El 'simpa' de 2,2 millones de PSOE y Podemos en Ibiza que ningún funcionario se atreve a bendecir

Los cajones del Consell Insular de Ibiza guardan un simpa contable de dimensiones millonarias que ha terminado por estallar en los juzgados. Se trata de una deuda con la entidad Amadiba que ya escala hasta los 2,2 millones de euros y que se ha convertido en un expediente problemático. La razón es que ningún técnico se presta a poner su rúbrica para autorizar el pago porque presuntamente no hubo una contratación reglada.

El origen de este entuerto se remonta al periodo entre 2016 y 2019. Bajo el gobierno del Pacte (PSOE y Podemos), la institución puso en manos de Amadiba la creación de una red de servicios sociales para solventar el déficit histórico de recursos que sufría la isla. Sin embargo, en lugar de articular un concierto reglado bajo los principios de publicidad y concurrencia, se optó por una vía mucho más sinuosa, confeccionando un traje a medida para la entidad

La entidad social llevó a cabo trabajos para la institución insular por 1,7 millones. La responsable de la contratación había sido Lydia Jurado, de Podemos, entonces consellera insular de Bienestar Social. Pero el anterior Gobierno presidido por el socialista Vicent Torres no abonó estos pagos, y cuando el popular Vicent Marí se hizo con las riendas de la institución ibicenca en 2019, se encontró con un problema que no ha dejado de engordar por los intereses.

Los técnicos se niegan a firmar las facturas

Fuentes conocedoras del caso han explicado a El Debate que durante el gobierno del socialista Vicent Torres «se fueron contratando cosas con Amadiba y los pagos se hacían mediante reconocimientos extrajudiciales de deuda o con omisiones de la Intervención». Las mismas fuentes añaden que aquellos pagos se podían ejecutar porque «los técnicos confirmaban que el servicio se había prestado».

El problema llegó cuando los mismos técnicos no dieron su visto bueno a las facturas presentadas. «Los servicios que se prestaron sí se pagaron. Pero esas facturas no correspondían a servicios prestados y el Consell [ del socialista Vicent Torres] se negó a pagar porque nadie quería conformar las facturas. Buscaban formas de hacerlo pero no tenían razón», apuntan.

Causa archivada

Con el cambio de gobierno en 2019, el entonces nuevo presidente del Consell, Vicent Marí, fue informado de que existía una reclamación de deuda millonaria. Tras constatar lo que había sucedido, el Consell del PP decidió recurrir a los tribunales, pero la causa fue archivada. Y es entonces cuando decidió encargar un informe para estudiar el fondo de la reclamación de Amadiba.

Altos funcionarios de la institución redactaron en 2023 un informe de 140 páginas que apunta a la connivencia entre Amadiba y algunos representantes del Consell para la implantación de esta entidad en la isla de Ibiza.

Este informe relata paso a paso cómo la entidad fue haciéndose con servicios insulares públicos sin que presuntamente la Administración cumpliera los pasos legales necesarios para ello y hablan de «confabulación».

Apertura juicio oral

Este informe fue remitido por el Consell Insular a los tribunales y recayó en el juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza que, tras más de un año de investigación, ha ordenado ahora la apertura de juicio oral contra Lydia Jurado por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Esta causa no nace de una guerra política entre el PP y el PSOE, sino de la propia denuncia de los funcionarios del Consell de Ibiza, celosos del cumplimiento de la legalidad ante un procedimiento que califican de ejecución «a capón».

Paralelamente y ante la negativa del Consell a abonar las facturas, Amadiba presentó un contencioso-administrativo cuyas testificales han sido señaladas para 2027. «Reclaman 2,2 millones de euros por unos servicios que no está demostrado que prestaran», han concluido las mismas fuentes, «pero la pregunta que hay que responder es quién los pidió».