«O el Gobierno sube el complemento de insularidad o la Justicia en Baleares colapsará»

La Justicia está hecha un cisco en España, pero en Baleares el problema adquiere dimensiones de auténtico drama. La acumulación de retrasos, la falta de personal y el desorden organizativo han convertido el funcionamiento de los juzgados en una carrera de obstáculos que afecta ya a cientos de miles de ciudadanos. Solo en las islas, alrededor de 200.000 personas están pendientes de la resolución de unos 120.000 asuntos judiciales, según el último balance del poder judicial.

«La gente tiene que entender que la Justicia no es sólo el juez que se sienta y sentencia. Hay muchos trámites detrás y para esos trámites y gestiones, debe haber suficientes funcionarios». Y no los hay. "Traducido a la calle significa que mañana no puedes pedir una ayuda por hijos porque no se ha inscrito el nacimiento. Puede significar que la sepultura de un fallecido, tarde. Puede significar que no puedas pedir un empadronamiento porque te falta cualquier documento».

El clamor sindical es unánime. El representante de Justicia en el CSIF, Pablo Rodríguez, advierte la insostenible situación que atraviesa la Administración de Justicia en las islas, igual que ya lo hiciera días antes -en este mismo medio- el secretario del sector de la Administración General del Estado (AGE) de UGT en Baleares, Fernando Martorell. Ambas organizaciones coinciden en que los servicios públicos dependientes del Estado (Justicia, SEPE, Seguridad Social, Tráfico, Correos, etc.) están «en una situación crítica» debido a la falta de personal. Plantillas a medias que no se cubren por el alto coste de la vida en Baleares en contraposición a sueldos miserables. «¿Qué empleado público que acaba de entrar va a pedir este destino si le pagan 1.500 euros y sólo una habitación ya son 700? Ninguno. Estas islas son un destino de castigo y en cuanto pueden, huyen», explican desde el CSIF.

Una buena muestra es la propia gerencia de la Administración de Justicia, que trabaja con la mitad de su plantilla. «Hacen lo imprescindible: pagarnos, arreglar situaciones urgentes y poco más». De ahí las anomalías administrativas, como la desvelada por El Debate esta semana acerca de una veintena de auxiliares que trabajan sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Algo castigado severamente por la propia Administración en el caso de cualquier empresa privada. »Es la gran paradoja«, comenta Rodríguez. »La Justicia, que debería ser ejemplar y cumplir, como mínimo, con lo exige al ciudadano y a las empresas, pero no lo está haciendo. Y no lo es porque no tiene manos".

La solución -están hartos de repetir los sindicatos desde hace años décadas- pasa por un aumento del complemento de insularidad que cubra lo que realmente le cuesta al funcionario venir a trabajar en las islas. «O el Gobierno central asume esta realidad o la Justicia (extensible al resto de servicios públicos estatales- colapsará», indican.

«Una persona que aprueba una oposición y trabaja en Burgos cobra lo mismo que alguien que trabaja en Palma, pero el sueldo no cunde igual». Los sindicatos apuntan a las cifras de Ceuta y Melilla, como mínimo, para atajar la sangría. «En Baleares son 100 euros más. Con eso no arreglas nada».

De hecho, ni siquiera las bolsas de interinos logran responder a la demanda. «Tenemos una bolsa complementaria de cerca de 1.000 personas, pero llamas y vas recibiendo un 'no' tras otro». La alternativa es recurrir a servicios de empleo (la ley lo contempla), incorporando personal sin experiencia que requiere formación. «Eso entorpece, porque no cunde lo mismo trabajar que enseñar y trabajar».

El caso de Artà y el caos de Bolaños

Ese colapso alcanza también a servicios básicos como el Registro Civil o las actuales oficinas de justicia municipal, antes juzgados de paz. «Tenemos algunas cerradas porque no hay personal». El caso de Artà es paradigmático: «Había dos funcionarias. La gestora está de baja y durante cerca de dos meses se dejó al auxilio solo, haciendo funciones de cuerpos superiores. Ha petado. Ha estado ingresada en psiquiatría y el juzgado está cerrado».

A este escenario se suma la reciente reorganización derivada de la implantación de los tribunales de instancia, que ha afectado a unos 1.500 funcionarios en Baleares. El cambio ha supuesto la desaparición de destinos concretos y la reasignación a servicios comunes, muchas veces sin planificación suficiente. «Había funcionarios paseándose por los despachos buscando en qué mesa ponía su nombre. Eso no puede ser».

Las consecuencias son especialmente graves en determinadas jurisdicciones. «Civil está hasta arriba, pero social es la que está señalando juicios para más tarde. Y eso es gravísimo». Retrasos que, en la práctica, desvirtúan el propio sentido de la justicia. «Un despido no puede celebrarse un año y pico después. Una reclamación de prestación tampoco».

La situación se repite, con matices, en todas las islas. Ibiza y Menorca, tradicionalmente tensionadas, presentan ahora un escenario aún más complejo. «Si llamas por teléfono para preguntar quién lleva tu asunto, te reto a que lo encuentres. No lo encuentra el público y tampoco los profesionales».

Detrás de todo ello hay un problema de fondo que, según denuncian, trasciende lo organizativo. «Porque a nadie le interesa la Justicia. A los políticos y a los poderes, menos. La justicia es el único poder que puede vigilarles». Mientras tanto, quienes sostienen el sistema advierten del desgaste. «Los compañeros están agotados. Un día puedes hacer un esfuerzo, pero cuando eso es continuo es peligroso para la salud».

Y en medio de ese colapso, el ciudadano espera y desespera. Espera una resolución, un trámite, un documento. Espera, en definitiva, que el sistema funcione. Pero hoy, en Baleares, la Justicia no llega a tiempo.