El TSJ balear anula una sentencia porque decía a la vez que una trabajadora era camarera y ayudante

Oeres camarera o ayudante de camarera. Eso lo dice el sentido común, la legalidad laboral y cualquier juzgado. Sin embargo, en Ibiza se ha dado un caso tremendamente llamativo y es que un juez afirmaba simultáneamente que una trabajadora era camarera y ayudante de camarera, cosa que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) niega porque «no puede sostenerse jurídicamente». Con ese argumento ha anulado una resolución dictada por un juzgado de Ibiza y ha ordenado que se redacte una nueva desde cero.

La decisión afecta a una empleada del sector de la restauración que había demandado a su empresa tras ser despedida en 2023. La trabajadora sostenía que desempeñaba funciones de camarera, una categoría profesional superior a la que figuraba en sus nóminas, donde aparecía como ayudante de camarera. Esa diferencia no es menor: de ella dependían tanto posibles diferencias salariales como la valoración de varios aspectos clave del litigio.

Sin embargo, la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Ibiza incurrió, según el TSJIB, en una contradicción imposible de resolver. Por un lado, afirmaba en los hechos probados que la empleada tenía la «categoría real de camarera» y que figuraba «falsamente» como ayudante. Pero, apenas unos párrafos después, sostenía exactamente lo contrario: que había quedado acreditado que realizaba funciones de ayudante de camarera y que no existía ninguna deuda salarial por ese motivo. Para el tribunal balear, esta incoherencia afecta al núcleo mismo del caso ya que impide saber cuáles son los hechos que el juzgado considera realmente acreditados.

«Contradicción insalvable»

La Sala habla expresamente de una «contradicción insalvable» y advierte de que esa situación genera una «indefensión evidente» para la trabajadora, ya que resulta imposible combatir jurídicamente una resolución que sostiene dos versiones incompatibles de un mismo hecho. Los magistrados van más allá y reprochan al juzgado haber incluido dentro de los hechos probados conclusiones que pertenecen al razonamiento jurídico de la sentencia. En concreto, el fallo afirmaba como hecho probado que la empresa había cumplido todos los requisitos legales y que el despido debía considerarse procedente. Según el TSJIB, esa forma de redactar la resolución supone anticipar la decisión final antes de analizar jurídicamente el caso. La sentencia anulada, dice el tribunal, no estaba describiendo hechos, sino incorporando directamente conclusiones legales.

Además, la Sala detecta otra carencia relevante. La trabajadora había denunciado la existencia de una posible sucesión empresarial entre dos sociedades vinculadas al restaurante, una cuestión que podía resultar decisiva para determinar quién debía responder de las obligaciones laborales. Sin embargo, la sentencia apenas incluía datos sobre ese aspecto, omitiendo elementos básicos como la continuidad de la actividad, la utilización del mismo local o la posible transmisión de medios materiales y humanos.

Ante esa acumulación de defectos, el TSJIB concluye que carece de una base fáctica suficiente para revisar el caso y recuerda que un tribunal de apelación no puede reconstruir por sí mismo unos hechos que el juzgado de instancia no ha dejado claros. Por ello, estima el recurso de la trabajadora, declara la nulidad de la sentencia y ordena retrotraer las actuaciones para que el juzgado dicte una nueva resolución que respete las exigencias de claridad, coherencia y exhaustividad exigidas por la ley.

La decisión no implica que el despido sea improcedente ni que la empleada tenga automáticamente derecho a las cantidades reclamadas. Lo que establece es que, antes de decidir quién tiene razón, la Justicia debe determinar con precisión algo tan básico como si la trabajadora era camarera o ayudante de camarera.