Formentera estalla contra el Gobierno de Sánchez por ocultar la alerta migratoria

El malestar por la gestión de la crisis migratoria crece en Formentera, uno de los principales puntos de entrada de las pateras que alcanzan Baleares desde las costas del norte de África. El presidente del Consell insular, Óscar Portas, ha calificado de «inaceptable» que el Gobierno conociera la existencia de un riesgo elevado de incremento de las llegadas marítimas al archipiélago y no trasladara esa información a las administraciones que se encuentran en primera línea.

«No podemos ser los primeros en atender y los últimos en ser informados», ha denunciado Portas, que reclama al Estado información suficiente para que una isla de poco más de 12.000 habitantes pueda anticiparse a las llegadas y dimensionar unos recursos muy limitados.

La queja llega después de conocerse que el Gobierno disponía de información sobre un «riesgo alto» relacionado con las llegadas marítimas a la Península y Baleares. Para Portas, que Formentera no recibiera esa información resulta especialmente grave por las dimensiones de la isla y sus limitaciones de personal, medios materiales y espacios para afrontar episodios extraordinarios.

«Lo que no es aceptable es que el Estado conozca un riesgo que afecta directamente a nuestras costas, no nos lo comunique y después seamos nosotros quienes tengamos que asumir las consecuencias sin capacidad de anticipación. Eso no es coordinación institucional ni es la lealtad que Formentera merece», ha reprochado.

Por la policía o por los medios

El problema, según denuncia el Consell, va más allá de aquella alerta. La institución insular asegura que actualmente ni siquiera recibe directamente de la Delegación del Gobierno la información sobre las pateras que alcanzan Formentera y el número de personas que viajan en ellas.

El Consell conoce las llegadas a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de los medios de comunicación, pese a ser la administración que posteriormente debe movilizar recursos y asumir, entre otras competencias, la tutela de los menores migrantes no acompañados.

Portas trasladó este viernes a la nueva senadora Neus Massanet la necesidad de mejorar los canales de comunicación con el Estado y disponer de información directa sobre las llegadas.

«No es razonable que una administración que tiene que activar recursos y asumir la atención posterior no reciba esta información directamente de la Delegación del Gobierno», ha insistido.

198 menores en ocho meses

El Consell sostiene, además, que Formentera no necesita esperar a que se produzca una hipotética llegada masiva para encontrarse ante una situación excepcional. Las cifras acumuladas durante 2026 muestran una presión muy superior a la del año pasado.

Entre enero y agosto han llegado a la isla 253 personas consideradas inicialmente posibles menores de edad. Tras las correspondientes determinaciones, 198 resultaron ser efectivamente menores y 55 no fueron considerados como tales. Es decir, el 21,7 % de quienes inicialmente manifestaron o fueron considerados posibles menores finalmente no fueron determinados como menores de edad.

La comparación con 2025 muestra la magnitud del incremento. Durante todo el año pasado llegaron 165 personas consideradas inicialmente posibles menores y 113 fueron finalmente determinadas como menores.

En sólo ocho meses de 2026, por tanto, Formentera ha recibido 198 menores: 85 más que durante los doce meses del año anterior. El incremento alcanza el 75,2 % cuando todavía faltan cuatro meses para terminar el ejercicio.

«En ocho meses ya hemos superado en un 75 % todos los menores que llegaron durante el año pasado», ha advertido Portas. «En Formentera no estamos hablando sólo de lo que podría pasar: estamos gestionando una situación extraordinaria desde hace meses».

La presión se ha intensificado especialmente este verano. En julio llegaron 60 personas consideradas inicialmente posibles menores, de las cuales 50 fueron finalmente determinadas como menores. En agosto fueron otras 60, de las que 34 resultaron ser menores.

Sólo entre julio y agosto, por tanto, la isla recibió a 84 menores de edad. Durante la última semana de agosto llegaron más de una veintena en apenas unos días.

«Para una isla de poco más de 12.000 habitantes, recibir más de una veintena de menores en pocos días ya es una situación excepcional», ha subrayado el presidente insular.

Más controles de edad

Ante este escenario, el Consell reclama también al Estado que refuerce la primera atención a las personas que llegan en patera, tanto para determinar su edad como para evaluar inicialmente su estado de salud.

Portas pide más medios humanos, técnicos y sanitarios que permitan establecer con las máximas garantías si quienes manifiestan ser menores lo son realmente.

El dato utilizado por el Consell para justificar esta reclamación es significativo: de los 253 posibles menores contabilizados este año, 55, más de uno de cada cinco, finalmente no fueron determinados como menores de edad.

«No se trata de cuestionar ni criminalizar a nadie», ha recalcado Portas. «Se trata de garantizar que un sistema que ya está sometido a una presión extraordinaria pueda destinar sus recursos a quienes realmente los necesitan».

El Consell reclama igualmente que esa primera atención permita detectar enfermedades, lesiones y otras necesidades sanitarias desde el momento de la llegada.

«Todo el mundo está desbordado»

Portas ha querido desvincular sus críticas de la actuación de los profesionales que trabajan sobre el terreno y ha reconocido expresamente el esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios sanitarios y de emergencias y los trabajadores de protección de menores.

«Somos conscientes de que todo el mundo está desbordado y sabemos el enorme esfuerzo que se está haciendo», ha señalado.

Precisamente por ello, considera imprescindible que las administraciones compartan información y puedan anticiparse a las llegadas en lugar de actuar cuando ya se han producido.

«Formentera continuará cumpliendo con su responsabilidad y atendiendo a los menores con todas las garantías, pero necesitamos que el Estado haga también su parte», ha concluido Portas. «No podemos gestionar una situación de esta magnitud reaccionando siempre después de que los hechos ya se hayan producido».