Terminal del aeropuerto de Palma

Terminal del aeropuerto de PalmaMarkus Mainka

El Gobierno rectifica y retira el veto a la cogestión aeroportuaria de Baleares para evitar un revés a Armengol en la Mesa del Congreso

Moncloa da marcha atrás tras pactar retirar la iniciativa de la Mesa del Congreso de este martes, donde PP y Sumar iban a tumbar el bloqueo y dejar en evidencia a la presidenta de la Cámara

Giro copernicano en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El Gobierno central ha decidido retirar el veto a la Proposición de Ley de cogestión aeroportuaria de Baleares, una iniciativa impulsada desde el Parlamento balear que esquiva así el bloqueo institucional y continuará su tramitación en la Cámara Baja para ser debatida en las próximas semanas. La decisión, avanzada este martes, entierra una votación en la Mesa del Congreso que se presentaba como una trampa política para los intereses del PSOE.

El conflicto se originó cuando la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Institucionales registró un escrito en el que Moncloa se oponía radicalmente a la tramitación de la norma.

El Ejecutivo esgrimió que la proposición —que otorga a las instituciones insulares capacidad de decisión sobre cuestiones sensibles como el techo de vuelos— supondría una reducción directa de los ingresos de Aena que debería ser compensada con fondos de Transportes. En concreto, el Gobierno cifró en 32,5 millones de euros el agujero financiero derivado de la congelación de tarifas y de la contención del tráfico aéreo, calculando un mantenimiento de los 47,2 millones de pasajeros de 2025 frente a los 49 millones previstos para 2026.

Pulso político

El desenlace llega tras un pulso político en el que confluyen distintas versiones sobre el origen del giro. Desde Més per Mallorca se atribuye el desbloqueo de forma directa a las gestiones de su diputado en Madrid, Vicenç Vidal, y a la complicidad dentro del Consejo de Ministros del titular de Cultura y dirigente de Sumar, Ernest Urtasun, quien habría intercedido ante el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. «Hemos conseguido que el Gobierno retire el veto; queremos tener las llaves de nuestra casa y hemos demostrado el peso que tenemos en el Estado español», se ha congratulado Vidal este martes tras confirmarse que la propuesta podrá debatirse.

En contraste, fuentes socialistas señalan a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, secretaria general del PSOE en Baleares, y apuntan a que fue la propia expresidenta balear quien trasladó al Ejecutivo la relevancia del asunto para el archipiélago, defendiendo que, a pesar de que su partido no respaldó la ley en el ámbito autonómico, la norma merecía ser debatida en el Parlamento nacional.

Sea como fuere, la decisión de retirar el punto del orden del día frena una votación que se presentaba insostenible para los intereses del PSOE. En el seno de la Mesa del Congreso, los dos representantes de Sumar —Esther Gil de Reboleño y Gerardo Pisarello— ya habían confirmado que votarían junto a los cuatro vocales del Partido Popular para levantar el veto gubernamental, una mayoría alternativa de la que también había advertido la presidenta balear, Marga Prohens, al reclamar la tramitación de la ley.

El Gobierno acude al rescate de Armengol, según el PP

Los populares interpretan este movimiento de Moncloa como una maniobra de salvavidas institucional. El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha asegurado que al Gobierno central «no le quedaba más remedio» que rectificar para evitar que Armengol quedara «en evidencia» votando en contra junto a su partido. «El Gobierno acude al rescate de Armengol», ha sentenciado Sagreras, reprochando al Ejecutivo que su oposición inicial respondía al rechazo del Estado a permitir que las islas cogestionen sus aeropuertos.

Por su parte, el PSIB se ha alineado con los argumentos de Madrid respaldando las objeciones del Gobierno central y poniendo en duda la viabilidad jurídica de una proposición —impulsada por los nacionalistas de Més y pactada con el PP en su tramitación regional— que plantea un modelo de cogestión considerablemente más ambicioso que el del País Vasco o Cataluña, lo que otorgaría a las instituciones autonómicas capacidad de decisión sobre cuestiones sensibles como el techo de vuelos. Desactivada la votación de este martes y con el compromiso del Ejecutivo de levantar el bloqueo, la norma gana vía libre para su debate parlamentario.

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