Los números no salen en Formentera: tiene capacidad para 12 menores extranjeros pero tutela 148

La crisis de los menores extranjeros no acompañados en Baleares vuelve a evidenciar las grietas del sistema de acogida. El Consell de Formentera ha reconocido que se encuentra «al límite» y ha decidido pedir auxilio al Govern balear para habilitar un espacio específico para atender a estos menores. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo autonómico ha sido tajante: no puede hacerlo.

Actualmente, la institución insular tutela a 148 menores, una cifra que multiplica por más de diez los 12 que, según los criterios del propio Gobierno central, debería poder gestionar. Desde el Consell denuncian que la isla afronta una «situación absolutamente desproporcionada», con un único recurso provisional ya saturado y sin plazas estructurales para hacer frente a nuevas llegadas.

La petición era clara: contar con un espacio con capacidad suficiente para atender el flujo constante de menores que llegan en patera. Pero la Conselleria de Bienestar Social, dirigida por Sandra Fernández, ha descartado esta posibilidad alegando que el Govern no dispone de terrenos en Formentera para habilitar un centro de acogida.

Pese a ello, el Ejecutivo autonómico asegura que seguirá coordinándose con la institución insular y prestando apoyo para evitar que esta crisis afecte al resto de servicios públicos. En la práctica, la solución sigue siendo la misma que hasta ahora: trasladar a los menores a centros de otras islas o de la Península y aumentar las transferencias económicas.

«Nuestro problema no es sólo económico»

En este sentido, el Govern ya ha destinado importantes cantidades a Formentera en los últimos años. Solo en 2025, la isla recibió 7,9 millones de euros adicionales —4,1 millones en agosto y 3,8 millones en diciembre procedentes de fondos estatales— para financiar la tutela de estos menores. A ello se suman otros 6,2 millones entre enero y septiembre del año anterior y más de 10 millones en transferencias corrientes a lo largo del ejercicio.

Sin embargo, desde el Consell advierten de que el problema no es únicamente económico. «El impacto desborda nuestra capacidad financiera ordinaria y el margen de maniobra es prácticamente inexistente», señalan fuentes insulares, que insisten en que la situación no puede resolverse solo con más financiación.

El conflicto ha llegado también al Parlament balear. La diputada de VOX Patricia de las Heras ha reclamado al Govern que exija al Gobierno central que asuma la tutela de estos menores, defendiendo que la solución «no es ni más dinero ni más centros», sino aplicar la legislación vigente para su retorno con sus familias en los países de origen.

Por su parte, la consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, ha reconocido que el Govern ha enviado ya hasta siete escritos a distintos ministerios solicitando una respuesta del Ejecutivo central, sin éxito hasta el momento.

La situación política se mantiene bloqueada, ya que mientras el Govern balear reclama al Gobierno central de Pedro Sánchez que asuma sus responsabilidades, la administración local de Formentera se encuentra sin plazas estructurales específicas y sin margen de maniobra en su propio territorio. Desde Baleares se considera que es el Estado el que debe hacerse cargo de estas tutelas porque es el que tiene las competencias en inmigración. El Gobierno central, por su parte, rechaza esta posibilidad apelando a que la competencia en menores está transferida a las Comunidades Autónomas. Y, en el caso de Baleares, esta gestión fue transferida en su día a los consells insulares. Unas administraciones que afrontan ahora el problema de la ruta argelina sin medios suficientes puesto que la competencia se transfirió en un tiempo en el que nadie podía augurar que el archipiélago sería el destino de la inmigración irregular procedente de Argelia.