas de periódicos e informativos locales: la de hoteleros y ecologistas dándose la mano para criminalizar el alquiler turístico.

La crisis del acceso a la vivienda estalló y pasó a ocupar el centro del debate público, así que este modelo 2.0 de negocio del alquiler dejó de ser una oportunidad para la clase media para convertirse en uno de los factores del problema.

Palma: laboratorio del cambio

La decisión del Ayuntamiento de Palma simboliza ese cambio de ciclo: no a los ‘airbnb’ en pisos y no a los ‘airbnb’ en chalets. Se trata, dicen, de destinar la vivienda a uso residencial y de paso, «pacificar» los barrios en los que esta actividad genera tensiones entre residentes y visitantes. Los primeros, que quieren vivir con tranquilidad; los segundos, que vienen a divertirse y, en no pocas ocasiones, generan ruidos.

Barrios como Santa Catalina o Son Espanyol son ejemplos de zonas de plantas bajas o pareados que acogen turistas -grandes grupos, dada su capacidad- y sacan de quicio a los vecinos, especialmente en verano cuando proliferan las fiestas hasta altas hora de la noche.

El calendario para sacar adelante la medida será el siguiente: una vez aprobada la modificación puntual del Plan General, el expediente pasará a la Junta de Govern y al pleno municipal. A partir de ahí se abrirá un plazo de 30 días para la presentación de alegaciones.