El PP acusa al Gobierno de amparar el «trabajo en B» en los juzgados de Baleares y eleva el caso al Senado

El Partido Popular ha puesto contra las cuerdas a la Delegación del Gobierno en Baleares al denunciar un escenario de «fraude laboral» que golpea el centro de la Administración de Justicia. Tras las revelaciones de El Debate, los populares han exigido la dimisión inmediata del delegado Alfonso Rodríguez Badal, al que señalan como máximo responsable de que decenas de funcionarios hayan estado trabajando durante semanas de forma irregular, sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Un «escándalo» que para el PP deja al Estado a los pies de los caballos.

«No se trata de un incidente aislado, sino de un fallo grave del Gobierno que ha provocado que decenas de trabajadores públicos fueran trasladados a Baleares sin estar de alta», advierte el PP. Desde el pasado 20 de febrero estos empleados han desarrollado su labor en condiciones «impropias», sin cotización, sin retribuciones y bajo una «desprotección social» que vulnera sus derechos más básicos.

«Esto no es un error administrativo sino un fraude intolerable. El Gobierno ha permitido que trabajadores públicos desarrollen sus funciones sin estar dados de alta. Y eso, dicho con toda claridad, es pretender normalizar el trabajo en B dentro de la propia Administración del Estado», sentencian los populares.

En su denuncia, equiparan la deriva del Ministerio con la «economía sumergida», y afirman que el Estado «no puede comportarse como un delincuente cualquiera». En palabras de los populares: «Lo que estamos viendo es gravísimo. Esa deriva recuerda a prácticas propias de una mafia, actuando fuera de las reglas y, cuando se les sorprende con las manos en la masa, no asumen responsabilidades».

El silencio del delegado del Gobierno

El foco de la responsabilidad política se sitúa sobre la figura del delegado del Gobierno en las Islas. El PP sostiene que «Rodríguez Badal es el primer y último responsable de lo que ocurre bajo su autoridad» y critica su falta de comparecencia ante la crisis. «Baleares no puede permitirse un delegado del sanchismo que no soluciona nada y que, cuando hay que dar explicaciones, desaparece. Ese silencio le delata y viene a confirmar que Rodríguez Badal estaba en el ajo», insistieron.

Respecto a los intentos del Ejecutivo por subsanar la situación en los últimos días de tapadillo, el PP avisa de que «la regularización tardía no les va a servir de coartada. Que ahora se les haya dado de alta no corrige lo ocurrido, ni borra semanas de ilegalidad». Al contrario, dice, les delata aún más la gravedad de los hechos. Porque demuestra que sabían lo que hacían».

Rumbo al Senado

Como ha informado este diario en los últimos días, el desglose técnico de la irregularidad afecta a 70 funcionarios que debían haber sido tramitados desde sus comunidades de origen, un proceso que «no se realizó» y que dejó a los trabajadores en una «situación de absoluta indefensión» y sin cobertura ante posibles accidentes laborales. «Ese tiempo no cuenta para su vida laboral, no cuenta para su pensión ni para ninguna prestación. Es una pérdida de derechos inaceptable», lamentan desde el PP.

El PP ya ha anunciado que trasladará el conflicto al Senado ante la opacidad del Ejecutivo. «Queremos saber quién dio la orden, quién conocía esta situación y por qué se permitió que estos trabajadores se incorporaran sin alta», exigen, lanzando una advertencia final. «Si no da explicaciones en Baleares, las tendrá que dar en Madrid. Le vamos a llamar al Senado. Allí no podrá esconderse ni guardar silencio. Que se prepare bien porque no vamos a permitir ni una pregunta sin respuesta», aseguran.