La moción del PP, Vox, Junts y UPN contra Sánchez sí tiene efectos políticos y ya se ven
El número del tardosanchismo es el siete. Siete magistrados del Supremo han condenado a Ábalos la misma semana en que los siete diputados de Junts han retirado su confianza al presidente. Y el año del juicio final de los ciudadanos también acaba en siete
Pedro Sánchez, en el Pleno del miércoles para hablar de corrupción
Caminaba como un pato cojo. Se reía como un pato cojo. Desafiaba a los adversarios como un pato cojo. Y desde esta semana Pedro Sánchez es, oficialmente, un pato cojo. Uno que ya solo chapotea en una ciénaga de corrupción y encuestas a la baja, tratando de mantenerse a flote un mes más, quizá dos, o seis, o nueve. Sin capacidad de llegar a ninguna orilla.
Sánchez abandonó el Pleno del jueves entre gritos de «dimisión» de las bancadas del PP y de Vox, que ni siquiera los aplausos sobreactuados de lo suyos pudieron ahogar. Dijo a la salida su ministro Félix Bolaños que la moción que acaba de prosperar, con 177 diputados pidiendo la dimisión del presidente y 178 retándole a someterse a una cuestión de confianza, tenía «cero efecto político»; despreciando una vez más al legislativo.
No es verdad. Por mucha propaganda socialista, no daba lo mismo que la Cámara que lo invistió presidente en noviembre de 2023 le retirara la confianza o no en una votación en el último Pleno ordinario del curso, con los votos del PP, Vox, Junts y UPN. Aunque ésta no haya tenido efectos prácticos. Como ya nada los tiene en esta legislatura que el presidente ha tomado como rehén, mientras pregunta a su espejito mágico «cómo no vamos a continuar».
El número siete
El número del tardosanchismo es el siete. Siete magistrados del Tribunal Supremo condenaron por unanimidad el lunes al exsecretario de Organización de Sánchez y exministro de Transportes a 24 años y tres meses de cárcel. Y dieron por probada la existencia de una organización criminal que anidó y operó en el corazón del Ejecutivo. Tres días después, siete diputados de Junts votaron para pedir a Sánchez que renuncie, los mismos siete que aquel 16 de noviembre de 2023 le permitieron seguir en la Moncloa a cambio de una ley de amnistía para los cabecillas del procés. El año del juicio final de la ciudadanía a Sánchez también acaba en siete, 2027.
Para entender la carga política de la votación del jueves basta rememorar los esfuerzos titánicos que el PSOE hizo en febrero del año pasado para evitar que el Pleno debatiera y votara una proposición no de ley de Junts en términos parecidos. Una que, ya entonces, instaba al presidente a someterse a una cuestión de confianza y que, aunque hubiese sido aprobada, tampoco habría tenido efectos prácticos.
Carles Puigdemont y Santos Cerdán en una reunión en el Parlamento Europeo
Entonces se produjo un tira y afloja entre socialistas e independentistas que derivó en reuniones de urgencia e incluso obligó a la intervención del verificador internacional designado por ambas partes al principio de la legislatura, el salvadoreño Francisco Galindo. El encuentro clave para que Junts retirara la iniciativa se produjo el viernes 21 de febrero en Waterloo, con Carles Puigdemont como anfitrión. Y en él participaron José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán.
Los que compraron más tiempo para Sánchez están hoy imputados en distintas causas en la Audiencia Nacional. El exsecretario de Organización del PSOE incluso tiene que comparecer quincenalmente en los juzgados de Tafalla (Navarra) porque está en libertad provisional. Aquel que viajaba recurrentemente a Ginebra, a Waterloo y a Bruselas para negociar con Puigdemont en nombre de P.S. hoy ni siquiera tiene pasaporte. El juez Leopoldo Puente se lo retiró el pasado mes de noviembre.
«Una ruptura del espacio significaría un retroceso difícil de superar», advirtió entonces el verificador internacional en un comunicado. Un año y medio después no hay retroceso, sino directamente ruptura por parte de Junts, que ya no está dispuesto ni a negociar los Presupuestos de 2027 con el Gobierno. Dicen que no van a caer en una «trampa» que huele a estrategia electoral a la legua. El Ejecutivo no ha aprobado unas cuentas públicas en toda la legislatura y finge que pretende hacerlo en año de elecciones.
Los de Puigdemont aún pueden dar un varapalo más a Sánchez antes de que acabe el curso si, en julio, impiden la convalidación en el Congreso del real decreto ley que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este lunes. Uno con el que el Gobierno quiere extender algunas medidas contra la guerra de Irán que decretó en marzo e introducir otras «de protección al tejido productivo y también a la ciudadanía», según el presidente. Aunque sin más concreción por el momento.
Hay aplausos más impostados que la sonrisa del presidente cuando vio el panel de votaciones del jueves
A Junts no va a temblarle el pulso: en el Pleno del pasado jueves tumbó un real decreto ley del Ministerio de Transportes para permitir endeudarse más a Renfe para la compra de trenes. Ello enfureció al ministro Óscar Puente: «Es difícil quejarse de que las cosas de Rodalies no van bien y luego, cuando hay que votar los recursos suficientes para las necesidades de Rodalies, votar en contra. Ante quienes responden ustedes no es ante el Gobierno, es ante el pueblo de Cataluña», afirmó retador desde la tribuna de oradores.
Los socialistas aplaudieron a Sánchez el miércoles en su comparecencia sobre corrupción, cuando presumió de que su Gobierno es el que ha «dejado atrás la corrupción sistémica» de los tiempos de Mariano Rajoy. También le aplaudieron el jueves, cuando la Cámara Baja le retiró su confianza. Y no iba a ser menos el sábado, en el Comité Federal del partido. Pero como recuerdan siempre Sánchez y los socialistas, en tono burlón, la bancada del PP también aplaudió a Pablo Casado hasta justo antes de su caída. Hay aplausos que son más impostados que la sonrisa del presidente cuando vio el panel de votaciones del jueves.
