El Jefe de la Guardia Civil cierra filas en torno a sus hombres y su investigación del ataque turismofóbico: «No hay desproporción»

El jefe de la Guardia Civil en Baleares, el general de brigada Alejandro Hernández, ha rechazado este martes las críticas por la detención de dos activistas acusadas de vandalizar cinco inmobiliarias en Santa Maria del Camí. Críticas furibundas vertidas, por un lado, desde la izquierda política, y por otro, desde algunos de los integrantes de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, cuyo manual de sabotaje de negocios turísticos podría estar detrás de las motivaciones de ambas detenidas.

«En este caso yo no veo ningún tipo de desproporción, la considero adecuada. Lo que se hizo, simplemente, fue hacer un registro para intervenir aquellas prendas que habían sido utilizadas durante los actos de daños, asegurar esas pruebas yendo al domicilio de las dos personas detenidas», ha señalado el General durante la rueda de prensa de presentación de los efectivos del cuerpo para este verano.

La operación Grafito supuso el arresto de dos de las presuntas autoras del ataque coordinado contra cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí, una investigación que culminó con su detención a mediados de este mes tras el análisis de las cámaras de seguridad y diversas pesquisas llevadas a cabo por la Guardia Civil. Desde entonces, voces de la izquierda balear y miembros de la plataforma antiturismo Menys Turisme, Més Vida han cargado contra el operativo policial, al que atribuyen la finalidad de amedrentar al movimiento contra la turistificación.

El jefe de la Guardia Civil ha sido tajante al rechazar tales acusaciones. «Nosotros no perseguimos activistas ni entramos en el debate político. Lo que hacemos son investigaciones policiales sobre denuncias de hechos penales, no hacemos otra cosa. La polémica, a la Guardia Civil, realmente no le afecta», ha afirmado.

No obstante, Hernández ha puetsto en valor el trabajo desarrollado por los agentes del Puesto del Pont d'Inca, responsables de una investigación que, según ha destacado, permitió esclarecer «en un tiempo razonable» unos hechos que van más allá de unas simples pintadas. «Fueron algo más que pintadas; se rompieron cristales con un martillo y se estropearon con pegamentos las cerraduras de los cinco edificios. Hay un daño agravado en estas actuaciones», ha recordado. Uno de los inmuebles atacados, además, está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), lo que agrava las posibles responsabilidades penales.

Sobre otro de los aspectos más criticados por parte de la izquierda (la imputación por pertenencia a organización criminal) el General ha defendido que la Guardia Civil no ha hecho más que aplicar el Código Penal. «Encaja a la perfección», ha zanjado, al recordar que este tipo penal contempla la actuación concertada de más de dos personas.

La polémica es política, no policial

Las detenciones desencadenaron una inmediata reacción de la izquierda balear. Decenas de simpatizantes y colectivos afines se concentraron frente a los juzgados de Vía Alemania, en Palma, para mostrar su apoyo a las arrestadas y denunciar una supuesta «operación policial desmesurada». Al grito de «no están solas», acusaron al Instituto Armado de tratar de dar un «escarmiento» al movimiento antiturismo.

En el plano político, el diputado de Sumar-Més en el Congreso, Vicenç Vidal, registró una solicitud de comparecencia urgente del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explicara los motivos del operativo y los protocolos seguidos durante las detenciones. El parlamentario defendió públicamente a las activistas y cuestionó que fueran arrestadas por unos hechos que, a su juicio, se enmarcan en un contexto de protesta social, sin condenar expresamente los ataques contra las inmobiliarias.

La investigación sostiene, sin embargo, que el ataque fue ejecutado por un grupo organizado de seis personas que actuó de forma coordinada durante la madrugada, inutilizando cerraduras con pegamento, rompiendo escaparates con martillos y realizando pintadas contra los negocios inmobiliarios. Los investigadores consideran además que el modus operandi coincide con las directrices recogidas en el denominado manual de acción contra la turistificación difundido por la plataforma Menys Turisme, Més Vida, aunque el colectivo haya negado cualquier relación con los hechos.

Y todo esto, a escasos días de la manifestación contra la masificación turística convocada para este domingo en Palma, una movilización precedida por la difusión de ese manual de sabotaje y por el posterior ataque contra las inmobiliarias que ahora investiga la Guardia Civil.