Interior esgrime «motivos de seguridad» para ocultar que el radar 'caza-pateras' de Formentera no funciona

NEl Ministerio del Interior se niega a aclarar si el nuevo Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) instalado en Formentera se encuentra ya operativo, aunque este martes el director general de Inmigración del Gobierno balear ya ha confirmado que no funciona. Consultado expresamente por El Debate sobre el estado del dispositivo, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se escuda en motivos de seguridad para no proporcionar información sobre una infraestructura cuya instalación y ubicación son públicas. «El Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil es una infraestructura de seguridad y no es posible ofrecer información sobre su ubicación, operatividad u otros detalles», señalan fuentes del Ministerio del Interior a El Debate.

La respuesta resulta especialmente significativa porque la pregunta trasladada por este periódico no pretendía conocer las características técnicas del sistema, su alcance, sus capacidades de detección ni ningún otro parámetro que pudiera comprometer el dispositivo. La cuestión era saber si el radar está ya ofreciendo la información para la que ha sido instalado, dado que en los últimos días no han parado de llegar pateras al archipiélago, incluido Formentera. La respuesta es el silencio.

Govern contra Gobierno

Hasta que el director general de Inmigración del Govern balear, Manuel Pavón -de profesión, policía nacional- lo reventó en el Senado y anunció que, en efecto, el radar no está operativo. «Le voy a dar una exclusiva», dijo, dirigiéndose a la senadora del Grupo Parlamentario Izquierda Confedera Neus Massanet (que es, además, de Formentera): «el SIVE no funciona».

El dispositivo está colocado en el Faro de La Mola, al sur de la isla, desde hace no menos de diez días y sin embargo, aún no opera. La isla lleva años reclamando este sistema para poder detectar con antelación las pateras que se aproximan a sus costas desde el norte de África, sobre todo en los últimos tiempos, en los que se ha producido un crecimiento desmesurado de los desembarcos en la pitiusa menor, entre otros motivos, por esa falta de infraestructura policial que las mafias ya conocen.

La petición de un SIVE fijo llegó incluso al Congreso de los Diputados, donde ya en 2022 se debatió la necesidad de dotar a la isla de un radar integrado en el sistema nacional capaz de localizar a larga distancia las embarcaciones y facilitar la coordinación de los medios de la Guardia Civil.

Finalmente, Interior impulsó su instalación ante el incremento de la presión migratoria y la propia documentación de la contratación justificaba la actuación por la situación de «emergencia» derivada del aumento de llegadas a Baleares. Ahora que el dispositivo está físicamente instalado, sin embargo, el Ministerio rehúsa confirmar si esa infraestructura destinada a responder a la emergencia está ya prestando servicio.

El Debate trasladó además al Ministerio que se trata de una cuestión muy sensible para la población balear ante el aumento insostenible de llegadas a la isla. La respuesta no varió: Interior considera que informar sobre la operatividad del sistema entra dentro de los datos que no pueden facilitarse por razones de seguridad.

Una isla al borde del colapso

Para entender el drama que vive la isla, conviene aparcar la imagen idílica que existe en el imaginario colectivo. Sí, sus playas siguen siendo las mejores de España (y probablemente de Europa) y su oferta turística es de la más alta calidad. Pero la lacra de las mafias que trafican con personas ha entrado como un elefante en una cacharrería y ha hecho de sus costas occidentales el puerto preferido para alcanzar España desde Argelia. Uno, por distancia. Dos, por esa falta de infraestructura policial que se citaba anteriormente.

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, viene advirtiendo de que la isla se encuentra sometida a una presión cada vez más difícil de asumir con sus dimensiones y recursos. «Este goteo ya es chorro y va en aumento». A mediados de septiembre, el Consell tutelaba ya a 250 menores extranjeros no acompañados y Portas advertía de que la situación empeora prácticamente día a día. La presión llegó a provocar que el recurso de emergencia habilitado para unos 40 menores acogiera durante el verano a más de 70.

Portas pone el acento también en el enorme impacto que esta situación tiene sobre una administración insular de poco más de 12.000 habitantes. El Consell debe hacerse cargo de la tutela y atención de los menores, movilizar personal y habilitar espacios mientras sus recursos son limitados. El presidente insular ha advertido de que, si Formentera tuviera que sufragar en solitario todos esos costes, buena parte de la actividad y de las políticas de la institución quedarían condicionadas por la atención a la emergencia migratoria.

Pero una de sus principales quejas se dirige precisamente a la falta de información y coordinación con el Estado. «Somos los primeros en atender y los últimos en enterarnos de las cosas», lamentaba Portas, que reclama disponer de información con antelación para poder dimensionar los recursos de la isla. El presidente del Consell sostiene que quienes tienen que afrontar las consecuencias de cada llegada necesitan conocer previamente los riesgos y contar con canales directos de comunicación con la Administración estatal, en lugar de verse obligados a reaccionar una vez que las embarcaciones ya han alcanzado Formentera.