El Govern denuncia ante Inspección de Trabajo el caso de los funcionarios de Justicia desvelado por El Debate

El Govern balear que preside Marga Prohens eleva el tono frente a lo que considera una «gravísima anomalía laboral» en el seno de la Administración de Justicia en las islas. Tras las informaciones publicadas el pasado viernes por El Debate, el Ejecutivo autonómico ha movido ficha este lunes y ha puesto los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo, señalando directamente a una estructura que depende del Gobierno central.

La iniciativa parte de la conselleria de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, encabezada por Catalina Cabrer, quien ha querido conocer de primera mano el alcance de unas irregularidades que afectan, según los sindicatos, a decenas de trabajadores. Cabrer, acompañada por la directora general de Treball i Salut Laboral, Mari Luz Moreno, se ha reunido con representantes del sindicato CSIF para recabar detalles de una situación que, lejos de ser puntual, apunta a fallos estructurales.

Tal y como avanzó este medio hace cuatro días, las anomalías comienzan cuando cerca de un centenar de funcionarios acceden a sus plazas tras un proceso de estabilización. Son trabajadores que se incorporan al trabajo pero la gerencia no tramita su alta en la Seguridad Social. El mismo sindicato le resta responsabilidad porque reconoce que «no tienen medios suficientes. Están bajo mínimos y hacen lo que pueden». El responsable directo, dicen, es el Ministerio de Justicia que no dota a Baleares como toca.

Inspección de Trabajo, en manos de Yolanda Díaz

Desde el Govern se subraya que estas disfunciones son responsabilidad del Estado y por ello ha optado por activar los mecanismos de control habida cuenta que Cabrer es la máxima autoridad laboral de las islas. La decisión de trasladar el caso a Inspección de Trabajo -dependiente del Ministerio de Yolanda Díaz- supone, en la práctica, elevar el conflicto y exigir responsabilidades más allá del intercambio administrativo.

Pero los problemas no terminan ahí. Durante la reunión también se abordó la carencia de equipos informáticos, también desvelada por este medio la semana pasada.

A esta suma de deficiencias materiales y administrativas se añade un impacto creciente sobre la salud laboral. El sindicato ha alertado de un incremento de bajas vinculadas al estrés y la ansiedad, en un contexto de sobrecarga y desorganización que tensiona a una plantilla ya de por sí marcada por la temporalidad. De hecho, otro de los puntos críticos es el elevado porcentaje de personal interino, que dificulta la estabilidad del servicio.

En este sentido, los representantes sindicales han puesto sobre la mesa un acuerdo con Función Pública en Madrid que, según denuncian, no se estaría aplicando. También han advertido de que, sin una mejora del plus de insularidad, seguirá siendo complicado cubrir plazas en Baleares, perpetuando así el círculo de precariedad y falta de recursos.