Dos familias de okupas llaman a la Policía porque no podían entrar en «su» edificio

La sinvergonzonería de los okupas es infinita, y para muestra, una historia ocurrida esta misma semana en Palma. Dos familias que ocupaban ilegalmente unas viviendas llamaron a la Policía Local para denunciar que no podían entrar en el edificio donde «residían» porque, según aseguraban, alguien les había cambiado la cerradura.

Los hechos ocurrieron en un edificio de la céntrica calle de Blanquerna, en Palma. La sala del 092 recibió una llamada solicitando la presencia de una patrulla, ya que, según denunciaban, no podían acceder a «sus casas» porque les habían bloqueado la entrada cambiando el bombín del portal.

Sin embargo, cuando los agentes llegaron al lugar y comenzaron a comprobar todos los extremos, descubrieron una realidad muy distinta a la que lloraban. Resulta que los denunciantes no eran los propietarios ni inquilinos legales de las viviendas, sino okupas.

Los agentes contactaron con los propietarios legítimos de los inmuebles y verificaron que la cerradura no había sido cambiada para impedir el acceso de nadie. Lo que se había realizado era una simple reparación del mecanismo, tal y como informa la Policía Local, una actuación completamente legal por parte de los dueños de las viviendas.

Durante las conversaciones mantenidas con los policías, los propios okupas explicaron que habían entregado 2.000 euros a un desconocido. A cambio, según su versión, este individuo les había prometido facilitarles el acceso a las viviendas y proporcionarles posteriormente un supuesto contrato de alquiler. Una versión que ahora también forma parte de las diligencias abiertas tras la actuación policial.

La inspección realizada en el edificio deparó además otro hallazgo preocupante. Los agentes comprobaron que el cuadro de contadores había sido manipulado y detectaron que una de las viviendas ocupadas disponía de un enganche ilegal a la red eléctrica.

Este tipo de conexiones fraudulentas no solo supone un delito, sino que también entraña un importante peligro para la seguridad. Según constataron los policías, la instalación irregular generaba un elevado riesgo de incendio, poniendo en peligro tanto a las familias okupas como al resto del vecindario.

A la vista de los hechos, la Policía Local instruyó diligencias por presuntos delitos de ocupación ilegal y defraudación de fluido eléctrico. Asimismo, los agentes informaron a los propietarios perjudicados sobre los pasos legales que deben seguir para defender sus derechos y trasladaron toda la información recopilada al juzgado.