Sánchez pone en aprietos a los socialistas de Ibiza con los pisos de Ca n’Escandell y la ampliación del aeropuerto

El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto esta semana en aprietos a sus compañeros de partido en Ibiza con dos decisiones muy contestadas en la isla. Los criterios con los que se adjudicarán las viviendas protegidas que promueve la empresa pública Casa 47 en la capital insular y la ampliación proyectada por Aena para el aeropuerto llegan en el peor momento para un PSOE ibicenco que aún no se ha recuperado de la debacle sufrida en las urnas en las elecciones de 2023.

Pocos días después de dar a conocer a sus candidatos para la alcaldía de Ibiza y la presidencia del Consell Insular, Elena López y Álex Pitaluga, la visita de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a Ibiza ha reventado buena parte de la estrategia de los socialistas locales. Y es que Rodríguez visitó las obras de urbanización de Ca n’Escandell y allí mismo anunció que los residentes en Ibiza no tendrían prioridad en el acceso a los futuros 532 pisos de alquiler asequible que se levantarán en este barrio. El argumento para justificar esta decisión es que la isla necesita funcionarios y profesionales que hoy en día rechazan trasladarse por los disparatados precios de la vivienda y del coste de la vida en general.

Los terrenos fueron cedidos en 2010 por el Ayuntamiento de Ibiza al Estado. Gobernaba entonces la socialista Lurdes Costa y Beatriz Corredor ocupaba la cartera estatal de Vivienda. Fue Corredor quien, también en Ca n’Escandell, dijo que el objetivo de la cesión era «contribuir a hacer del derecho a una vivienda digna y asequible una realidad para los ciudadanos de Ibiza».

Nueve años más tarde, el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, firmaba en Madrid una adenda al convenio de cesión con el alcalde de Ibiza, el socialista Rafa Ruiz. La SEPES, la empresa pública de suelo ya propietaria de los terrenos, anunciaba entonces en su web que el proyecto de Ca n’Escandell, incluido en el Plan 20.000 Viviendas, tenía la finalidad de «aliviar, de forma significativa, la escasez de viviendas de alquiler a costes asequibles para las personas con menos ingresos de la isla».

Sin empadronamiento obligatorio

Todo esto ha estallado por los aires en 2026. La ministra de Vivienda ha dejado claro que los residentes en la isla no tendrán prioridad en el acceso. No será necesario ni tan siquiera estar empadronado en Ibiza para poder aspirar a uno de estos pisos, para cuya entrega de llaves faltan aún un par de años. Eso sí, los afortunados tendrán que registrarse en el padrón una vez firmado el contrato de alquiler.

El criterio anunciado por Rodríguez choca con la interpretación que hace el Govern de la Ley de Vivienda balear. El Ejecutivo autonómico sostiene que la normativa obliga a acreditar un mínimo de cinco años de residencia en Ibiza para acceder a viviendas protegidas. Los ayuntamientos, además, tienen libertad para incrementar ese tiempo. Y, en el caso del Consistorio de Ibiza, la obligación se ha subido hasta los 10 años mínimos de empadronamiento para poder optar a una vivienda protegida.

La decisión del Ministerio de Vivienda pone en un brete al PSOE de Ibiza, que ha hecho de la crisis de la vivienda su caballo de batalla en la actual legislatura, a pesar de que buena parte de las políticas urbanísticas que limitaron la oferta de vivienda durante los ocho años de Francina Armengol al frente del Govern fueron impulsadas precisamente por gobiernos socialistas. Políticas que tuvieron como consecuencia la subida de los precios de la vivienda hasta limites totalmente inasumibles para los residentes en Ibiza.

Los socialistas de Ibiza, por otro lado, se frotaban las manos con la crisis abierta por el propio alcalde de la ciudad, el popular Rafael Triguero ,cuando se descubrió la pasada primavera que había accedido a un piso de precio limitado siendo propietario de otro y en plena crisis de la vivienda. Ahora, el globo se deshincha porque tendrán difícil vender ante los ibicencos el proyecto de Ca n’Escandell como una solución socialista al desastre de la crisis inmobiliaria.

Ibiza rechaza los planes de Aena

El segundo golpe que está teniendo que gestionar el PSOE ibicenco es el de la ampliación del aeropuerto de la isla promovida por Aena. La empresa, cuyo 51% depende del Estado, ha levantado todas las alarmas en una Ibiza en la que ahora se busca por todos los medios cambiar el modelo para acabar con la masificación turística. Y es que ese es otro de los pilares que sostiene la crisis de la vivienda. La imparable llegada de turistas abrió la puerta al alquiler turístico ilegal a través de plataformas como Airbnb. El Consell Insular, en manos del PP, combate esta lacra a través de la Oficina de Lucha contra el Intrusismo y ha alcanzado acuerdos con Airbnb y Booking que han permitido retirar del mercado más de 3.000 anuncios de alquiler ilegal a turistas.

