Justicia corre para dar de alta a sus funcionarios en la Seguridad Social tras las revelaciones de El Debate

La Justicia va lenta, pero sabe esprintar cuando algún medio saca sus miserias. En Baleares, una veintena de auxiliares de la Administración de Justicia han estado trabajando sin estar dados de alta en la Seguridad Social durante un mes. Milagrosamente, el viernes pasado, cuando El Debate publicó la noticia, recibieron el aviso de su integración con carácter retroactivo. «Nos consta que el viernes se produjeron muchas altas en la Seguridad Social», informan a este medio fuentes sindicales.

Lo que subyace tras este súbito ejercicio de eficacia administrativa es, sin embargo, un desorden estructural que va mucho más allá de un simple error puntual. El origen del problema se sitúa en un proceso de estabilización de funcionarios procedentes de la península —alrededor de setenta— que debían causar baja en sus destinos anteriores y ser dados de alta en Baleares. Ese trámite es básico, tanto en la Administración como en el sector privado (toda empresa debe dar de alta a sus trabajadores so pena de multa, pagos atrasados y recargos), pero la propia Administración pública no lo hizo ni en tiempo ni en forma. El resultado: unos 70 trabajadores desempeñando sus funciones en una suerte de limbo jurídico durante aproximadamente un mes.

Por categoría, unos cincuenta funcionarios habrían estado en situación irregular, a lo que habría que sumar el personal interino que, lejos de corregir el problema, lo ha agravado. Según los testimonios recabados, se estarían incorporando en torno a una docena de interinos por semana sin que se formalice el alta de todos ellos en la Seguridad Social. Una práctica, según fuentes consultadas, que se remontaría al menos al mes de febrero.

El impacto de esta irregularidad no es menor. Más allá de la evidente vulneración de la normativa laboral, las consecuencias afectan directamente a los derechos de los trabajadores. Sin alta efectiva, no hay cotización reconocida; sin cotización, cualquier prestación futura —desde una incapacidad temporal hasta el desempleo— queda comprometida. El Ministerio ha intentado corregir el desfase mediante efectos retroactivos, pero no siempre con plena garantía jurídica. En la práctica, hay casos de trabajadores sin cotización efectiva desde el día uno de su incorporación.

La versión del Ministerio

Y todo esto el Ministerio lo desmiente. Fuentes oficiales del departamento de Bolaños indican a El Debate que «ningún funcionario está prestando servicios sin la correspondiente afiliación a la Seguridad Social. 90 funcionarios de carrera han tomado posesión de sus destinos en Illes Balears en las últimas semanas, fruto del proceso de estabilización de personal funcionario de los cuerpos de la Administración de Justicia, con la consecuente tramitación de las altas, en todos los casos efectivas desde la toma de posesión».

Las fuentes consultadas por este medio indican que, efectivamente, el engranaje se ha puesto en marcha, pero lo ha hecho después de que el caso saliese a la luz. «Curiosamente los mensajes de altas comenzaron a llegar el mismo viernes».

¿Y si lo hace una empresa?

El cronograma del despropósito arranca el viernes, con la publicación de la noticia y la exigencia de explicaciones del Govern al delegado del Gobierno en la rueda de prensa de después del Consell de Govern.

El portavoz, Antoni Costa, se preguntaba: «¿qué sucede cuando la Seguridad Social detecta en una empresa trabajadores sin el alta correspondiente? Actúa de inmediato» y señalaba al delegado del Gobierno en Baleares. «¿Qué diría el delegado si esto sucediese en la administración autonómica, en un municipio o en una empresa? Pues que se autoaplique a sí mismo lo que le exigiría a cualquier administración o empresa».

El Debate se puso entonces en contacto con el gabinete de Alfonso Rodríguez para que replicase a Costa y, sobre todo, para que explicase la situación anómala de esos trabajadores públicos, pero no ha sido hasta este lunes —cuatro días después— que este medio ha obtenido la respuesta anteriormente citada del Ministerio.

En ella, además, se obvia el detalle de la fecha del alta real (no efectiva) del trabajador, es decir, la fecha en la que se inscriben y que deja rastro del empleador. Cuatro días de silencio para acabar despachando el asunto con un mensaje de WhatsApp.