María, guardia civil en Mallorca: «Llegas como funcionario pero vives como un estudiante»

María (nombre ficticio) guarda su vida en cajas de cartón. A finales de este mes se va de Mallorca pero su marcha no es una mudanza, es una fuga. A sus 34 años, esta guardia civil granadina está cerrando las maletas que la devolverán a la península después de siete años de «castigo» trabajando en Baleares.

Ella es una de los 85 agentes que se marchan del archipiélago en el último concurso de vacantes de 2025. Este mes se espera otra estampida más grande. Una sangría que se acrecienta por culpa de unos alquileres intratables que consumen más de la mitad del sueldo, un alto nivel de vida disparado y un plus de insularidad «insuficiente» que sigue sin compensar trabajar en estas islas.

Mallorca fue su primer destino tras jurar bandera. María (pide usar un nombre ficticio) pensaba que aquí empezaba su independencia pero enseguida se chocó contra la realidad de un mercado inmobiliario convertida en una burbuja que la obligó a (mal)vivir, como si fuera una estudiante. «Ganaba unos 1.800 euros pero en plena temporada alta e intenté alquilar un piso sola -pedían unos 1.200, con suerte— pero los precios suponían una ruina», asegura, ya que con el sueldo que le quedaba no podía comprarse un coche o permitirse cualquier 'extra'. Durante un tiempo, se vio abocada a compartir piso con cuatro desconocidos pagando 450 euros por habitación.

Así pasó el primer verano hasta que María encontró otro piso más barato -390 por habitación- pero seguía compartiendo piso y siempre con la misma incertidumbre, con constantes cambios de personas que llegaban y se iban en cuanto podían. «Éramos seis personas conviviendo bajo un techo, cada uno de su padre y de su madre», explica en conversación con El Debate.

Mallorca, la última elección

Al año y medio, intentó regresar a la península pero no hubo suerte. Ni en la siguiente convocatoria, porque no tenía suficiente puntuación. «Yo siempre ponía el destino de Mallorca como última opción, siempre al final de la lista; Murcia, Alicante, el sur y parte del Levante, casi cualquier otro», pero siempre le tocaba el mismo destino: el que nadie quiere, «ni Baleares ni Cataluña». «Porque son un castigo».

Y así pasaron siete años hasta que salieron las últimas listas en febrero y «¡al fin ¡me voy!», grita sin contener su alegría, aunque aquí deja a su pareja, con quien estaba compartiendo piso en los últimos tiempos.

«Cuando vine a Mallorca pensaba que, tras aprobar una oposición y sacar una plaza, viviría como un funcionario pero la realidad es que acabé viviendo como una estudiante compartiendo piso, con un sueldo que no cubre el alto coste de la vida aquí», lamenta.

Como ella, otros compañeros también se han dado de bruces contra las inmobiliarias. «¿Quién va a alquilarte un piso a un precio asequible si puede hacerlo por 150 euros la noche en plena temporada a un turista?», reflexiona José Luis, otro agente destinado en la isla, que conoce a un compañero que dormía en una furgoneta. «Se pasó seis meses en una camper porque no podía alquilar nada razonable», explica indignado, sobre una realidad cada vez más normalizada.

«Es que el sistema es un despropósito: te destinan aquí y sólo te dan diez días para instalarte. Si tienes la mala suerte de que te pille en plena temporada alta, encontrar un piso a un precio razonable es una misión imposible», se queja.

Plus de insularidad

Una de las soluciones para estabilizar la plantilla en Baleares sería subir el plus de insularidad, apunta José Luis, que actualmente apenas llega a los «80 euros».

La asociación profesional Jucil lleva tiempo alertando de que Baleares se ha convertido en un «destino de castigo» y de que el destierro económico de la Guardia Civil está dejando en los huesos a la plantilla en el archipiélago. Las promesas de una «equiparación» con Canarias se han quedado en propaganda vaporosa.

