Aeropuerto de Ibiza
El GEN anima a los ciudadanos a denunciar ante el Defensor del Pueblo la ampliación del aeropuerto de Ibiza
Inicia una campaña para que los residentes presenten quejas por el aumento de la capacidad de Es Codolar, que considera contrario al Plan Director vigente
El Grupo de Estudios de la Naturaleza (GEN-GOB) ha puesto en marcha una campaña para animar a los ciudadanos a presentar denuncias ante el Defensor del Pueblo contra el incremento de la capacidad operativa del aeropuerto de Ibiza. La organización sostiene que la evolución de la infraestructura vulnera los límites establecidos en el Plan Director aprobado en 2010 y reclama la intervención de esta institución.
Para facilitar la iniciativa, el colectivo ecologista ha puesto a disposición de los ciudadanos un modelo de denuncia que puede descargarse desde sus canales de comunicación y presentarse a través del portal electrónico del Defensor del Pueblo.
Supera los límites previstos
En el documento, el GEN-GOB recuerda que el Plan Director del Aeropuerto de Ibiza contemplaba un tráfico anual de 5,67 millones de pasajeros, con un máximo de siete millones. Sin embargo, asegura que la infraestructura ya supera los nueve millones de viajeros al año y que los proyectos impulsados por Aena buscan elevar su capacidad hasta los diez millones.
A juicio de la entidad, este incremento supone una modificación sustancial respecto a la planificación aprobada y responde a intereses económicos, sin valorar suficientemente las consecuencias ambientales y sociales que tiene sobre la isla.
Reducir vuelos
La denuncia solicita que las administraciones competentes adopten las medidas necesarias para adecuar el número de pasajeros a los límites fijados en el Plan Director actualmente vigente. Para ello, el GEN-GOB plantea reducir el número de vuelos hasta situar el tráfico dentro de las previsiones inicialmente aprobadas.
Los ecologistas sostienen que Ibiza soporta durante la temporada turística una presión excesiva sobre las carreteras, los recursos hídricos, los servicios sanitarios y el medio ambiente, por lo que consideran que cualquier ampliación de la capacidad aeroportuaria debería ir precedida de una evaluación rigurosa de sus impactos.
La organización confía en que la implicación ciudadana contribuya a que el Defensor del Pueblo analice el caso y estudie la posible actuación de las administraciones implicadas.
