El delegado del Gobierno se borra de la polémica de los funcionarios que trabajan sin estar dados de alta

No hay respuesta de Delegación de Gobierno. El Debate quiso este viernes conocer la reacción del Delegado del Gobierno a la noticia avanzada por este medio acerca de la existencia de una veintena de trabajadores de Justicia de Baleares que están trabajando sin estar dados de alta en la Seguridad Social, pero no ha obtenido contestación. Fuentes de la institución indicaron que consultarían con el Gabinete este extremo pero el mensaje de vuelta no ha llegado a este periódico.

Horas antes, el portavoz del Govern, Antoni Costa, pedía explicaciones al socialista Alfonso Rodríguez Badal por la noticia: una veintena de empleados de la Administración de Justicia están ejerciendo sin que se les haya dado de alta en la Seguridad Social, algo perseguido por Inspección de Trabajo y por la autoridad laboral. Llegado el caso, hasta judicializado. El colmo de la paradoja.

«¿Qué diría el delegado del Gobierno si esto sucediese en la administración autonómica, en un municipio o en una empresa? Pues que se autoaplique a sí mismo lo que le exigiría a cualquier administración o empresa», afirmaba este viernes el portavoz en rueda de prensa.

Se trata de empleados que han tomado posesión de su plaza dentro de los procesos de estabilización, pero cuya incorporación no ha sido comunicada correctamente a los órganos centrales ni regularizada administrativamente. «Hay compañeros que han tomado posesión y no están dados de alta en la Seguridad Social», advertía en este medio Pablo Rodríguez, portavoz de CSIF Justicia en Baleares. Según explicaba, la gerencia territorial no ha podido tramitar estas altas por falta de medios humanos, lo que ha derivado en una situación que califica de «absolutamente anómala».

Basta detenerse en que, si un inspector de Trabajo visita una empresa y detecta que uno (o varios) de los trabajadores no figuran en la Tesorería General de la Seguridad Social, esa empresa es propuesta para sanción (multa), debe asumir el coste acumulado e, incluso, podría ser denunciada por lo penal.

«Es el gran disparate. La Justicia, la Administración entera, debería ser ejemplar. No puede exigir al privado lo que ella no cumple como poder público», indica Rodríguez (CSIF).

Una semana 'horribilis' para la Justicia

Desde luego, no ha sido la mejor semana para la Administración de Justicia en Baleares. El poder judicial salía el miércoles en rueda de prensa para hacer balance de 2025 y la radiografía era demoledora: unas 200.000 personas seguían pendientes de la resolución de la resolución de un caso judicial al cierre del pasado año, una cifra que prácticamente dobla las listas de espera de la sanidad pública.

A ello se suman las noticias desveladas por este medio acerca del estado (famélico) de las plantillas y sus medios materiales. Por un lado, la existencia de, al menos, una veintena de empleados que trabajan sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Por otro, la imposibilidad de otra porción de trabajadores que se pasan el día de brazos cruzados porque, literalmente, no tienen mesa y ordenador en el que tramitar, gestionar o ejecutar toda la documentación que cualquier proceso judicial, de cualquier jurisdicción, conlleva.

Además, la reciente implantación de la 'Ley Bolaños' ha mermado aún más la ya mermada Justicia balear. La reorganización interna que ha implantado, en unos plazos «absolutamente irreales» -como denuncian desde el CSIF- sumado al atasco previo, ha resultado una tormenta perfecta.

El tercer poder está en los huesos.