El último concurso de traslados en el archipiélago ha sido una estampida: 85 agentes han conseguido el «salvoconducto» para irse, mientras que sólo 15 nuevos han aterrizado. Y de esos quince, un tercio llega forzado, «contando las horas para irse».

Tener menos guardias civiles repercute, a su vez, en la seguridad ciudadana, recalcan los agentes, en un archipiélago donde la criminalidad va en aumento, y la presión migratoria desde Argelia es una constante. En los últimos días de febrero llegaron casi 400 personas. Baleares ya ha superado la cifra de los 1.000 inmigrantes llegados por vía marítima en lo que va de 2026.

29 efectivos quedan 'libres'

Si la cosa no cambia, este mes de marzo se avecina un terremoto. Varias unidades habían recibido refuerzos temporales de guardias destinados sólo por un año. Ahora esos efectivos pueden solicitar traslado en la próxima convocatoria prevista para finales de marzo.

«Había una unidad que había recibido 29 efectivos destinados 12 meses y ahora quedan libres», explica Jucil. Y el resultado parece claro: «De esos 29, un mínimo de 25 o 26 han expresado su deseo de pedir destino fuera de Baleares».

Formentera, un problema enquistado

Uno de los casos más llamativos es el de Formentera, donde la cobertura de puestos sigue siendo prácticamente imposible. La Guardia Civil amplió recientemente la plantilla con 19 nuevos puestos, pero la asociación considera que esas plazas difícilmente se cubrirán por la falta de vivienda y el alto coste de vida.

La falta de personal obliga a mantener algunos servicios mediante refuerzos externos. Es el caso del servicio de atestados de Ibiza, que lleva casi tres años funcionando con agentes desplazados temporalmente.

Estos guardias reciben dietas por su estancia fuera de destino, lo que supone un gasto continuado para la administración. «Es un dinero que se está destinando a traer gente de fuera de manera temporal y no a fidelizar una plantilla», critica Jucil.

«Formar agentes para que se marchen»

La asociación advierte de que la solución habitual —enviar guardias alumnos a Baleares— tampoco resuelve el problema estructural. Muchos llegan por periodos de un año y después solicitan traslado.

«Es talento que vamos a formar aquí, porque es la primera vez que pisan la calle», explican. Pero el desenlace suele ser el mismo: «Luego los vamos a perder porque las condiciones… están a la vista».

Para JUCIL, el problema de fondo es económico. «Aquí lo importante es el dinero», resumen. Una compensación por insularidad mayor que la actual y denuncian que Baleares sigue por debajo de otros territorios.

«Siempre hemos estado discriminados», sostienen. Y añaden que la comparación no debería hacerse con Canarias, sino con territorios con más dificultades de cobertura como Ceuta o Melilla.

La negociación del nuevo sistema de compensación salarial tampoco ayuda a frenar la incertidumbre. «Se nos prometió que se iba a mejorar», recuerdan, pero las cantidades iniciales anunciadas se han ido rebajando con el tiempo. Cuatro meses después del inicio de las conversaciones, «no sabemos ni cómo ni cuándo y sobre todo ni cuánto al final va a acabar cayendo».

«Cuando puedes irte, te vas»

La dimensión del problema, según apuntan, podría ser mucho mayor de lo que reflejan las plantillas oficiales. Según sus cálculos, en el archipiélago faltarían alrededor de 800 guardias civiles para cubrir adecuadamente las necesidades de seguridad.

Mientras tanto, el sindicato insiste en que las medidas internas —dar más vacaciones o recuperar billetes de avión gratuitos para desplazamientos— sólo tendrían un efecto limitado si no se aborda la cuestión central: la compensación económica por trabajar en un territorio con uno de los costes de vida más altos de España.

«Cuando puedes irte voluntariamente, te vas. Es un destino de paso», zanja María, que ya tiene el billete de vuelta el día 20 de este mes. Este viernes se lleva en la maleta el alivio de dejar atrás su «vida de estudiante».