Imagen de una de las pateras llegadas a Formentera
Moncloa ignora el SOS de Baleares por la crisis de las pateras y le endosa más menores desde Melilla
Baleares tutela ya a 880 menores extranjeros no acompañados y exige al Gobierno una respuesta ante la presión migratoria
La red de protección de menores de Baleares atraviesa el momento de mayor presión de su historia. Tres de los cuatro consells insulares, los de Mallorca, Ibiza y Formentera, tutelan actualmente a 880 menores extranjeros no acompañados llegados al archipiélago, una situación que el Govern balear considera insostenible y que atribuye al incremento de la inmigración irregular y a la falta de apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez.
A pesar de estas cifras, el Gobierno ya ha comunicado a la Comunidad Autónoma su pretensión de trasladar a las islas a otros cuatro menores extranjeros no acompañados. Tres de ellos procedente de Melilla mientras que la cuarta se encuentra en Canarias. Ante este anuncio, el Govern ha activado ya la tramitación de los recursos necesarios para oponerse a esta decisión estatal.
La vicepresidenta segunda del Govern y consellera de Presidencia, Maria Antònia Estarellas, ha denunciado este martes que el Ejecutivo central mantiene una actitud de «falta de transparencia» respecto a la evolución de las llegadas de inmigrantes y a la planificación prevista para hacer frente a este fenómeno.
Acompañada por la consellera de Bienestar Social, Sandra Fernández, Estarellas ha asegurado que la inmigración irregular se ha convertido en un problema «estructural» para Baleares y ha criticado que el Estado no facilite la información necesaria para que las comunidades autónomas puedan anticiparse y organizar los recursos necesarios.
218 menores tutelados por Formentera
La situación resulta especialmente delicada en las Pitiusas. De los 880 menores tutelados por los consells insulares, 333 corresponden a Ibiza y Formentera, de los cuales 218 están bajo la tutela del Consell Insular de Formentera, una carga que el Govern considera desproporcionada para una isla con apenas 12.000 residentes.
«La isla no puede asumir sola una presión migratoria de esta magnitud», ha afirmado Estarellas, quien ha recordado que Formentera se ha convertido en una de las principales puertas de entrada de la inmigración irregular procedente del norte de África y en una de las primeras líneas de la frontera sur de la Unión Europea.
Según los datos facilitados por el Govern, entre el 1 de enero de 2025 y el 24 de julio de 2026 han llegado a Baleares 11.055 inmigrantes irregulares a bordo de 606 pateras, unas cifras que, a juicio del Ejecutivo autonómico, consolidan definitivamente la ruta migratoria entre Argelia y el archipiélago.
Solo durante este año han arribado a las Islas 3.734 inmigrantes en 205 embarcaciones. Formentera concentra la mayor parte de las llegadas, con 118 pateras y 1.857 inmigrantes, mientras que en Ibiza se han contabilizado 10 embarcaciones y 183 inmigrantes. A estas cifras se suman otros 1.857 inmigrantes desembarcados en Cabrera y 519 personas llegadas a Mallorca en 29 pateras.
La ruta que crece
El Govern también ha advertido de que, mientras las llegadas a Canarias han descendido un 67 %, en Baleares aumentan un 17 %, una evolución que coincide con el análisis realizado por Frontex, que identifica la ruta argelina hacia las Islas como uno de los principales cambios registrados en las fronteras exteriores de la Unión Europea.
Estarellas ha insistido en que el control de las fronteras y la política migratoria son competencias exclusivas del Estado y ha reclamado al Gobierno que solicite la activación de todos los mecanismos europeos disponibles, entre ellos el despliegue de Frontex, para reforzar la vigilancia de la frontera marítima.
La vicepresidenta también ha recordado que detrás de cada embarcación «hay personas que arriesgan la vida y organizaciones criminales que se enriquecen explotando esa desesperación». En este sentido, ha lamentado que solo durante la última semana se hayan recuperado siete cadáveres en las costas del archipiélago.
Por su parte, la consellera de Bienestar Social ha denunciado el desequilibrio económico que soportan los consells. Mantener la tutela de los 880 menores extranjeros no acompañados supone un coste cercano a 38 millones de euros, mientras que la financiación aportada por el Estado asciende a 7,7 millones, con una previsión de apenas 2 millones de euros para este año.