Propietarios que se animan a alquilar su piso vacío en Baleares: «Ya no temo a la inquiokupación»

La vivienda es, de largo, el principal problema político y social en Baleares. Así lo reflejan las encuestas y sobre todo, así lo confirma la realidad diaria de miles de residentes que buscan piso sin éxito. Los precios del alquiler han alcanzado niveles que hace solo cinco años parecían imposibles. Palma, Calvià, Ibiza o incluso municipios del interior registran rentas que superan con facilidad los 1.500 euros mensuales por viviendas medias.

En barrios populares de Palma, como Es Rafal, Son Gotleu o Camp Redó, donde antes se concentraba parte del alquiler asequible, hoy se ven anuncios por 1.800 o 1.900 euros por pisos de tres habitaciones. La consecuencia es doble: por un lado, familias expulsadas hacia zonas periféricas; por otro, propietarios que prefieren no alquilar por miedo a impagos o a procesos judiciales largos. La famosa y temida ‘inquiokupación’.

Con este escenario de fondo, el Govern balear puso en marcha hace un año el programa Lloguer Segur, una medida destinada a captar vivienda vacía y ponerla en circulación bajo un modelo de alquiler garantizado. Para ello, la administración actúa como intermediario, asegura el cobro al propietario durante siete años y ofrece el piso a residentes a un precio tasado, alrededor de un 30 % inferior al del mercado libre.

La medida se dirige de forma explícita a pequeños propietarios. Sólo se puede aportar un inmueble, lo que deja fuera a grandes tenedores y fondos. El objetivo es convencer a quienes tienen un piso cerrado —por herencia, por segunda residencia o por desconfianza— para que lo alquilen sin asumir el riesgo habitual.

El caso de María: «Me decidí por la tranquilidad»

María es uno de los ejemplos que ilustran esta realidad. Es una mujer de edad media, familia trabajadora y lleva años empleada en el sector de la seguridad privada. Hace un año, tras la muerte de su madre, heredó el piso donde ella vivía.

Se encontró con una vivienda vacía en un mercado donde alquilar puede significar ingresos altos, pero también incertidumbre.

«Me decidí por la tranquilidad», explica. «Es verdad que podría sacar mucho más con un alquiler normal, pero prefiero ganar menos y tener la seguridad de que cada mes cobro».

María admite que el miedo pesó en la decisión. Miedo a impagos, a procesos judiciales largos y, sobre todo, a la llamada inquiokupación, un término que se ha instalado en el debate público.

«Tal y como están las cosas hoy en día, que se meten, pagan uno o dos meses y luego adiós… opté por esta vía».

Su piso está en Es Rafal Vell, en Palma. Tiene unos 100 metros cuadrados, tres habitaciones, dos salas grandes, cocina y baño. Actualmente vive allí una familia compuesta por una pareja, la madre de ella, una niña y un bebé.

Los inquilinos pagan 950 euros mensuales. María cobra 1.300, porque el IBAVI cubre la diferencia.

«Ahí está el quid de la cuestión», resume. «Yo sé que ellos pagan algo razonable por cinco personas de una misma familia y que el Ibavi se hará cargo del resto».

La comparación con el mercado libre es clara. María lo explica con números.

«En mi barrio han llegado a pedir por pisos parecidos al mío, o más pequeños, 1.800 o 1.900 euros. La gente pretende vivir de rentas y eso tampoco es realista».

75 contratos en un año: cifras modestas

El Govern balear defiende que Lloguer Segur ya está dando resultados, pero los datos muestran un ritmo limitado. En su primer año plenamente operativo, el programa ha conseguido incorporar al mercado 75 viviendas. Eso significa una media de algo más de seis contratos al mes.

Para un territorio con un problema estructural de vivienda, la cifra es pequeña. Baleares no solo tiene uno de los alquileres más caros de España, sino también uno de los parques públicos más reducidos. Y aunque no existe un consenso absoluto sobre el número de pisos vacíos, el debate es constante: los censos apuntan una cifra, mientras que datos indirectos de consumo energético sugieren otra distinta. En cualquier caso, la administración coincide en que hay un volumen significativo de viviendas cerradas.

Por eso, el Govern insiste en que antes de construir nuevas promociones —que tardan años— hay que movilizar lo ya existente.

Según el balance oficial, las viviendas captadas tienen una superficie media cercana a los 100 metros cuadrados y en su mayoría cuentan con dos o tres habitaciones. El precio medio que pagan los inquilinos ronda los 950 euros, una cifra alta en términos generales, pero inferior a lo que marca el mercado actual para pisos de ese tamaño en Palma o Ibiza.

El Govern subraya además que estas viviendas están reservadas exclusivamente a residentes con al menos cinco años viviendo en Baleares, un requisito que Prohens ha establecido por ley con el argumento de priorizar el acceso de la población local.

Propietarios desconfiados

El eje del programa no es solo bajar precios sino convencer al propietario.

La administración paga puntualmente la renta tasada y ofrece un contrato de siete años, una duración inusual en el mercado libre, donde predominan contratos más cortos y revisiones frecuentes.

Para muchos propietarios pequeños, el atractivo está en la seguridad jurídica y económica: cobrar cada mes sin preocuparse de impagos, sin negociar directamente con el inquilino y con la administración como garante. María lo resume así: «yo duermo tranquila».

El Govern defiende que este tipo de perfiles —herederos, jubilados, familias con un único piso extra— son clave para abrir viviendas cerradas. El programa está diseñado para ellos, no para inversores con decenas de inmuebles.

No es la primera vez que se prueba una fórmula similar. Hace años existió ‘Palma Habitada’, un programa puesto en marcha en junio de 2004 que también buscaba captar vivienda vacía y que el gobierno municipal del socialista José Hila acabó cerrando «por falta de resultados». Lo que hizo entonces fue destinar la partida presupuestaria a ayudas directas al inquilino.

El Ejecutivo actual sostiene que Lloguer Segur tiene un enfoque más garantista, con contratos largos y un papel más activo del IBAVI.

Desde la Conselleria de Vivienda aprovechan además para comparar resultados con políticas anteriores. Recuerdan que el anterior Govern de Francina Armengol tardó cinco años en entregar su primera promoción de vivienda pública, que fue de solo cinco viviendas, entregadas ya en 2020. Y señalan que la medida estrella de la izquierda, la expropiación de pisos a grandes tenedores, solo consiguió 16 viviendas.

Desde el Govern consideran que captar vivienda existente puede dar resultados más rápidos que construir desde cero, aunque los números actuales sigan siendo raquíticos.

«El piso no está cerrado»

El propio Ejecutivo admite que el programa no avanza al ritmo esperado. Por eso, Prohens ya ha anunciado modificaciones para hacerlo más atractivo y llegar a más propietarios.

El IBAVI trabaja en nuevas medidas para ampliar su alcance, aunque todavía no se han detallado todos los cambios. El objetivo es acelerar la incorporación de pisos y superar el actual ritmo de 75 viviendas al año.

Para María, el debate político queda lejos. Ella lo reduce a algo práctico: tiene un piso heredado, no quería problemas y buscaba una salida segura.

«Yo cobro cada mes, ellos pagan un alquiler razonable y el piso no está cerrado», dice.