Prohens, sobre la regularización: «No todo el mundo que llega es un delincuente pero tampoco es un ser de luz»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha vaticinado un empeoramiento de los servicios públicos y una mayor presión sobre el mercado de la vivienda como consecuencia de la regularización extraordinaria de inmigrantes, después de que este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado el texto del decreto del Gobierno de Pedro Sánchez.

«La regularización ignora el crecimiento poblacional, la emergencia habitacional y la presión asistencial de los servicios sanitarios de Baleares», ha afirmado la líder balear a preguntas de los periodistas. «El resultado serán peores servicios públicos para los ciudadanos de Baleares, porque esta regularización no viene con el compromiso de más financiación». Ahí ha aprovechado, precisamente, para exigir al Gobierno de Sánchez la tan reclamada renovación del sistema de financiación autonómico.

Recurso de Baleares

Asimismo, la presidenta ha subrayado que el Govern presentará ya mismo un recurso ante el Tribunal Supremo y tratará de conseguir la suspensión cautelar de la medida, que entrará en vigor este jueves.

«El coste práctico de esta regularización recae única y exclusivamente sobre las comunidades autónomas, por lo que consideramos que la podemos recurrir», ha justificado.

Prohens también ha insistido en que la regularización supondrá un «efecto llamada» y beneficiará «a las mafias que hacen negocio con algo que es innegociable, la dignidad de cualquier vida humana».

«El Govern, en la misma línea que todos los países europeos de diferente signo político, defiende una inmigración legal y ordenada. Baleares siempre ha sido una tierra de acogida de quien viene a trabajar, a sumar, a integrarse y a respetar las leyes y la cultura», ha subrayado.

Racismo y fascismo

La balear también ha ironizado sobre la marcha atrás que ha dado el Ejecutivo con una de las exigencias para conseguir los papeles: la eliminación de la declaración responsable para acreditar la ausencia de antecedentes penales.

«Si esperan que dé las gracias por limitar que no entren delincuentes en este proceso de regularización... Me parece lo mínimo que se pida un certificado de penales más allá de la declaración responsable», ha apuntado la líder regional, quien ha criticado que la izquierda le llamara «racista y fascista» por «no querer dejar entrar a delincuentes sin preguntarles si son delincuentes». «No todo el mundo que llega es un delincuente, no me encontrarán en ese discurso, pero no todo el mundo que viene es un ser de luz», ha incidido.