Fachada del centro de salud de ManacorCAIB

Sanidad pública

El Supremo decidirá si las enfermeras pueden dirigir centros de salud tras el veto judicial en Baleares

Govern y el Coiba se rebelan contra el cese de la enfermera de Manacor como coordinadora tras tumbar el TSJB su nombramiento al considerar que una enfermera no puede supervisar a facultativos

El Servicio de Salud y el Govern balear moverán ficha ante el Tribunal Supremo para defender el modelo de liderazgo interdisciplinar en la sanidad pública, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) anulara el nombramiento de una enfermera como coordinadora de un centro de salud de Mallorca.

Tal y como ya avanzó El Debate, la sentencia dio la razón a los médicos al concluir que determinadas funciones de supervisión clínica y de prescripción deben recaer en facultativos. El fallo anuló el nombramiento de una enfermera al frente de una zona básica de salud y reabrió el choque entre los colectivos médicos y de enfermería sobre quién puede asumir cargos directivos en Atención Primaria.

El tribunal considera que la dirección de un centro de salud implica supervisar actuaciones estrictamente médicas —como validar protocolos clínicos, coordinar facultativos o evaluar prescripciones— y entiende que esas competencias, según la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), deben recaer en un médico. La sentencia sostiene además que «no es razonable» que un profesional sin la titulación de Medicina asuma responsabilidades sobre la actividad clínica de los facultativos.

Por ello, el TSJIB dio la razón al sindicato médico Simebal y al Colegio de Médicos, que recurrieron el modelo impulsado por el IBSalut al considerar que invadía competencias reservadas legalmente a los médicos.

Ahora, tanto el IBSalut como el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Baleares (Coiba) preparan sendos recursos de casación ante el Tribunal Supremo para intentar revertir la resolución judicial. Desde la administración autonómica consideran que la sentencia obliga a defender «la capacidad de configurar equipos directivos adaptados a las necesidades actuales del sistema sanitario».

Govern y Coiba coinciden en que la sanidad pública debe avanzar hacia modelos de liderazgo compartido y sostienen que las enfermeras desempeñan un papel estratégico en la gestión sanitaria, especialmente en Atención Primaria y comunitaria. Ambas instituciones consideran además que parte de la normativa vigente ha quedado «anacrónica» y ya no responde a la realidad actual del sistema.

El debate, en el fondo, trasciende el caso concreto de Mallorca: enfrenta dos modelos distintos de entender la gestión sanitaria. Mientras el colectivo médico defiende que la dirección de los centros debe recaer en profesionales con competencias clínicas y capacidad legal para supervisar diagnósticos y tratamientos, enfermería reivindica que las funciones directivas son esencialmente organizativas y no deberían depender exclusivamente de una titulación médica.

La sentencia del TSJIB ha generado un fuerte malestar entre los profesionales de enfermería, que denuncian que se está priorizando el «estatus del título» por encima de la experiencia y las capacidades de gestión. Desde el Govern balear insisten en que el futuro de la sanidad pasa por estructuras menos jerárquicas y más multidisciplinares.