El BOE publica la derogación de la Ley de Memoria de Baleares que Sánchez pretende recurrir en el TC

Baleares enterró la Ley de Memoria Democrática el pasado mes de marzo pero ahora empieza la más que probable jugada a nivel Estado. Este jueves, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la derogación de la norma que alumbró el Govern de la socialista Francina Armengol en 2018 -sin consenso- sólo que, con este trámite en el boletín oficial, se activan automáticamente los plazos para que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, una vía que el Ejecutivo ya había anticipado «en caso de no haber entendimiento con el Govern de Prohens». No lo hubo, no lo hay.

De momento, a la espera de ese movimiento ante las altas instancias judiciales, la Ley está finiquitada en las islas desde mediados de marzo cuando el Parlament balear, con los votos de PP y Vox, consumaron la derogación de un texto legislativo marca Armengol. Aquella norma salió adelante sin consenso parlamentario, impulsada exclusivamente por los partidos de izquierda, y desde entonces se convirtió en uno de los ejes más controvertidos de la política autonómica.

El actual Govern -de la popular Marga Prohens- justificó su eliminación (sin demasiado entusiasmo, eso sí) en la falta de acuerdo con la que nació la norma y en su carácter de «instrumento de confrontación». Además -y esto es la clave- la derogación de la Ley de Memoria no afecta al desarrollo de las políticas de exhumación y localización de desaparecidos, que continúan vigentes a través de la Ley de Fosas de 2016, ésta sí plenamente vigente.

«Cumpliré mi palabra y el único acuerdo firmado por mi grupo parlamentario: el pacto presupuestario con Vox». Así, sin rodeos, la presidenta Marga Prohens zanjaba el asunto en un hemiciclo lleno hasta la bandera de activistas pro-memoria. No hay que olvidar que este asunto es uno de los puntos innegociables del acuerdo de investidura en 2023 y presupuestario de 2025 suscrito con la formación de Santiago Abascal.

Por su parte, Vox celebraba la liquidación de la ley como «un hito histórico» ya que supone el fin de un texto «sectario, revanchista y manipulador». Ganaron el pulso, sí, pero a la salida de la sala de plenos fueron abucheados e insultados. »Porcs, sou uns porcs" (cerdos) les espetaron asistentes de asociaciones memorialistas.

La izquierda, que profetiza la resurrección

En el lado opuesto, la izquierda balear, que calificó la decisión como una «traición» a la democracia y advirtió que cuando volviesen al poder, la ley resucitaría. Una muestra más del carácter pendular de las leyes ideológicas.

El trasfondo del debate ha sido ampliamente analizado por especialistas en la materia. En una entrevista concedida a El Debate, el profesor Manuel Aguilera, uno de los estudiosos de referencia en este ámbito, advertía de que estas leyes «han sido utilizadas con frecuencia como herramientas políticas más que como instrumentos de reconciliación», y señalaba que «la memoria institucional corre el riesgo de convertirse en un relato oficial si no se construye desde el consenso». En esa misma línea, subrayaba que «la Transición ya articuló un marco de convivencia que estas normas reabren en términos de conflicto».

El historiador denuncia que el anterior Govern incurrió en lo que define como «intervencionismo histórico», al promover una visión parcial del pasado. «Intervencionismo histórico es cuando un Gobierno elige a dedo a personas afines, algunas sin ser expertas en el tema, para que difundan solo la parte de la historia que les interesa. Eso es subvencionar el engaño», sostiene. En esa línea, afirma que el Ejecutivo de Armengol «se empeñó en ocultar la verdad», especialmente al ignorar a las víctimas de los bombardeos republicanos, muchas de ellas civiles.

Uno de los episodios que, según Aguilera, evidencia esa contradicción fue la negativa de los partidos de izquierda a homenajear a esas víctimas. «Personas inocentes, la mayoría mujeres y niños, condenadas al silencio», recuerda, subrayando que incluso algunas eran de izquierdas. «Con esta votación, Armengol desmontó todo su discurso e incumplió su propia ley de memoria», añade.

Aguilera también ha valorado positivamente algunas iniciativas recientes del actual Govern, como el anuncio de homenajes a las víctimas de los bombardeos en Palma. A su juicio, se trata de una medida que «termina con una injusticia histórica, el olvido deliberado de una parte de las víctimas de la Guerra Civil». Este movimiento, además, ha propiciado un giro en la posición del PSOE, que recientemente apoyó una iniciativa para reconocer a todas las víctimas civiles sin distinción de bando, algo que el historiador considera «un gran paso en el camino de la reconciliación».

Con todo, la dimensión política del conflicto sigue intacta. La publicación en el BOE no sólo certifica la desaparición de la ley balear, sino que abre un nuevo escenario de confrontación institucional con intereses electoralistas. El previsible recurso ante el Constitucional convertirá este asunto en una cuestión de alcance nacional. En una de las banderas que tanto le gusta agitar al presidente Pedro Sánchez en su perenne campaña política.