Golpe de Moncloa a Prohens: el TC de Pumpido suspende la derogación de la Ley de Memoria en Baleares

El Pleno del Tribunal Constitucional, bajo la batuta de Cándido Conde-Pumpido, ha cumplido con el guion previsto por Moncloa y ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares que el Parlamento de Baleares, con la mayoría de PP y Vox, liquidó el pasado mes de marzo.

De forma automática, el tribunal ha decretado su suspensión cautelar. Se frena así provisionalmente la derogación de una norma alumbrada en 2018 por el Ejecutivo de la socialista Francina Armengol; una ley que PP y Vox siempre tacharon de «sectaria» y de haberse aprobado en su día sin consenso.

El bloque de la izquierda en el tribunal de garantías congela la decisión del Parlamento autonómico, lo que restablece provisionalmente la vigencia de la ley de Armengol.

El Gobierno central ha revestido su recurso de una supuesta vulneración de los artículos 15 y 10.1 de la Constitución, alegando que la supresión de la norma lesiona la dignidad y el «estatuto jurídico» de las víctimas. Asimismo, Moncloa esgrime una supuesta invasión de competencias estatales y una falta al principio de colaboración entre administraciones.

En el recurso se alegaba que la norma también vulneraría los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. De este modo, el Constitucional se limita ahora a congelar la norma por el mero hecho de ser un recurso estatal, sin entrar todavía a debatir el fondo del asunto.

Una resolución que, dada la lentitud del tribunal para estos asuntos, podría tardar varios años en llegar. El mejor ejemplo es el de Aragón: la derogación de la norma aragonesa se recurrió en 2024 y, a día de hoy, todavía está pendiente de sentencia, sumiendo a las autonomías en un limbo jurídico forzado por el sanchismo.

Un acuerdo de PP y Vox

La derogación de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2018 durante la legislatura de izquierdas en la época de Francina Armengol, era uno de los compromisos nucleares que el PP de Marga Prohens asumió con Vox para garantizar la gobernabilidad y la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2025.

El proceso parlamentario no estuvo exento de tensiones, con un primer intento que decayó tras un duro pulso entre ambos partidos en el que Prohens priorizó salvar decretos clave —como el del catalán en la función pública—. Meses después, el acuerdo se selló definitivamente para dar luz verde a las cuentas públicas.

Ahora, Moncloa sabotea el pacto político de PP y Vox utilizando los tiempos de la justicia constitucional. El pleno no solo ha orbitado sobre esta suspensión; los magistrados también tienen sobre la mesa la deliberación sobre la polémica expulsión de dos diputadas socialistas por parte del presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne (Vox) en 2024.