Insultos al presidente del Parlament balear (Vox) a las puertas del juzgado: «Me acusan de odio, pero el odio lo tienen otros»

El presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne, ha comparecido este miércoles en una vistilla preliminar ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial, en la que se ha descartado de plano una conformidad con las acusaciones. El juicio ha quedado señalado para octubre de 2027. El también líder de Vox en Baleares está acusado de un delito de odio por romper en un pleno la foto de tres víctimas republicanas de la Guerra Civil en junio de 2024, por el que se enfrenta a una petición de hasta cuatro años de prisión.

Con gesto tranquilo y arropado por su abogada, Marta Castro, el dirigente político ha acudido pasadas las 10.25 horas para hacer frente a este trámite clave en la tramitación del procedimiento abierto en su contra.

Tras la sesión, el presidente de la Cámara ha transmitido sus condolencias y «oraciones» a los familiares de las víctimas del accidente de tren de Toledo ocurrido esta misma mañana. A su salida de la Audiencia Provincial se ha vivido un momento de tensión cuando un grupo reducido de personas —algunas con camisetas de represaliadas comunistas— lo ha insultado al grito de «hijo de puta».

Le Senne: «Nunca quise molestar»

«Me acusan de un delito de odio, pero parece que el odio lo tienen otros», ha declarado ante la prensa visiblemente molesto, recordando que «nunca quiso molestar a nadie» al romper una fotografía por la que está imputado.

La sesión celebrada este miércoles ante el tribunal de la Sección Primera responde a los trámites habituales de la fase previa al juicio, cuyo fin era examinar y proponer las pruebas que se practicarán durante la vista, debatir posibles cuestiones previas y cruzar las agendas de magistrados y letrados para fijar el calendario definitivo.

La Fiscalía no vio delito de odio

Por un lado, tanto el Ministerio Fiscal como la representación letrada de Le Senne coinciden en solicitar la libre absolución del político de Vox. Defienden que su comportamiento durante el pleno no revistió naturaleza delictiva ni estuvo guiado por el dolo de lesionar, discriminar o incurrir en un delito contra los derechos fundamentales.

La Fiscalía sostuvo inicialmente que no apreciaba un delito de odio punible en su actuación, calificando los hechos como un «gesto excesivo» y solicitó en su momento el sobreseimiento de la causa.

A pesar de que el fiscal consideró que la conducta no constituía dicho delito de odio ni reflejaba una motivación discriminatoria penalmente perseguible bajo esa figura, en febrero de 2025, el juez instructor decretó la apertura de juicio oral contra Le Senne.

La representación letrada del político y la Fiscalía interpusieron sendos recursos de apelación contra algunas de las decisiones del magistrado, por lo que la causa quedó en el aire a la espera de una decisión de la Audiencia Provincial. El órgano judicial desestimó los recursos en junio del año pasado y, por lo tanto, la decisión de que Le Senne debía sentarse en el banquillo fue firme.

Las acusaciones -conformadas por Memòria de Mallorca, el Partido Comunista, el Partido Comunista de los Pueblos de España y la plataforma Estimada Aurora- reclaman penas de prisión que oscilan entre los 16 y los 20 meses, llegando hasta los cuatro años de cárcel.

Una fotografía desgarrada

Los hechos que han llevado a la segunda autoridad de Baleares y presidente de Vox en Baleares ante la justicia se remontan a más de dos años atrás, al tenso pleno celebrado el 18 de junio de 2024, en el que se debatía por primera vez la derogación de la ley de memoria democrática.

Durante aquella sesión, Le Senne desgarró una fotografía colocada en la tapa del ordenador portátil de la diputada socialista Mercedes Garrido. La imagen reproducía los rostros de Aurora Picornell —icono de la represión franquista en Mallorca— y de las hermanas Antònia y Maria Pascual Flaquer, comunistas asesinadas en la noche de Reyes de 1937.

Le Senne pidió perdón públicamente por este incidente y alegó que la imagen se rasgó accidentalmente y que no fue su intención romperla sino quitarla de la Mesa del Parlamento para mantener la neutralidad ideológica.

Alegó que los retratos que exhibían las dos diputadas socialistas «vulneraban la neutralidad de la Mesa» y por ello «procedió» a expulsarlas tras llamarlas al orden tres veces ante «una flagrante infracción». No puso objeción, sin embargo, a que otros diputados exhibieran las fotografías desde sus escaños.

Aunque el presidente de la Cámara trató de convencer a Garrido hasta en tres ocasiones «en privado y de manera reiterada» sin éxito. La diputada le animó a echarla y éste las echó. Antes cerró la tapa del ordenador de Garrido y, en ese instante, se desgarró la imagen. Aunque la izquierda se movilizó para pedir su cabeza, el PP lo mantuvo en la presidencia del Parlamento.

Paralelamente, el Tribunal Constitucional ha solicitado que se estime el recurso de amparo presentado por las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa, al considerar que su expulsión del Parlamento regional tras el incidente de la fotografía en el polémico pleno supuso una vulneración de sus derechos fundamentales.