Sánchez excluye a Baleares del reparto de 180 millones en ayudas a la vivienda y Prohens lo impugnará

El Gobierno balear ha anunciado que recurrirá el real decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez que regula el reparto de 180 millones de euros en ayudas estatales para ampliar la oferta de vivienda de alquiler social y asequible. Baleares queda fuera de esta financiación extraordinaria porque no ha declarado zonas de mercado residencial tensionado, una de las herramientas previstas en la Ley de Vivienda de 2023 y cuya aplicación constituye el requisito para acceder a estas subvenciones.

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha confirmado este viernes, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, la intención del Ejecutivo autonómico de impugnar la norma por considerar que supone una discriminación territorial. Costa ha defendido que la distribución de los recursos públicos destinados a vivienda no puede depender exclusivamente de la aplicación de un determinado instrumento legal, sin atender a las dificultades reales de acceso a una vivienda que existen en cada comunidad autónoma.

El real decreto, aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros y publicado el jueves 22 de octubre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), reserva los 180 millones de euros a Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias. Se trata de las cinco comunidades que han declarado zonas de mercado residencial tensionado y que, por tanto, cumplen las condiciones establecidas por el Ministerio de Vivienda para beneficiarse de esta línea de financiación.

Baleares reclama un reparto que tenga en cuenta la crisis de vivienda

La principal crítica del Ejecutivo balear se centra en los criterios utilizados para distribuir las ayudas. El Ejecutivo de Prohens considera que el Ministerio debería valorar indicadores como el precio del alquiler, la escasez de oferta residencial o la presión demográfica, circunstancias que afectan especialmente a Baleares y que, a su juicio, justifican la necesidad de recibir financiación estatal adicional.

Costa ha cuestionado que el Gobierno central no haya incorporado estos factores a la hora de determinar qué territorios pueden acceder a las subvenciones. En su opinión, la exclusión del archipiélago resulta especialmente difícil de justificar teniendo en cuenta la gravedad de la crisis habitacional que atraviesan las islas. El vicepresidente ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de aplicar «criterios discrecionales» y ha asegurado que la norma no respeta el principio de igualdad territorial. Por este motivo, ha expresado la «voluntad inequívoca» del Gobierno autonçomico de recurrir el decreto y defender ante los tribunales que Baleares no quede apartada de esta financiación.

Los servicios jurídicos del Govern ya han analizado el contenido de la disposición estatal y será la Conselleria de Vivienda la encargada de preparar las alegaciones para cuestionar el sistema de reparto.