El acusado de asesinar a golpes a su suegra en la Audiencia Provincial de Baleares EUROPA PRESS 08/5/2026
Crimen en Mallorca
«La maldad personificada»: el acusado de matar a patadas a su exsuegra llamó a su ex para que escuchara morir a su madre
La Audiencia de Palma retoma hoy el juicio por el crimen de la Colònia de Sant Jordi, donde un hombre está acusado de asesinar con extrema violencia a la madre de su exnovia durante 15 agónicos minutos
Vitor Aníbal Temporao Martins es «la maldad personificada». No lo afirma un contertulio o un vecino conmocionado. Quien lo asevera es la propia fiscal del caso en la primera sesión del juicio con jurado popular por el asesinato de Erika Helene Rohrig, la mujer suiza de 74 años que murió apaleada y pateada en la cabeza en septiembre de 2024 en la Colònia de Sant Jordi, en Mallorca. El proceso judicial se retoma este lunes en la Audiencia Provincial de Palma después de una durísima apertura del juicio celebrada el viernes, marcada por el relato de una agresión descrita por las acusaciones como de una «extrema crueldad».
El acusado, un individuo portugués de 47 años, se enfrenta a una petición de 20 años de prisión por parte de la Fiscalía. La acusación particular, ejercida por la hija de la víctima, va más allá y solicita la prisión permanente revisable al considerar que la anciana era una persona especialmente vulnerable por su edad y su delicado estado de salud.
Durante sus informes iniciales ante el jurado, tanto la representante del Ministerio Público como la letrada de la acusación particular reconstruyeron un crimen que conmocionó a Mallorca y que ahora vuelve a las portadas por la brutalidad de los hechos y el contexto de violencia que rodeaba al acusado.
Un 25 de septiembre de 2024 sangriento
Según expusieron en la vista, Temporao Martins atacó a Erika Helene Rohrig la tarde del 25 de septiembre de 2024 cuando ambos se encontraban solos en la vivienda familiar. La tiró al suelo y comenzó a golpearla y patearla repetidamente en la cabeza durante aproximadamente quince minutos. Las acusaciones sostienen que la agresión no fue un estallido instantáneo de violencia, sino un ataque sostenido y deliberado. «No quería matarla rápido, quería que sufriera», vino a señalar la acusación particular ante el tribunal popular.
Uno de los momentos más estremecedores del relato judicial tiene que ver con una llamada telefónica realizada en pleno crimen. Según revelaron las acusaciones, el procesado telefoneó a su expareja utilizando el móvil de la víctima para que escuchara los gritos de su madre mientras estaba siendo agredida. La hija únicamente oyó «gritos desgarradores» al otro lado de la línea. Para la Fiscalía y la acusación particular, ese gesto evidencia una voluntad de causar un daño añadido y refleja un nivel de crueldad que consideran determinante para valorar la conducta del acusado.
Habían roto pero él seguía en la casa
La fiscal insistió además en que el procesado actuó con plena conciencia de sus actos. Rechazó que estuviera bajo los efectos del alcohol o las drogas en el momento del asesinato y sostuvo que conservaba intactas sus capacidades para distinguir entre el bien y el mal. También recordó que un vecino llegó a grabar parte de la agresión con su teléfono móvil, una prueba que previsiblemente tendrá un fuerte impacto durante el desarrollo del juicio.
La acusación particular introdujo además un componente de violencia de género en el crimen. Según su tesis, el asesinato se produjo después de que la víctima y su hija hubieran decidido poner fin a una situación de convivencia marcada por la dominación y las exigencias constantes del acusado. Aunque la relación sentimental con su pareja había terminado tiempo atrás, los tres seguían viviendo en la misma finca situada en las afueras de la Colònia de Sant Jordi porque él se negaba a abandonarla.
No había cerveza en la nevera
La letrada de la familia sostuvo ante el jurado que el acusado reaccionó violentamente cuando entendió que perdía el control sobre las dos mujeres con las que convivía. En esa línea, recordó que el mismo día del crimen se produjo una discusión doméstica porque faltaba cerveza en la nevera, una escena que fue grabada por la hija de la víctima. Para la acusación, ese episodio refleja la dinámica de sometimiento y tensión existente dentro del domicilio.
El caso ya había estado rodeado de antecedentes de violencia antes del asesinato. La expareja del acusado había denunciado malos tratos en junio de 2023, aunque finalmente no ratificó la denuncia y el procedimiento terminó archivado con la absolución del procesado. Meses después, poco antes del crimen, volvió a denunciarlo y el hombre fue incorporado al sistema policial de seguimiento de violencia de género con una valoración de riesgo medio.
El crimen
La Fiscalía sostiene que la tarde del 25 de septiembre de 2024 el acusado aprovechó que la anciana regresaba sola a la vivienda para atacarla en el porche del chalé. Allí la derribó y comenzó a propinarle patadas en la cabeza con enorme violencia. Los servicios de emergencia fueron alertados por una vecina que escuchó los gritos. Cuando los primeros agentes de la Policía Local de ses Salines llegaron al lugar, la mujer ya estaba muerta.
La autopsia confirmó la brutalidad extrema de la agresión. Erika Helene Rohrig sufrió múltiples fracturas y contusiones faciales incompatibles con la vida debido a la intensidad de los golpes. Temporao Martins fue detenido en la misma finca como presunto autor del crimen y desde entonces permanece en prisión provisional.
La investigación de la Guardia Civil apuntó inicialmente a que el detonante inmediato de la agresión pudo ser una discusión relacionada con el alcohol. Según esa hipótesis, el acusado se enfureció porque quería beber, no tenía dinero y no había cerveza en la vivienda. Sin embargo, la Fiscalía no incorpora ese posible móvil en su escrito de acusación y centra el caso en la naturaleza especialmente violenta y consciente del ataque.
El Ministerio Público acusa al procesado de un delito de asesinato con las agravantes de alevosía y ensañamiento y reclama para él una condena de 20 años de cárcel. Además, solicita que indemnice a los herederos de la víctima con 150.000 euros. La acusación particular eleva la petición indemnizatoria hasta los 300.000 euros y reclama la prisión permanente revisable al entender que la víctima era especialmente vulnerable y que el crimen estuvo marcado por una violencia extrema.