Palma ordena el desalojo de su antigua prisión okupada por 200 personas tras una ola de incendios y peleas

La creciente inseguridad y los graves problemas de convivencia, agravados este fin de semana por cuatro incendios en apenas 48 horas, han llevado al Ayuntamiento de Palma a iniciar el proceso de desalojo de la antigua prisión de la ciudad, el inmueble con mayor número de okupas de todo el municipio, con cerca de 200 personas residiendo en su interior.

El primer teniente de alcalde y regidor de Turismo, Cultura, Deportes y Coordinación Municipal, Javier Bonet, ha explicado este martes que la decisión se ha precipitado tras la intervención de los Bomberos en cuatro fuegos registrados este pasado fin de semana. En uno de ellos, de hecho, los efectivos tuvieron que rescatar a varias personas de su interior.

Según el número 2 de la alcaldía, estos incidentes no son hechos aislados sino que se enmarcan «en una dinámica de conflictos internos y disputas entre los diferentes grupos que ocupan el edificio, lo que incrementa el riesgo para las personas que viven allí y para el entorno».

La antigua cárcel, propiedad municipal, concentra el mayor asentamiento ilegal de Palma, con una cifra que ronda las 200 personas, variable según el día. De ellos, el 60% son inmigrantes ilegales. Eso sí, no se han detectado menores en su interior.

Dentro de las 'viviendas'

El Debate entró en las instalaciones hace un mes para conocer la situación de algunos de sus moradores. «Aunque trabajes y tengas ingresos, en Mallorca no puedes pagarte una casa», relataba una de las okupas a este medio, apuntando una realidad de parte de sus moradores: la antigua prisión como única solución habitacional.

Sin embargo, las constantes actuaciones policiales por peleas y fuegos ponen de manifiesto la presencia de personas conflictivas y la gravedad de la situación. En total, según fuentes municipales, se han registrado 263 intervenciones de Policía y Bomberos en lo que va de legislatura, a lo que hay que sumar las reiteradas quejas vecinales evidencian una situación «muy delicada».

Ante este escenario, el Ayuntamiento activará desde este miércoles a primera hora un operativo de control de accesos durante dos días para identificar a los moradores y actualizar el censo. Posteriormente, se mantendrán los dispositivos hasta que se ejecute el desalojo definitivo.

Realojados en un hostal

«Estamos en la obligación, y así lo estamos haciendo, de ofrecer la cartera de los servicios sociales de la administración», que son básicamente unas noches en un hostal, ha señalado. «Haremos un llamamiento para que no tengan que dormir en la calle», ha añadido Bonet.

Los últimos pasos a dar serán la limpieza del recinto y su posterior tapiado para evitar nuevas ocupaciones mientras se licita las tareas de demolición.

En el espacio que ahora ocupa la antigua prisión el Ayuntamiento tiene pensado llevar a cabo un proyecto residencial mientras que el Consell de Mallorca construirá una rotonda.