Clase vacía de un colegioistock

Poner casa al profesor: la solución en Formentera para la isla balear que no cubre una de cada seis plazas

El Govern de Marga Prohens construirá 40 pisos públicos en un solar cedido por el Consell de Formentera para frenar el éxodo de profesores

En Formentera se ha visto casi de todo. Desde profesores de secundaria durmiendo en hamacas colgadas hasta licenciados en Filología acampados en calas recónditas. La estampa de docentes reconvertidos en nómadas forzosos es el síntoma definitivo del colapso inmobiliario que sufre esta pequeña isla balear de apenas 12.000 habitantes. Para evitar que el inicio del curso parezca un casting de Supervivientes, el Govern balear de Marga Prohens y el Consell insular de Formentera han decidido ir directamente al grano y construirles la casa a sus maestros.

Ambas instituciones levantarán unas 40 viviendas de protección pública destinadas en exclusiva al personal docente desplazado. El Consell cederá una parcela urbanizable en la localidad de Es Pujols, mientras que la Conselleria de Educación asumirá la financiación y la ejecución de las obras para ofrecer alquileres a precios asumibles.

La isla, castigada por el lastre de la triple insularidad, ya obligó al Ejecutivo autonómico de Marga Prohens a declarar las plazas de Formentera como de «muy difícil cobertura», acompañándolas con un plus de 400 euros mensuales. Sin embargo, de nada sirve un complemento salarial si no hay un techo bajo el que cobijarse o si es a un precio prohibitivo.

Una de cada seis plazas, vacante

El drama en la isla no sólo es atraer a los docentes en septiembre sino en evitar su renuncia en cadena tras constatar la imposibilidad de residir en la isla o verse abocados a compartir pisos precarios a precios desorbitados. Un goteo constante de dimisiones que ha llegado a dejar aulas vacías y alumnos sine die.

Una de cada seis plazas se queda vacante en primera instancia. En la última adjudicación a interinos, Mallorca cubrió el 95 % de sus plazas, mientras que Formentera apenas adjudicó 63 de las 75 ofertadas.

Las cifras del curso 2026-2027 constatan la brecha territorial. En concreto, en Mallorca, la isla mayor, el proceso se ha desarrollado con relativa normalidad: se han cubierto 1.479 de las 1.557 plazas ofertadas, lo que deja un residual de apenas un 5 % de vacantes. Una cifra que contrasta con la situación del resto de las islas, donde la falta de vivienda a precios asequibles condiciona la llegada de profesorado.

En Menorca, el porcentaje de plazas sin adjudicar escala hasta el 10,3 % (21 vacantes de 204 plazas ofertadas), mientras que en Ibiza la tensión es aún mayor: un 13,4 % de las plazas ha quedado desierta en esta primera fase, con 78 vacantes sobre un total de 581 puestos ofertados.

El escenario más crítico se concentra en Formentera. La isla más pequeña del archipiélago lidera el porcentaje de vacantes con un 16 % de puestos sin cubrir en el primer intento: de las 75 plazas ofertadas, solo se han adjudicado 63. En la práctica, una de cada seis plazas en Formentera se queda sin profesor a las puertas de agosto, lo que ha obligado a la Conselleria de Educación a activar un trámite urgente para intentar tapar la brecha antes de que comience el curso.

Para tapar el agujero antes de que arranque el curso escolar en septiembre, la Conselleria de Antoni Vera ha puesto en marcha un trámite de adjudicación urgente y ha fijado para el próximo 29 de julio el primer proceso extraordinario de sustituciones.

Sin embargo, las autoridades autonómicas reconocen que las medidas de choque coyunturales ya han tocado techo. «Hay que aportar soluciones estructurales a la problemática de la vivienda», admitió el conseller Vera tras la firma del acuerdo este miércoles.

El protocolo establece la creación de una comisión técnica de coordinación que dispondrá de un plazo máximo de 12 meses para analizar las necesidades reales de alojamiento del profesorado, resolver los trámites urbanísticos en Es Pujols y redactar la memoria del proyecto.

El objetivo final es garantizar por fin la estabilidad de las plantillas públicas y evitar que las zonas con mayor presión inmobiliaria dependan de que un profesor encuentre, de milagro, un alquiler que pueda pagar.