El proyecto de Aena supondrá una inversión cercana a los 230 millones de euros y transformará profundamente unas instalaciones por las que ya pasan más de nueve millones de viajeros al año. La actuación contempla ampliar en unos 5.000 metros cuadrados la primera planta de la terminal y construir un nuevo dique de embarque de dos alturas y unos 170 metros de longitud destinado principalmente a los vuelos de fuera del espacio Schengen. Las actuales 17 puertas de embarque pasarán a ser 32 y se instalarán ocho nuevas pasarelas o «fingers», que permitirán elevar del 25 al 75 % el porcentaje de vuelos que utilizan este sistema en temporada alta. También se ampliarán los espacios de facturación y recogida de equipajes y se renovarán los controles de seguridad y de pasaportes.

Aena rechaza, sin embargo, que se trate de una ampliación de la capacidad del aeropuerto y sostiene que las obras responden fundamentalmente a la necesidad de adaptar las instalaciones a la normativa europea. La empresa pública asegura que el techo seguirá situado en 10 millones de pasajeros anuales y explica que la separación obligatoria entre los tráficos Schengen y no Schengen impide utilizar las mismas puertas indistintamente, razón por la que considera necesario pasar de 17 a 32. El proyecto incluye además un control centralizado de pasaportes, nuevos equipos de seguridad que permitirán mantener líquidos y dispositivos electrónicos dentro del equipaje de mano y una zona específica para los vuelos interinsulares.

Justificaciones imposibles

La defensa de Aena de que no se incrementará la capacidad del aeropuerto contrasta, además, con unas cifras de tráfico que siguen creciendo año tras año. Solo el pasado mes de agosto pasaron por Es Codolar 1.519.201 pasajeros, un 2,5 % más que un año antes, mientras que el número de vuelos creció todavía más, un 5,2 %, hasta alcanzar las 13.643 operaciones. Entre enero y agosto, el aeropuerto acumuló ya 6,78 millones de viajeros, un 3 % más, y 63.056 aterrizajes y despegues. Todo ello en una infraestructura que cerró 2025 por encima de los 9 millones de pasajeros y cuya capacidad oficial está fijada en diez millones anuales. Es precisamente esa evolución, unida a unas obras que multiplicarán las puertas de embarque y mejorarán notablemente la capacidad de procesamiento de viajeros, la que alimenta el temor de quienes consideran que la reforma terminará facilitando un nuevo crecimiento del tráfico aéreo en una isla que lleva años intentando poner freno a la masificación turística. Aena lo niega: sostiene que las obras no aumentarán el techo de pasajeros y responden a necesidades operativas y a las nuevas exigencias europeas.

Sin embargo, en la isla la percepción es totalmente distinta. Tanto como para que este domingo esté convocada una manifestación en protesta por esta ampliación. La convocatoria ha sido realizada por la Associació Joves d’Eivissa y cuenta con el respaldo de organizaciones como las entidades ecologistas GEN-Gob y Amics de la Terra. Hasta el presidente del Consell Insular, Vicent Marí, ha mostrado su apoyo a la protesta. El PP comparte la necesidad de modernizar las instalaciones aeroportuarias pero rechaza de plano cualquier intervención que comporte el crecimiento del número de pasajeros.

Una postura similar mantiene ahora el PSOE ibicenco, que rechaza cualquier actuación que implique aumentar la capacidad operativa del aeropuerto y defiende que las inversiones se limiten a mejorar la seguridad, la accesibilidad, la eficiencia y la sostenibilidad de las instalaciones. El problema para los socialistas de la isla es que el proyecto que ha provocado la contestación social no procede de un gobierno del PP, sino de Aena, una compañía participada en un 51 % por el Estado y, por tanto, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.

La incoherencia socialista

La Federación Socialista de Ibiza ha optado por marcar distancias con Madrid y ha anunciado su apoyo a la manifestación de este domingo contra el proyecto. Al mismo tiempo, sostiene que limitar el crecimiento del aeropuerto no basta para resolver los problemas derivados de la masificación y reclama actuar también sobre el desarrollo urbanístico y la actividad turística. Una posición complicada de explicar cuando lo que se discute es precisamente si unas instalaciones con 17 puertas de embarque necesitan pasar a tener 32 en una isla que superó los nueve millones de pasajeros el año pasado.

El resultado deja al PSOE ibicenco en una situación cuando menos incómoda: apoyará una manifestación convocada contra un proyecto impulsado por una empresa controlada por el Gobierno de su propio partido. Y lo hará apenas unos días después de que otra ministra socialista haya anunciado que los residentes en Ibiza no tendrán prioridad para acceder a las 532 viviendas de Ca n’Escandell, levantadas sobre unos terrenos que el Ayuntamiento cedió al Estado precisamente para desarrollar vivienda protegida.

El Gobierno de Sánchez, pues, ha complicado dos de los principales discursos con los que el PSOE de Ibiza pretende recuperar el terreno perdido en 2023: vivienda y contención de la presión turística. Los socialistas ibicencos tendrán que hacer ahora equilibrios para defender en la isla aquello que sus compañeros de partido parecen ver de forma muy diferente desde la capital.