Los 80 okupas de la antigua prisión de Palma tendrán que abandonar el recinto por orden de un juez

La estrategia impulsada por el Ayuntamiento de Palma para recuperar la antigua prisión de Palma ha acabado imponiéndose. Los alrededor de 80 okupas que todavía permanecen en el recinto deberán abandonarlo de manera obligatoria después de que un juez haya avalado la actuación municipal y autorizado la entrada forzosa en las instalaciones para ejecutar el desalojo. La resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Palma respalda íntegramente los argumentos esgrimidos por el Consistorio durante los últimos meses. El magistrado considera acreditados los requisitos legales para permitir la entrada en el recinto y da validez a los informes elaborados por la Policía Local, los Bomberos y los servicios sanitarios, que alertaban de un riesgo «real, grave y actual» para la vida y la integridad física de las personas que continúan residiendo en el recinto.

El auto también pone el foco en las dificultades que presenta la propia estructura de la antigua cárcel para una eventual evacuación de emergencia y en el elevado riesgo de incendio, dos de los grandes ejes de la estrategia municipal. Nadie quería una desgracia. Además, la resilución judicial también recoge los intentos realizados por el Ayuntamiento para ofrecer alternativas asistenciales a los ocupantes y concluye que la intervención solicitada constituye una medida «necesaria, adecuada y proporcional». Así pues, el Ayuntamiento convocará este jueves una Junta Local de Seguridad extraordinaria junto a la Delegación del Gobierno para coordinar el operativo y fijar la fecha definitiva de entrada en el recinto, prevista para este mismo mes de junio.

De 200 okupas a los 80 actuales

Esto representa un punto de inflexión tras meses de actuaciones administrativas iniciadas por Cort para recuperar la posesión de un inmueble de titularidad municipal que llegó a albergar a más de 200 okupas, muchos de ellos en sitación irregular pero también personas vulnerables que, a pesar de trabajar, no pueden afrontar un alquiler de habitación siquiera. El expediente arrancó formalmente el 27 de febrero, después de un fin de semana pavoroso con incendios y peleas, que derivó en varios informes técnicos, sanitarios y de seguridad que advertían del progresivo deterioro de las instalaciones y de los riesgos que suponía la ocupación del recinto.

Uno de los documentos que cimentó la ofensiva municipal fue un informe sanitario que describía unas condiciones de habitabilidad extremas. El texto alertaba de una proliferación descontrolada de ratas y de la posible transmisión de enfermedades como hantavirus, leptospirosis, salmonelosis, tifus murino, tularemia o incluso peste. Los técnicos advertían de la acumulación masiva de residuos, la presencia de garrafas llenas de orines en los patios interiores, la ausencia de saneamiento básico y la imposibilidad de garantizar unas mínimas condiciones higiénicas. Según ese informe, la elevada densidad de roedores, la acumulación de basura y la convivencia de cientos de personas en espacios degradados configuraban un «serio problema epidemiológico» que trascendía los límites del recinto y podía afectar incluso al entorno exterior. A ello se sumaban los informes de Policía Local y Bomberos, que alertaban de la acumulación de materiales inflamables, la realización de hogueras y la especial dificultad para evacuar unas dependencias diseñadas originalmente para la reclusión de internos.

Tras la apertura del procedimiento, el Ayuntamiento elaboró un censo de ocupantes y recibió 45 alegaciones, todas ellas rechazadas. Paralelamente, ofreció recursos asistenciales y alternativas sociales a las personas en situación de vulnerabilidad. Mientras tanto, numerosos residentes fueron abandonando voluntariamente las instalaciones. Parte de ellos se desplazó a la Península y alrededor de 45 personas fueron derivadas a recursos del IMAS. El pasado viernes llegó el espaldarazo definitivo. Según explicó el alcalde este martes, el popular Jaime Martínez, el Ayuntamiento presentó la solicitud de autorización judicial a mediodía y apenas unas horas después, a las cinco de la tarde, recibió el auto favorable. Una resolución que, en palabras del regidor, transforma definitivamente el desalojo de una iniciativa municipal en una obligación respaldada por los tribunales.

De los más de 200 ocupantes contabilizados en los momentos de mayor afluencia, actualmente permanecen unas 80 personas en la antigua prisión. Todas ellas deberán abandonar el recinto una vez se active el operativo acordado entre las distintas administraciones.