Una semana del escándalo de los funcionarios sin alta en Baleares: de las informaciones de 'El Debate' al Senado

Se cumple una semana desde que El Debate destapase el mayor escándalo laboral en el seno de la administración pública en Baleares: el de una setentena de empleados de Justicia que han estado trabajando sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Hoy, precisamente, Día del Trabajador, el Gobierno de Pedro Sánchez debería revisar sus propios principios de empleo digno para con sus empleados.

En siete días, la denuncia sobre funcionarios sin alta en la Seguridad Social ha pasado de los tribunales de instancia (antes juzgados) de Baleares al foco político, con la intervención de la Inspección de Trabajo, el cruce de reproches entre administraciones y la decisión del Partido Popular de llevar el asunto al Senado.

El origen del caso se sitúa el pasado 24 de abril, cuando este medio denuncia que varios funcionarios de la Administración de Justicia en Baleares estaban trabajando sin haber sido dados de alta en la Seguridad Social tras tomar posesión de sus plazas dentro de los procesos de estabilización. Según fuentes del CSIF, la gerencia territorial no había podido tramitar correctamente las altas por falta de medios, lo que había generado una situación «absolutamente anómala» en la que la propia Administración incumplía la normativa laboral que exige a empresas y ciudadanos.

En los días posteriores, la información revela que el problema afecta a un grupo cercano a los 70 trabajadores, entre personal estabilizado e interinos, algunos de los cuales habrían estado desempeñando sus funciones durante semanas sin cotización efectiva. El desajuste administrativo provocó además que esas plazas siguieran figurando como vacantes en los sistemas del Ministerio, llegando incluso a ofertarse de nuevo.

La situación se enmarca en un contexto más amplio de dificultades estructurales en la Administración de Justicia en Baleares, con falta de personal, carencias de medios materiales y la implantación incompleta de nuevos sistemas informáticos, lo que ha derivado en retrasos y en una merma del servicio público, según denuncian los representantes sindicales.

Tras la publicación de las primeras informaciones, se obró «el milagro»: el 28 de abril comenzaron a producirse altas en la Seguridad Social con carácter retroactivo para parte de los afectados. Fuentes sindicales apuntan a que numerosos trabajadores recibieron la notificación ese mismo viernes, coincidiendo con la difusión del caso por parte de El Debate, lo que evidenciaría una reacción administrativa posterior a su exposición pública. El Ministerio de Justicia, por su parte, sostuvo que todos los funcionarios estaban correctamente afiliados desde su toma de posesión, aunque evitó precisar la fecha efectiva de tramitación de dichas altas.

Ese mismo día, el Govern balear exigió explicaciones al delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez Badal, al tiempo que cuestionó que una situación de este tipo pudiera producirse en la propia Administración. La controversia derivó en un cruce de declaraciones institucionales mientras el Ejecutivo central mantenía silencio durante varios días antes de ofrecer su versión.

El 29 de abril, la consejera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social del Govern balear, Catalina Cabrer, calificó el caso de «escándalo descomunal» y anunció que su departamento había trasladado los hechos a la Inspección de Trabajo. Según explicó, la denuncia sindical iba acompañada de testimonios y documentación que apuntaban a una desprotección grave de los trabajadores, algunos de los cuales no sabían con certeza su situación administrativa ni contaban con medios materiales básicos para desempeñar su labor.

Paralelamente, comenzaron a conocerse casos concretos de empleados afectados, como el de una funcionaria que habría trabajado durante 48 días sin figurar en la Seguridad Social, o el de otros trabajadores que, pese a ser dados de alta con efectos retroactivos, denunciaban semanas de incertidumbre y la posibilidad de haber quedado desprotegidos ante cualquier accidente laboral.

La dimensión política del caso se consolidó también el 29 de abril, cuando el Partido Popular anunció su intención de llevar el asunto al Senado. Los populares calificaron lo ocurrido de «fraude laboral» y exigieron responsabilidades al delegado del Gobierno en Baleares, al considerar que se había permitido que decenas de funcionarios trabajaran en situación irregular durante semanas. Asimismo, advirtieron de que la regularización posterior no elimina las posibles irregularidades cometidas ni sus consecuencias.

Una semana después de la primera publicación -y coincidiendo con el Día del Trabajador-, el caso sigue abierto, con parte de las altas ya tramitadas pero con dudas sobre el alcance real de la irregularidad, la cobertura efectiva de los trabajadores durante el periodo afectado y las responsabilidades administrativas y políticas derivadas de uno de los episodios más graves registrados en la gestión laboral de la Administración de Justicia en Baleares.