El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) 

EUROPA PRESS
18/2/2022

El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de BalearesEUROPA PRESS

SENTENCIA

Condenado a 60 años de cárcel un informático en Ibiza por abusos, pornografía infantil y espiar a sus clientes

La Audiencia Provincial de Baleares le impone una pena histórica tras demostrarse que recuperaba archivos íntimos borrados de los dispositivos que le dejaban para reparar

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha dictado una sentencia de enorme contundencia penal en Ibiza. El tribunal ha condenado a más de 60 años de prisión a un técnico informático considerado responsable de un delito de posesión de pornografía infantil, otro de abuso sexual y 14 más de descubrimiento y revelación de secretos.

Los magistrados consideran probado que el acusado aprovechaba la confianza de sus clientes para asaltar su intimidad. Además de la pena privativa de libertad, el fallo le impone cinco años de libertad vigilada y la inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión u oficio que implique contacto regular con menores de edad.

Los hechos se remontan al año 2018 en el municipio ibicenco de Sant Antoni de Portmany, cuando una denuncia ante la Guardia Civil destapó lo sucedido.

Según recoge el texto judicial, las fuerzas de seguridad localizaron un ingente volumen de archivos informáticos en los dispositivos del acusado. El informático había diseñado una estructura oculta de carpetas en las que almacenaba fotografías y vídeos de índole sexual de las personas que acudían a su taller para reparar teléfonos móviles u ordenadores.

Pornografía infantil

Entre el material intervenido por los agentes del Instituto Armado se hallaron decenas de imágenes íntimas, de carácter privado y desnudos de las víctimas. Asimismo, los discos duros albergaban 97 archivos explícitos de pornografía infantil con referencias directas a menores de edad.

Durante la vista oral, las defensas intentaron alegar que el almacenamiento se debía a copias de seguridad automáticas de los clientes. Sin embargo, los peritos judiciales de la Guardia Civil desmontaron de forma inequívoca esta versión al demostrar que la organización del material no correspondía a un volcado accidental, sino a una acción totalmente deliberada y planificada para mantener los archivos ocultos y clasificados según sus preferencias.

A tenor de las pruebas, el tribunal condena al acusado por descubrimiento y revelación de secretos, agravado por la utilización no autorizada de datos personales de las víctimas, a quienes en ocasiones sustraía las contraseñas. A ello se suma la pena por posesión de pornografía infantil para uso personal y la de un delito de abuso sexual contra una joven a la que llegó a grabar en su domicilio aprovechando que se encontraba dormida. La Audiencia ha decretado además la destrucción física inmediata de todo el material incautado y fija indemnizaciones para los afectados. Al no tratarse de una resolución firme, la defensa del condenado dispone de un plazo de diez días para interponer un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB).

Vulneración de la dignidad

David Fechenbach, abogado de una de las víctimas, ha explicado que el procesado «se valía de su actividad como técnico informático para acceder sin consentimiento a los dispositivos de sus clientes». «Cogía las imágenes más íntimas y las almacenaba de forma organizada y deliberada en sus discos duros. En el caso del abuso sexual, además, lo grabó y lo guardó en los mismos bloques», subraya el letrado.

Fechenbach ha manifestado el severo desgaste de los afectados, quienes «han llevado durante años una gran carga por la vulneración gravísima de su intimidad y de su dignidad». Pese a que la sentencia no les devuelve lo arrebatado, el abogado destaca que al menos «han conseguido la certeza de que lo que vivieron fue real, algo muy grave, y el sistema judicial de manera independiente les ha dado la razón», concluyendo que las víctimas mantienen toda su confianza en el imperio de la ley.

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