El futuro de la cogestión aeroportuaria en Baleares: las tres claves del pulso que llega ahora al Congreso

El Parlamento de las Islas Baleares ha aprobado este martes una proposición de ley orgánica para reformar el modelo de gestión de sus aeropuertos. La iniciativa, validada con los 34 votos de PP y Més - el PSOE se ha abstenido y Vox ha votado en contra-, busca modificar el actual equilibrio de poder con el Estado y otorgar a las instituciones insulares una capacidad de decisión

El nacimiento de esta vía balear que aspira a reconfigurar el modelo de Estado con la aprobación de la ley de cogestión aeroportuaria supone un órdago político que coloca al archipiélago a la vanguardia de la ambición competencial, superando incluso los techos históricos que el Gobierno central ha negociado con el País Vasco y Cataluña.

El texto inicia ahora su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde se enfrentará a un complejo escenario político. Mientras el PP balear defiende la necesidad de limitar el crecimiento de las instalaciones para frenar la saturación turística, el PSOE se ha abstenido cuestionando la constitucionalidad de la norma y Vox ha votado en contra.

Estas son las tres claves técnicas y políticas que definen la propuesta:

El carácter vinculante de las decisiones

Hasta ahora, las comunidades autónomas participaban en los comités aeroportuarios con un papel meramente consultivo; Madrid escuchaba, pero Aena decidía. La nueva ley rompe este esquema al exigir informes vinculantes. Esto otorgaría al Govern balear un derecho de veto real sobre los planes estratégicos, permitiéndole bloquear ampliaciones de infraestructura o cambios en la operatividad de los aeródromos si considera que perjudican el interés de las islas.

Gestión de la capacidad de carga

Por primera vez, una administración autonómica vincula legalmente la gestión del espacio aéreo con la capacidad de carga territorial. El argumento es que de nada sirve poner límites a las plazas turísticas en tierra (hoteles o alquiler vacacional) si no se tiene el control sobre la principal puerta de entrada. Baleares reclama decidir el número de vuelos, las frecuencias y las rutas para que el aeropuerto deje de ser un motor de crecimiento ilimitado y pase a ser una herramienta de contención.

Nueva mayoría en el Comité de Coordinación

El punto más polémico para el Gobierno central es la composición del nuevo Comité de Coordinación Aeroportuaria. La ley propone un órgano donde el Estado pierde la mayoría de votos en favor de las instituciones insulares (Govern, ayuntamientos y consells).

Durante su tramitación parlamentaria, a raíz del pacto entre los populares, los ecosoberanistas y los menorquinistas, la proposición de ley fue objeto de modificaciones y sufrió la retirada de muchos de sus artículos iniciales.

La iniciativa era mucho más ambiciosa en un primer momento, dado que contemplaba la transferencia de la titularidad y las competencias de los aeropuertos de Baleares a la administración autonómica y la creación de una Autoridad Aeroportuaria de Baleares.

No obstante. Estas exigencias van más allá de lo pactado por el Gobierno de Pedro Sánchez con el País Vasco o Cataluña, lo que sitúa al PSOE en una posición difícil y al PP balear en una línea de máxima ambición autonómica que podría chocar con la dirección nacional de su partido en el Congreso. La batalla se traslada ahora a las Cortes.