Un informe destapa que la izquierda prestó servicios sociales «al margen de la ley» y sin contrato en Ibiza

Un demoledor informe interno del Consell de Ibiza, elaborado por tres altos funcionarios de la institución, pone en entredicho la gestión de los servicios sociales durante la legislatura 2015-2019 bajo el mandato del socialista Vicent Torres y de la consellera de Podemos, Lydia Jurado. El documento, de 137 páginas, denuncia la existencia de contratos con la entidad Amadiba firmados «al margen de la ley» y sin tramitación administrativa alguna.

El texto describe un escenario de presunto «menosprecio de las normas básicas» y advierte de que las «buenas intenciones» políticas no justifican haber obviado los principios de transparencia y libre concurrencia. Llega a señalar, incluso, el acceso privilegiado de la entidad a pisos de propiedad institucional sin concurso previo.

El documento, de 137 páginas, al que ha tenido acceso El Debate, analiza la reclamación de más de 2 millones de euros presentada por la asociación Amadiba y describe cómo se articularon los servicios entre 2017 y el final de aquella legislatura de coalición de izquierdas.

Este informe fue encargado por el actual equipo de gobierno del PP tras descubrir una factura millonaria que ningún funcionario se atrevía a firmar, y por tanto no puede abonarse. El agujero ha seguido engrosando por los intereses hasta los 2,2 millones de euros.

No consta tramitación administrativa

Uno de los elementos más graves que recoge este documento, elaborado por técnicos, es la existencia de contratos firmados entre ambas partes sin respaldo administrativo. En concreto, se menciona que, tras revisar los archivos de la institución, «no consta ninguna tramitación administrativa respecto de este contrato para su formalización».

Esta afirmación se repite en relación con distintos documentos suscritos en 2018, lo que, según el informe, evidenciaría que algunos servicios pudieron prestarse sin seguir los procedimientos obligatorios en la contratación pública.

Además, el propio informe reconoce que la situación requiere un análisis «cuidadoso y cauto» para determinar si existió realmente un encargo formal por parte del Consell. En este sentido, señala la necesidad de aclarar «cuáles son los servicios por los que se reclaman estas cantidades, quién y cómo se encargaron». Una afirmación que pondría en duda la existencia de una relación contractual clara.

El documento también cuestiona el relato de Amadiba sobre la existencia de un acuerdo con responsables políticos del Consell para implantar una red de servicios sociales en la isla. Según el informe, resulta llamativo que se hable abiertamente de un «acuerdo» sin que exista constancia formal del mismo en los términos exigidos por la legislación administrativa. En este sentido, el texto indica que «parece que se ha actuado al margen de la ley, con menosprecio de las normas básicas que han de regir la actuación administrativa».

De este modo, el informe alerta de una posible vulneración de los principios básicos que rigen la actuación de las administraciones públicas, especialmente en lo relativo a la gestión de fondos públicos.

Estudios de viabilidad

El informe recuerda además que cualquier creación o implantación de servicios sociales por parte de una administración debe ir precedida de estudios de necesidad, viabilidad económica y sostenibilidad financiera, tal y como exige la normativa vigente: «La Administración pública, obviamente, persigue los intereses generales, pero no puede actuar de una forma completamente libre, sino que ha de adecuar su actuación a la legalidad vigente».

Sin embargo, el propio documento sugiere que estos requisitos podrían no haberse cumplido en este caso, lo que reforzaría la hipótesis de una actuación irregular en la puesta en marcha de los servicios.

En este sentido, el documento señala en su página 18 que «sin perjuicio de que sea loable que una entidad, tanto con ánimo de lucro como sin, quiera mejorar unas prestaciones y la atención a determinados colectivos (…), eso no convierte de pleno en pública esta atención y tampoco implica que se haya de obviar el ordenamiento jurídico para beneficiarla individualmente, sin la observancia de las más elementales normas administrativas, por mucho que el objeto de la entidad sea elevado, digno y respetable».

En la misma página, el informe recuerda, además, que la Administración pública «ha de respetar el ordenamiento jurídico». «Los responsables políticos no pueden actuar sin más, con plena libertad, aunque sea movidos por buenas intenciones, porque a veces las buenas intenciones ocultan otras o perjudican otros intereses y otros derechos que también se han de respetar y que garantizan el orden, la eficacia, la eficiencia, la seguridad jurídica, la publicidad, la libre concurrencia, la transparencia y el equilibrio del mismo ordenamiento».

«Indicaciones claras para beneficiarla»

El informe dibuja un escenario en el que la relación entre el Consell de Ibiza —por entonces gobernado por PSOE y Podemos— y AMADIBA se habría desarrollado, al menos en parte, al margen de los procedimientos legales ordinarios, lo que ahora complica la resolución de la reclamación millonaria presentada por la entidad.

Los autores del informe, altos funcionarios de la institución, señalan que la propia asociación, en distintos documentos, había dejado entrever que «había unas indicaciones claras para beneficiarla» y pone como ejemplo el hecho de que la entidad pudo contar con acceso a unos pisos propiedad del propio Consell que «podrían ir bien para implantar los servicios propuestos». Pisos a los que Amadiba habría accedido sin ningún tipo de concurso público, según el propio informe. Y un hecho que los autores del documento consideran «muy revelador». De confirmarse, apuntaría a una gestión al margen de los principios básicos de contratación pública.