El 'hachazo' de Costas que vacía las playas de Formentera

Menos hamacas, menos sombrillas y menos elementos auxiliares. Las playas de Formentera lucirán más despejadas que nunca a partir de este verano después del duro recorte impuesto por la Dirección General de Costas y Litoral sobre las instalaciones temporales previstas para el periodo 2026-2029. La resolución elimina 681 hamacas y 339 sombrillas respecto a la propuesta inicial planteada por el Consell Insular y también deja fuera otros equipamientos utilizados por los concesionarios, como los baúles de almacenamiento en playa.

El ajuste afecta directamente a algunas de las zonas más emblemáticas y concurridas de la isla, entre ellas ses Illetes, Llevant, Migjorn, es Pujols, es Copinar y Cavall d’en Borràs, y reduce de forma notable la presencia de servicios turísticos en primera línea de costa.

Costas autoriza finalmente 1.169 hamacas y 589 sombrillas, unas cifras muy inferiores a las solicitadas inicialmente por la institución insular, que ha trasladado este miércoles el contenido de la resolución a los concesionarios de playa en una reunión celebrada en la sala de plenos y encabezada por la vicepresidenta primera y consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló.

Detrás del tijeretazo está la aplicación de la normativa OCAMAT, el reglamento balear que endurece las condiciones de ocupación de las playas y limita la presencia de hamacas, sombrillas y servicios turísticos sobre la arena; además de los informes ambientales vinculados al Parc Natural. Entre los criterios aplicados figuran la obligación de mantener una distancia mínima de diez metros respecto a la orilla, limitaciones en los tramos ocupados por instalaciones, espacios libres entre concesiones y otras restricciones orientadas a reducir la presión sobre el litoral.

En la práctica, el nuevo escenario supone una reducción importante de la explotación turística en varias de las playas más visitadas y rentables de Formentera. El Consell sostiene que ha cumplido «en tiempo y forma» todos los requerimientos técnicos, administrativos y ambientales exigidos durante la tramitación del expediente, iniciado el 2 de septiembre de 2025. Sin embargo, la institución insular asegura que el conflicto se agravó el pasado 9 de abril, cuando Costas incorporó nuevos requerimientos vinculados a criterios ambientales y de ocupación de playas que endurecieron todavía más las condiciones inicialmente previstas. El gobierno insular remitió nueva documentación los días 23 y 24 de abril, así como el 6 y 7 de mayo, respondiendo a las peticiones formuladas por la administración autonómica.

El Consell ha reiterado que comparte la necesidad de proteger el litoral y garantizar la sostenibilidad ambiental, aunque considera que los criterios aplicados en esta resolución son «excesivamente restrictivos» y no tienen suficientemente en cuenta la realidad económica y social de la isla.

Asimismo, ha advertido del impacto que el recorte puede tener sobre concesionarios, empresas y trabajadores vinculados a la temporada turística. La institución también ha recordado que el anterior equipo de gobierno adjudicó estos servicios por un periodo de seis años, mientras que la resolución autonómica únicamente autoriza cuatro temporadas, lo que deja en el aire parte de la viabilidad económica de las concesiones.