Detenida por vender un cuarto piso con un falso acuerdo para instalar un ascensor

Una mujer ha sido detenida en Palma por engañar presuntamente a la compradora de un piso de unos 200.000 euros. El problema estaba en el ascensor. La vivienda se encontraba en una cuarta planta y el edificio carecía de él, por lo que la compradora había dejado claro durante las negociaciones que su instalación era una condición para cerrar la operación.U

La vendedora le aseguró entonces que la comunidad de propietarios ya había aprobado la obra por unanimidad. No era cierto, según la investigación de la Policía Nacional. Para convencerla, llegó a mostrarle antes de la firma de las escrituras el Libro de Actas de la comunidad, donde figuraba el supuesto acuerdo.

El engaño no se descubrió hasta semanas después, cuando la nueva propietaria reunió a los vecinos para empezar a tramitar la instalación del ascensor. Fue en esa reunión cuando se encontró con una versión muy distinta a la que había recibido durante la compraventa: los propietarios aseguraron que nunca habían aprobado la obra y que la cuestión ni siquiera había sido sometida a votación.

Los hechos, ocurridos tiempo atrás, terminaron en manos del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional después de que la afectada presentara una denuncia. La investigación permitió identificar y localizar a la anterior propietaria del inmueble, que finalmente fue detenida como presunta autora del engaño y puesta a disposición judicial.

La compradora había encontrado la vivienda a través de un portal inmobiliario de internet. El precio rondaba los 200.000 euros y, durante la visita al inmueble, comprobó que se trataba de una cuarta planta situada en una finca sin ascensor. Esa circunstancia podía hacerla desistir de la operación.

Durante las conversaciones previas a la compra, la mujer que vendía el piso se presentó como presidenta y administradora de la comunidad. La posible instalación del ascensor pasó entonces a ser una cuestión determinante. La compradora comunicó que necesitaba contar con esa posibilidad para seguir adelante y formalizar la adquisición.

Según la versión facilitada por la Policía Nacional, la respuesta de la vendedora fue que el asunto estaba resuelto. Le aseguró que la Junta General de Propietarios había aprobado por unanimidad la instalación del ascensor. Incluso le indicó cuánto podía costar: alrededor de 60.000 euros. A ello añadió que existían subvenciones públicas que podían ayudar a financiar los trabajos.

La compradora no tuvo que conformarse únicamente con esa explicación verbal. Antes de firmar las escrituras, ambas partes volvieron a citarse y la vendedora le enseñó el Libro de Actas de la comunidad. Entre su contenido aparecía el acuerdo relativo a la instalación del ascensor.

La operación siguió adelante y la compradora se convirtió en la nueva propietaria del piso. Poco después asumió también la presidencia de la finca. Con la compra ya formalizada, comenzó a dar los primeros pasos para ejecutar una obra que, según creía, contaba con el respaldo de todos los propietarios.

Convocó una reunión de vecinos con la intención de iniciar los trámites y pedir presupuestos a empresas especializadas. Ahí descubrió lo ocurrido. Los copropietarios le explicaron que no existía ningún acuerdo para instalar un ascensor y negaron haber votado a favor de la actuación.

La revisión de la documentación permitió aclarar lo sucedido, según sostiene la investigación policial. Los vecinos comprobaron que la referencia al ascensor que aparecía en el acta había sido incorporada posteriormente por la vendedora. El añadido se habría realizado sin que el resto de residentes tuviera conocimiento de ello y sin su consentimiento.

La nueva propietaria acudió entonces a la Policía Nacional. Los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos se hicieron cargo de las pesquisas y, tras las comprobaciones realizadas, identificaron a la presunta responsable. La investigación concluyó con su localización y detención en Palma. Posteriormente fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

Tras este caso, la Policía Nacional ha recomendado extremar las comprobaciones antes de cerrar la compra de una vivienda, especialmente cuando determinadas decisiones de la comunidad puedan influir en la operación. Los agentes aconsejan contrastar los acuerdos con el administrador de fincas cuando exista uno y consultar con otros propietarios del edificio antes de firmar.

También recomiendan solicitar una nota simple actualizada para comprobar quién es el titular del inmueble y conocer la posible existencia de cargas o embargos. En cuanto a la documentación de la comunidad, la Policía aconseja revisar los originales con asesoramiento y no limitarse a copias o a una consulta rápida del Libro de Actas.

Los investigadores advierten además de las operaciones en las que el vendedor intenta acelerar la firma alegando la existencia de otros compradores. Ante cualquier duda sobre la documentación o las condiciones de la compraventa, aconsejan recurrir a un abogado, un asesor inmobiliario o a la notaría antes de firmar la escritura pública.