Baleares aprieta el cerco al intrusismo del alquiler ilegal que se multiplica con el boom turístico

Baleares, y en particular Ibiza, libra una batalla desigual contra el intrusismo. No es un fenómeno nuevo, pero la rentabilidad salvaje que ofrece hoy el turismo ha disparado un motor de economía sumergida que ya no se esconde. Ya no hablamos solo de un piso alquilado sin licencia; es un engranaje completo que mueve maletas de efectivo, esquiva al fisco y revienta las reglas del juego para quienes sí pagan sus impuestos.

En una isla donde cada metro cuadrado se ha convertido en un recurso escaso, estas actividades «en B» no solo generan ingresos opacos sino que también ocupan espacio físico y económico en un territorio ya saturado. Viviendas que se convierten en negocios turísticos sin autorización, vehículos que transportan pasajeros sin licencia, servicios técnicos sin cualificación o talleres clandestinos forman parte de una red informal que, aunque ilegal, existe y opera con relativa normalidad durante la temporada alta.

Los datos más recientes del Ayuntamiento de Sant Antoni, uno de los más grandes y turísticos de la isla, ofrecen una fotografía bastante clara de esta realidad. Durante el final de la pasada temporada turística, los Agentes de Intrusismo y Convivencia del municipio, en coordinación con la Policía Local, intervinieron en cerca de un centenar de viviendas tras recibir avisos por posibles irregularidades.

El resultado de las inspecciones confirma que el problema está lejos de ser anecdótico. De las viviendas revisadas, 36 funcionaban directamente como pisos turísticos ilegales y en otros 17 casos se levantaron actas de control al detectarse indicios de actividad irregular. En otras palabras, más de la mitad de las inspecciones terminaron señalando posibles incumplimientos de la normativa.

Detrás de muchas de estas viviendas se esconde un modelo de negocio que opera fuera del radar fiscal. No dejan huella. Son alquileres que se cierran en efectivo, reservas que se apalabran por canales informales o anuncios en plataformas que se esfuman en cuestión de horas. Es un dinero que nunca llega a Hacienda ni ayuda a sostener los servicios públicos, pero que alimenta un negocio redondísimo en uno de los rincones más exclusivos del Mediterráneo.

Pero el golpe no es solo a las arcas públicas; lo sufren, sobre todo, los que viven allí. En cualquier edificio de la isla es fácil detectar cuándo un vecino tiene un piso turístico clandestino: es ese trajín constante de maletas, gente que entra y sale cada pocos días, fiestas que no tocan y ruidos a horas intempestivas. Al final, la convivencia se resiente.

Línea Verde

De hecho, la mayoría de las inspecciones en Sant Antoni han nacido precisamente de ahí, de la indignación de los vecinos. Muchos han utilizado la plataforma municipal Línea Verde para dar la voz de alarma. En una isla donde encontrar un alquiler legal ya es una odisea, ver cómo las viviendas desaparecen del mercado para convertirse en hoteles encubiertos es algo que la comunidad no está dispuesta a pasar por alto.

Para atajar el problema antes de que arranque la temporada, el Ayuntamiento se ha reunido con Enrique Gómez Bastida, director insular de Seguridad. El objetivo del encuentro ha sido evaluar qué está funcionando y dónde hay que apretar más.

La conclusión principal es que hace falta una coordinación real entre administraciones. El intrusismo no es un caso aislado sino un fenómeno que se mueve rápido y sabe cómo esquivar los controles. Por eso, el plan ahora pasa por formar a los agentes en técnicas específicas para detectar estos indicios de actividad ilegal y entender los trucos de la economía sumergida. Además, el Ayuntamiento ya ha confirmado que reforzará la plantilla de Agentes de Intrusismo y Convivencia para ganar eficacia sobre el terreno.

Oferta ilegal por todo y de todo

No obstante, este escenario de opacidad no es exclusivo de la vivienda; el propio Govern balear admite que el problema se ha ramificado con fuerza. Existe un ecosistema de actividades sin licencia, servicios prestados por personal sin cualificación y negocios que operan totalmente al margen de cualquier control administrativo.

Para frenar esta sangría, se ha puesto en marcha la Mesa de Lucha contra el Intrusismo. Este nuevo órgano nace con la misión de coordinar el cerco a la oferta ilegal, que ya afecta por igual al comercio, la industria, el transporte de pasajeros e incluso al sector náutico.

La Mesa sienta en la misma estrategia a representantes de las consellerias, los consells insulares, la Federación de Entidades Locales y la Delegación del Gobierno. Una alianza institucional necesaria para intentar poner orden en un mercado que, hasta ahora, parecía no tener reglas.

Su función será mejorar la coordinación institucional y diseñar políticas más eficaces para prevenir y combatir el intrusismo.

Tras la Semana Santa se crearán subgrupos de trabajo específicos para cada sector afectado. La idea es analizar las particularidades de cada actividad y proponer medidas realistas que permitan reducir el peso de la economía sumergida.

Ibiza, de hecho, se ha convertido en uno de los principales escenarios de esta batalla. El modelo de coordinación impulsado por el Consell de Ibiza para combatir la oferta turística ilegal ha sido señalado por el Govern como un ejemplo que ahora se quiere replicar en el resto del archipiélago.

Según datos del Ejecutivo autonómico, durante el último año se han eliminado más de 30.000 plazas de oferta ilegal en Baleares gracias a las actuaciones conjuntas de administraciones.

Aun así, las instituciones reconocen que el problema sigue siendo profundo. En un territorio limitado, con millones de visitantes cada año y una economía fuertemente dependiente del turismo, la economía sumergida encuentra siempre nuevos huecos donde instalarse. Y cada una de esas actividades ilegales, aunque parezca pequeña, ocupa espacio —económico y físico— en unas islas que ya viven al límite de su capacidad.