El diputado de Sumar exige cuentas a Marlaska por las detenciones pero aplaude el vandalismo

La detención este miércoles de dos activistas en el municipio mallorquín de Santa Maria del Camí, acusadas de vandalizar hasta cinco inmobiliarias el pasado 31 de mayo, ha desatado una cascada de protestas y reproches contra el Estado y contra el PSOE que la marca balear de Sumar ya ha trasladado a Madrid.

El diputado de Sumar-Més, Vicenç Vidal, que este miércoles encabezó la concentración de 50 personas para arropar a las detenidas a las puertas de los juzgados de Palma, registró este jueves una solicitud de comparecencia de urgencia en el Congreso para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y para la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, en la que pide explicaciones por una actuación policial que considera de una gravedad «extraordinaria». «¿Por qué defienden a las empresas que destrozan la vida de nuestros ciudadanos?», preguntó en sus redes sociales, amparando el vandalismo contra los establecimientos turísticos.

«El derecho a la protesta es un pilar básico. Lo que no puede pasar es que detengan a activistas por defender el territorio mientras los responsables de la especulación actúan con total impunidad», defiende Vidal, quien ayer pidió explicaciones a la Delegación del Gobierno en Baleares y luego se marchó a la concentración para defender a las arrestadas que atacaron varios establecimientos.

En un comunicado, el parlamentario ha sostenido que los hechos ocurridos son de una gravedad «extraordinaria» y vulneran derechos fundamentales en un intento de «criminalizar» a Menys Turisme, Més Vida, el movimiento social que la pasada semana hizo un llamamiento a vandalizar inmobliarias y «soltar la rabia» contra la turistificación en un polémico manual.

La intención de Vidal es que Marlaksa detalle los motivos que han justificado las detenciones, qué protocolos se siguieron y si se respetaron todas las garantías y derechos de las detenidas.

Més quiere acorralar también a la secretaria de Estado de Turismo, exigiendo un debate que vaya «más allá de la actuación policial» y retratando al Gobierno central como un supuesto protector de los «intereses del capital especulativo que alimenta la turistificación y destroza la vida de la gente mientras pone el foco sobre las personas que denuncian esta situación».

«Es profundamente preocupante que, ante este conflicto social, la respuesta del Estado sea perseguir a las activistas en lugar de cuestionar los intereses económicos que se enriquecen a costa de los derechos de la ciudadanía», ha sentenciado Vidal contra sus antiguos socios socialistas en el Gobierno balear de Francina Armengol (2015-2023).

Paralelamente, Més per Mallorca, partido al que pertenece Vicenç Vidal, ha acusado al Gobierno de «perseguir a personas por una ideología concreta» y también ha exigido a Marlaska que dé explicaciones.

La formación ecosoberanista ha considerado que los arrestos por vandalismo contra varias inmobiliarias son «una auténtica vergüenza» y forman parte de la «función represora» del Estado.

El coordinador general de Més, Lluís Apesteguia, ha defendido que el procedimiento habitual cuando alguien es acusado de realizar unas pintadas es recibir una citación en el domicilio para posteriormente prestar declaración ante un juez y que el procedimiento acabe con la imposición de una multa.

Esto contrasta, ha subrayado, con el hecho de que los agentes «comparecieran en la puerta de un domicilio para detener, llevarse esposadas, aislar y tener detenidas durante todo el día» a las dos jóvenes, que tras pasar a disposición judicial quedaron en libertad.

Un Estado «represivo»

Apesteguia ha sostenido que se trata de «un aviso a navegantes dentro de la oleada represiva que vivimos». Y ha acusado al Estado de querer «lanzar un mensaje a la gente que se quiere manifestar desde la indignación de que las fuerzas del orden llevaran a cabo las acciones represivas que consideren necesarias para garantizar el estatus quo» y «escarmentar a la gente para que no lleven a cabo actuaciones contrarias a ciertos intereses económicos».

Més no ha condenado el vandalismo y centra sus críticas en que los arrestos «son inaceptables desde el punto de vista democrático» dado que buscan «perseguir a personas por una ideología concreta». «La democracia debe garantizar que la policía no te venga a buscar una mañana a tu casa por tu ideología», ha concluido.